Los oncólogos perciben "falta de transparencia" por parte de las aseguradoras en la autorización de fármacos

La información desvelada por el diario ABC sobre la denegación de tratamientos oncológicos por parte de la empresa Atrys-Bienzobas es un asunto que "preocupa seriamente" a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y al colectivo de facultativos que ejercen la especialidad en nuestro país. Así lo afirma en un comunicado en el que, además, SEOM admite que percibe "una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidos a valoración por asesores oncológicos externos".

En 2021, SEOM creó un Grupo de Trabajo de Asistencia Oncológica en la Medicina Privada con varios fines, explica, destacando el de dar respuesta desde la sociedad "a aquellas situaciones que supusieran alguna inequidad en el acceso al tratamiento óptimo del paciente oncológico en este sector".

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Este Grupo de Trabajo, se detalla, ha llevado a cabo varias actividades incluyendo una Jornada Científica sobre Medicina Privada en Oncología que supuso un análisis de situación de la especialidad en el sector privado en España y a la que se invitó a todos los agentes implicados. Una de las iniciativas del grupo ha sido la de "proponer el cumplimiento y seguimiento de las indicaciones terapéuticas aprobadas por las agencias reguladoras y recomendadas en las Guías de Práctica Clínica reconocidas".

Falta de transparencia

Desde SEOM se percibe "una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidos a valoración por asesores oncológicos externos". La decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, puntualizan, sino de otros actores "como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente quienes, en ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias (europeas y españolas) y aludiendo fundamentalmente a problemas de coste-efectividad. Es por ello que estos hechos han saltado al dominio público".

La sociedad aprovecha para respaldar la labor que hacen los oncólogos médicos "con independencia del ámbito de actuación, sea privado o público. Confiamos en el rigor y la profesionalidad de la actividad de nuestros socios en base a estándares de calidad contrastados y Guías de Práctica Clínica reconocidas, entre otras las que elabora la propia SEOM. Desde este punto de vista queremos enviar un mensaje de confianza a los pacientes", continúa el comunicado firmado por el doctor César A. Rodríguez, del Grupo de Trabajo SEOM de Medicina Privada.

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SEOM y el Grupo de Trabajo de Asistencia Oncológica en la Medicina Privada concluyen su declaración señalando que "siguen trabajando para recopilar toda la información disponible, analizarla y poner todo el esfuerzo y recursos en la salvaguarda de los facultativos oncólogos, en su libertad de prescripción basada en las mejores evidencias y guías, así como en los derechos de los pacientes a recibir el mejor tratamiento".

Los médicos

La compañía Atrys Health, a través de su filial Bienzobas, el grupo médico al que oncólogos de la sanidad privada acusan de ejercer presiones sobre los médicos de las aseguradoras para reducir la prescripción de los fármacos más caros a los pacientes, fundamentalmente de Muface, defiende su gestión. Fundamentalmente, y en contra de lo que ha explicado SEOM, asegura que la decisión final de prescribir o no ese medicamento depende de los facultativos.

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En un comunicado enviado a los medios a última hora de este lunes, Atrys Health, a través de su filial Bienzobas, asegura que tiene una sólida experiencia de más de 20 años. La compañía defiende, "presta esta asesoría siguiendo las guías clínicas internacionales, agencias de evaluación del medicamento nacionales e internacionales, y los informes de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad".

Y añade: "Los pacientes de los colectivos de Muface, Mugeju e Isfas (los más afectados por esta situación) con cobertura de compañía aseguradora privada, tienen el mismo acceso a los tratamientos que los pacientes de esos colectivos atendidos en la sanidad pública española, sin excepción alguna".