Los sindicatos piden a Madrid más de 5 millones de euros en una demanda colectiva por la falta de un plan de riesgos laborales

Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de la sanidad han comparecido este jueves en rueda de prensa para anunciar una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Consejería de Sanidad por "sus gravísimos y reiterados incumplimientos" en materia de prevención de riesgos laborales de Atención Primaria. Si se presentase de forma individual, han dicho, la demanda que defiende a más de 15.000 trabajadores de los centros de salud reclamaría la mayor indemnización económica pedida contra una Administración por no contar con "un verdadero plan" de prevención.

Representantes de AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, CCOO, SATSE, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, UGT, CSIF y APSeMueve han comparecido en una convocatoria conjunta para explicar que, hasta la fecha, ya hay "numerosas sentencias" individuales favorables a los profesionales que obligan a la Comunidad de Madrid a indemnizar, por este motivo, con hasta 8.000 euros a cada profesional afectado. Por la "irresponsabilidad" de la Consejería de Sanidad, la indemnización podría alcanzar una suma millonaria, que cuantifican en hasta 120 millones de euros.

Por el momento, han acudido a los tribunales con una exigencia de indemnización de 5 millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración de derechos fundamentales al carecer de este plan. Según los equipos jurídicos de las organizaciones, hay más de un millar de reclamaciones en curso.

Salud de los trabajadores

Los sindicatos han denunciado que la Comunidad de Madrid lleva incumpliendo en Atención Primaria la ley que, desde 1995, obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para sus profesionales. Esta desprotección, han dicho, ha repercutido de "forma muy negativa" en la salud de los trabajadores de Atención Primaria, conduciéndoles a padecer problemas de salud tanto físicos como mentales.

La Consejería de Sanidad, se ha explicado, acumula más de 100 sentencias condenatorias y, hasta el momento, solo ha aportado en su descargo un documento que "carece de todo rigor y que se impone a los trabajadores, sin respetar la obligación de participación y negociación con sus representantes legales".

"Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para conseguir nuestro principal y único objetivo: preservar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de Atención Primaria", han señalado todas las organizaciones sindicales demandantes. La demanda colectiva busca acabar con los incumplimientos legales que "ponen en grave riesgo" a la totalidad de la plantilla de Atención Primaria, con especial atención a celadores y administrativos, se ha expuesto, aunque también a médicos y enfermeras, expuestos, por la situación de demoras y sobrecarga en la sanidad pública, a intentos de agresiones, físicas y verbales.

Un plan desde 2019

Poco antes de la convocatoria de los sindicatos, la Consejería de Sanidad ha enviado un comunicado en el que puntualiza que existe un plan psicosocial y de protección de los trabajadores desde el año 2019. La planificación preventiva (las medidas concretas a implantar) se vieron frenadas por la pandemia en 2020. "Aun así, se ha ido trabajando, hasta el día de hoy, y se continúa trabajando con una planificación concreta y exhaustiva durante todo este periodo, ya que los planes se actualizan y enriquecen cuando es necesario hacerlo", se añade.

La consejería asegura que presentó el Plan Psicosocial y de protección laboral a los sindicatos, dotado de 197 medidas, en un comité extraordinario celebrado el pasado mes de junio, y reiterado de nuevo en una convocatoria especial del Comité de Seguridad y Salud de Atención Primaria, celebrado el pasado mes de octubre.

Entre las principales medidas, enumeran que se ha habilitado una aplicación informática donde todos los responsables van incluyendo tiempos e indicadores de las 197 acciones proyectadas y cada trimestre se realiza una evaluación del grado de implantación (la primera en diciembre).

Se ha logrado reducir en un 7% las agresiones a los profesionales en Atención Primaria en lo que llevan de año y respecto a 2023, asegura el departamento que dirige Fátima Matute. Para reforzar la tendencia a la baja, Atención Primaria ha puesto en marcha un programa para formar durante este mes de noviembre a 400 profesionales en el abordaje de conductas violentas con la participación de agentes de la policía nacional, añaden.

Del mismo modo, concluye la Consejería, entre otros aspectos, se ha realizado la evaluación de riesgos laborales de manera sistemática en el 99% de los puestos de trabajo o categorías profesionales, y en el 58% de los centros y, además, desde el año 2022 y hasta este mes de noviembre se han formado 2.800 profesionales en factores de riesgo psicosocial.