CRISIS MUTUALISMO
MUFACE, la crisis que no cesa: Mapfre y Sanitas abandonan el concierto sanitario de los funcionarios de justicia
Dos de las seis aseguradoras que prestaban asistencia sanitaria en MUGEJU han avanzado que, como DKV, también rechazan continuar en el modelo

Juzgados de Sagunt (Valencia), archivo / Daniel Tortajada

La crisis de las mutualidades no cesa. En pleno conflicto por el futuro de MUFACE -con los funcionarios manifestándose este lunes en distintos puntos de España para defender el modelo- Sanitas y Mapfre, dos de las seis aseguradoras que hasta ahora formaban parte del concierto de MUGEJU (Mutualidad General Judicial), han señalado que también lo dejan. "Tras estudiar en detalle las condiciones de este nuevo pliego, la compañía considera que estas no garantizan la prestación del servicio en las condiciones de calidad que Sanitas considera necesarias", señalan desde la aseguradora que confirma que no continuará a lo largo del próximo ejercicio. Desde Mapfre, también se han pronunciado en la misma dirección.
Si en el caso de MUFACE las aseguradoras -DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas, disponían de plazo hasta el 5 de noviembre para decidir si se sumaban al nuevo concierto, en el de MUGEJU las seis compañías que formaban parte del mismo -además de las tres anteriores estaban Mapfre, Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico y Sanitas- tenían hasta el 8 de noviembre para decidir si suscribían o no el concierto. Sanitas y Mapfre ya han dicho que no les interesa. DKV ya lo señaló, también, la pasada semana, cuando avanzó que no se presentaba al concierto de MUFACE.
Funcionarios de justicia
Sin embargo, Adeslas y ASISA, que han renunciado a MUFACE, sí han apostado por continuar prestando asistencia sanitaria a MUGEJU, que atiende a cerca de 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares, e ISFAS, con cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios. No es el caso de DKV, la tercera aseguradora de MUFACE, que también ha declinado continuar el concierto de los funcionarios de justicia.
ASISA y Adeslas argumentan su continuidad en MUGEJU de la siguiente manera. Por un lado, Adeslas señala que ha valorado para acudir a estos dos convenios "las características específicas que presentan sus respectivos colectivos de cara a garantizar la sostenibilidad del aseguramiento sanitario en función de las condiciones ofertadas en estos concursos".
En ambos casos, justifica esta aseguradora, "los parámetros asociados a las tendencias de demanda sanitaria permiten un equilibrio entre la oferta de financiación realizada por la Administración y los costes sanitarios esperados". Con su participación en estos dos concursos, Adeslas ofrecerá su asistencia sanitaria a más de 650.000 personas en el ámbito del modelo de colaboración entre la Administración Pública y las aseguradoras de asistencia sanitaria.
ASISA, por su parte, dice que "ha analizado con detalle los pliegos para adherirse a los conciertos de las mutualidades administrativas en 2025 y 2026 y ha decidido continuar prestando asistencia sanitaria únicamente a los funcionarios de ISFAS y MUGEJU".
Menor presupuesto
En octubre, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -que este lunes se manifiesta en distintos puntos de España por el futuro de MUFACE- ya se mostraba "muy preocupada" por el futuro de MUGEJU (Mutualidad General Judicial). Los motivos, explica el sindicato, es que en el pliego de licitación del nuevo concierto sanitario de MUGEJU 2025-2026, publicado este viernes en el BOE, el aumento de la prima, de un 11,73%, es inferior en casi seis puntos a la subida ofrecida por el Gobierno a MUFACE (17,12% en esos mismos dos años), detallaba el sindicato.
Según explicaba el precio de la licitación de este nuevo concierto sanitario para MUGEJU sube un 11,73% respecto del anterior que, recuerdan, se firmó para tres años y no dos como en este caso. En dinero, detallan, si el concierto 2022-2024 supuso un total de 234,8 millones de euros para esos tres años a una media de 78,2 millones por año, el actual concierto de MUGEJU -con 91.834 afiliados- se licita por 175 millones de euros para los dos próximos años a una media de 87,5 millones de euros al año.
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