SANIDAD PENITENCIARIA

Retrato de las enfermeras de prisiones: un colectivo "abandonado a la deriva" y luchando por su reconocimiento laboral

Eusebio Espuela, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, calcula que son 600 las profesionales que llevan años pidiendo que se actualicen sus competencias

Entrada principal de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.

Entrada principal de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. / EFE

Nieves Salinas

Nieves Salinas

"El colectivo de enfermería penitenciaria sigue abandonado a la deriva por parte, tanto de la Administración, como de las organizaciones sindicales". Lo denuncia, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Eusebio Espuela, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias (ANEP). Siguen "a la espera de cualquier avance en nuestras condiciones laborales que contribuyan al aumento de nuestra motivación profesional". Sin "números exactos", Espuela calcula que son en torno a 600 las enfermeras de los centros penitenciarios "aunque trabajando realmente seamos menos".

Las enfermeras y enfermeros que trabajan en Instituciones Penitenciarias en España llevan años reclamando que se mejoren sus condiciones y se reconozcan, de una vez por todas, sus competencias, ya que se rigen por una normativa obsoleta del año 1981, que nada tiene que ver con el trabajo que realizan en la actualidad.

Reunión en abril

Así lo trasladaban el pasado abril a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, y Eusebio Espuela, se reunían con la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez, y el subdirector general de Recursos Humanos, Eugenio Arribas, para poner sobre la mesa la necesidad de abordar este asunto "de manera inmediata".

Los meses han pasado y Espuela admite que siguen esperando esas mejoras. "Continúan vigentes las funciones definidas por el artículo 324 del Reglamento Penitenciario de 1981, y nuestras condiciones económicas, en cuanto al valor de la hora de guardia y a nuestro complemento específico, siguen en el mismo punto", se queja.

Situación crítica

Añade que Eusebio Espuela, aunque es cierto que en los últimos años ha habido un aumento de efectivos, tiene "conocimiento de algunos centros donde su situación es bastante crítica, sobre todo debido a situaciones personales de los profesionales que les impiden estar en activo, centros donde es muy complicada la conciliación laboral y familiar".

Quiero ser optimista, pero me resisto a aceptar que nuestro futuro profesional sea precisamente la ausencia de futuro

Eusebio Espuela, ANEP

Por eso, cuando se le pregunta por el futuro, lamenta: "Quiero ser optimista, aunque no existan motivos que contribuyan a ese optimismo, pero me resisto a aceptar que nuestro futuro profesional sea precisamente la ausencia de futuro". El colectivo advierte, seguirá luchando por el reconocimiento profesional "que nos merecemos, un reconocimiento basado, básicamente, en la aprobación de unas funciones que contemplen la realidad de nuestro trabajo diario con las personas privadas de libertad, además de ampararnos legalmente, y un valor de hora de guardia, junto a un complemento específico, que nos dignifiquen profesionalmente".

Apoyo al colectivo

La reivindicación cuenta con el apoyo del Consejo General de Enfermería que. Tras la citada reunión del mes de abril -en la que se dijo que se está trabajando con las mesas de negociación para lograr el reconocimiento y esperaban que estuviera aprobado muy pronto-, mostraba "el absoluto apoyo" al colectivo.

Camaras de vigilancia en la prisión de Brians 1 de Barcelona.

Camaras de vigilancia en la prisión de Brians 1 de Barcelona. / EPC

"No podemos seguir manteniendo una normativa de hace 40 años. La enfermería ha ido avanzando a pasos agigantados en todos los ámbitos y para nosotros es fundamental que se trabaje para progresar como necesitan estos profesionales que trabajan en las prisiones del Estado", señalaba entonces Diego Ayuso, secretario general del órgano colegial.

El CGE se ha quejado en repetidas ocasiones: sus compañeras que ejercen en las prisiones están totalmente "discriminadas" respecto a las que trabajan, por ejemplo, en un centro de salud u hospital. Tienen restringidas ciertas actuaciones comunes en Enfermería y están subordinadas a otro profesional médico, en lugar de trabajar juntos y coordinados cada uno en su ámbito de actuación. Entre las reivindicaciones figura también la revisión y determinación, con plena seguridad jurídica, de las funciones que pertenecen a otros profesionales sanitarios y que no pueden ser asumidas por enfermería "sin incurrir en posible intrusismo profesional".