VIOLENCIA CONTRA LOS SANITARIOS
La Organización Médica Colegial, "preocupada" por la falta de acuerdo político para frenar las agresiones
En 2021, el último año con datos disponibles, se registraron 10.170 agresiones a sanitarios frente a las 8.532 que se notificaron el año anterior, lo que supone un incremento del 16,11%.
Es el último caso conocido. El primero de 2023. En Murcia, ha sido detenido un hombre que, tras solicitar asistencia por haber sufrido una agresión, propinó un puñetazo al sanitario que lo estaba auxiliando. Apenas unos días antes, en Ibiza, se producía una brutal paliza a un técnico y un médico del 061 por un enfermo y su familia. En 2021, el último año con datos disponibles, se registraron en España 10.170 agresiones frente a las 8.532 que se notificaron el año anterior, lo que supone un incremento del 16,11%, con datos del Ministerio de Sanidad. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se muestra "tremendamente preocupado" ante la falta de acuerdo político para avanzar en la lucha contra las agresiones al personal sanitario.
"Una materia que no debería generar confrontación alguna y que pone de manifiesto lo lejos que puede estar un pacto por la sanidad en su conjunto" asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la doctora María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la corporación. Con los últimos datos del CGCOM, en 2021 se dispararon un 39 % las agresiones a sanitarios: se contabilizaron hasta 612 ataques a médicos, 171 más que el año anterior; y la Atención Primaria es donde se concentró el mayor volumen de agresiones, con un 50 % de los casos. Los nuevos datos, relativos a 2022, se conocerán en el primer trimestre del año recién inaugurado.
"Las agresiones a los médicos van en aumento en la atención sanitaria pública y el estado en el que se encuentra el sistema sanitario tras la pandemia está contribuyendo a fomentarlas. Debe ser una prioridad para los servicios de riesgos laborales alcanzar tasas de 'cero' agresiones, pues ello estaría íntimamente ligado a la búsqueda de la excelencia en la calidad asistencial y en la preservación de la importante e íntima relación entre el médico y su paciente", abunda la doctora María Isabel Moya.
10.170 agresiones
Si de lo que se tira es de datos del Ministerio de Sanidad, el informe 'Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud' -del pasado verano- registra en 2021 la friolera de 10.170 agresiones a sanitarios frente a las 8.532 que se notificaron el año anterior, lo que supone un incremento del 16,11%. Casi ocho de cada diez ataques fueron dirigidos a mujeres. Del total de episodios, atendiendo a la categoría profesional, 2.758 fueron a enfermeras, 3.332 a facultativos, 1.615 a administrativos, 1.225 a técnicos de cuidados en Enfermería y 632 a celadores.
En el 77% de los casos la persona agredida era una mujer, frente al 23% de ataques hacia hombres. Además, la mayoría se produjeron a profesionales de mediana edad, es decir, entre 35 y 55 años (52% del total); un 25% a los menores de 35 años y un 23% a los mayores de 55. Por nivel asistencial, en Atención Primaria y extrahospitalaria se notificaron 32,27 ataques por cada 1.000 profesionales, mientras que en atención hospitalaria se comunicaron 8,37.
Rechazo a la ley del PP
A punto de finalizar el año, el CGCOM mostraba su "profunda decepción" ante el rechazo de la mayoría del Congreso de los Diputados a la proposición de ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario, impulsada por el Grupo Popular. El Pleno, que tomaba en consideración la propuesta el 20 de diciembre, se ha opuesto al inicio de la tramitación parlamentaria de una normativa que propone la creación de un marco regulatorio específico. Según defendía Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, pretende regular las medidas básicas a implantar por el empleador en el centro de trabajo para prevenir y evitar daños infligidos a fin de garantizar la seguridad y salud del personal sanitario.
La proposición, entre otros objetivos, no sólo se refería a medidas "estructurales", como la instalación de sistemas de videovigilancia en pasillos y salas de espera, sino también a otras de "carácter activo, reactivo y organizativo" como reducir los tiempos de espera y respetar las ratios entre profesionales y pacientes, así como a incluir en la historia clínica del paciente sus antecedentes como "sujeto activo de violencia sanitaria". Además, el PP quiere que el Ministerio de Sanidad cree un registro nacional de actos de violencia en el que habrán de inscribirse y registrarse todos los sucesos que hayan sido notificados, además de la identificación de víctima y agresor.
Los grupos parlamentarios rechazaron la propuesta, con 187 votos en contra, 155 votos a favor y una abstención. El motivo: consideran que no supone una garantía adicional a las ya contemplas en el marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. Desde el CGCOM no tardaron en mostrar su descontento. "Es obligación de la Administración garantizar la seguridad y salud del personal sanitario, especialmente ante un contexto como el actual marcado por la sobrecarga asistencial y la falta de recursos humanos. La profesión médica está más expuesta a las agresiones por el trabajo que desarrolla y no proporcionarles la justa protección no solo va en detrimento de los profesionales sino del conjunto del Sistema Nacional de Salud", considera la corporación.
"Negar una ley específica contra las agresiones en el ámbito de la salud significa apostar muy poco por el principal activo del SNS que son sus profesionales", señala la doctora Moya.
"Negar una ley específica contra las agresiones en el ámbito de la salud significa apostar muy poco por el principal activo del SNS que son sus profesionales a los cuales es imprescindible cuidar y proteger su seguridad, su bienestar y su salud; significa obstaculizar el dimensionamiento adecuado del problema, perpetuar su normalización y evitar que la sociedad se eduque en la intolerancia a este tipo de violencia", insiste la doctora Moya.
En la misma línea que el CGCOM, se han pronunciado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) o el Consejo General de Dentistas que ha manifestado su "más profundo rechazo" ante la decisión de la mayoría del Congreso de los Diputados de tumbar la proposición de ley. Para CESM, "supone dejar escapar una nueva oportunidad para tomar medidas contra la creciente lacra de las agresiones a profesionales sanitarios".
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