LEY DE EQUIDAD

La CEOE, sobre la 'ley Darias': "La sanidad privada ahorra muchísimos millones al Estado"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se suma a las críticas del sector a la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Encuentro de la Comisión de Sanidad de la CEOE

Encuentro de la Comisión de Sanidad de la CEOE / ASPE

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Nuevo envite de la sanidad privada contra la conocida como 'Ley Darias' para el blindaje de la sanidad pública. Este miércoles, ha sido el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien criticado la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, actualmente en tramitación parlamentaria. Garamendi señaló que "acabar con la complementariedad de la sanidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) supone un riesgo sin precedentes en la sostenibilidad del sistema". Y señaló: "La sanidad privada ahorra muchísimos millones al Estado".

Así lo declaró en un encuentro de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE -formada por los grupos de trabajo de dependencia, farmacia y sanidad- la que ha presentado cifras para exponer el fortalecimiento de un sector empresarial -el sanitario- que representa el 9,5% del PIB, emplea a más de 1,2 millones de personas y cuya facturación conjunta supera los 109.000 millones de euros.

Son datos del informe las 'Cifras, retos y oportunidades del sector sanitario español tras el covid', que hoy se ha dado a conocer en Madrid, en el que se expone una radiografía de la actual situación del sector empresarial sanitario (peso del PIB, empleo, facturación y distribución de la actividad) y se advierte "de los problemas que afectan a cada uno de estos subsectores" del ámbito de la salud, incluida la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, actualmente en tramitación parlamentaria.

Colapso y listas de espera

En el encuentro de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, Garamendi señaló que el proyecto de ley no cuantifica las consecuencias económicas y presupuestarias y aseguró que "la sanidad privada ahorra muchos millones de euros al estado". Además, criticó que "el Estado está centralizando los temas de tal manera que pudiera tener planteamientos de competencias desleales o incluso anticonstitucionales".

En la misma línea, la Comisión ha expresado "su preocupación por la repercusión" de la conocida como 'Ley Darias' que busca el blindaje de la sanidad pública. Como ya manifestó en anteriores ocasiones el presidente de Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, hay una serie de factores estratégicos en el sistema sanitario "que no encuentran respuesta en el actual proyecto de ley".

Demanda oculta por el covid

Rus aludió a la escasez de profesionales, la ausencia de interoperabilidad que permita una historia clínica digital eficiente, la saturación del sistema debido a la "demanda oculta" generada durante el covid, las diferencias territoriales sobre aspectos tan esenciales como la cartera básica de servicios "o el colapso de la Atención Primaria" que, dijo, "son vértices que, sin solución, no permiten pensar en una sanidad más justa, universal y cohesionada".

Tras la tregua del verano, la sanidad privada lanzaba en septiembre una nueva ofensiva contra el proyecto de ley. El sector sostiene que si la ley sale adelante y se elimina la colaboración público-privada, la sanidad española colapsará porque tendrá que asumir 6 millones de estancias hospitalarias, 11 millones de consultas, y 800.000 pruebas diagnósticas.

Medicamento innovadores

En el encuentro organizado por la CEOE se han mencionado aspectos como la falta de un pacto de estado en políticas de tercera edad; la coordinación sociosanitaria; el acceso a medicamentos innovadores; la escasez de profesionales sanitarios o las listas de espera. Luis de Palacio, vicepresidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE y presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), llamó la atención sobre la necesidad de "una política de cartera de farmacia y productos sanitarios mejor, donde el acceso a los medicamentos no se limite sólo al precio financiado".

En representación del sector de dependencia, Natalia Roldán, vicepresidenta de la Comisión y presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), ha señalado que "se necesita un gran pacto de estado que garantice a las personas mayores unos servicios de calidad, que se basen en la libre elección por parte de los mayores, y que estén suficientemente financiados por el Estado y las comunidades autónomas".