BLINDAJE DE LA SANIDAD PÚBLICA

Las claves de la 'ley Darias' que no convencen a Unidas Podemos

  • La formación política ha comunicado que su voto en contra a las enmiendas a la totalidad no está garantizado si no se llega a algún tipo de acuerdo sobre la modificación del texto legal.

  • Pide concretar lo que se entiende por circunstancias excepcionales que permiten la externalización de un servicio público a entidades privadas o acotar la duración las externalizaciones con un plazo no superior a un año.

Las claves de la 'ley Darias' que no convencen a Unidas Podemos
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La conocida como 'ley Darias' para blindar la sanidad pública no convence a Unidas Podemos. La coalición morada ya lo había advertido cuando el Ministerio de Sanidad anunció el proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud: el texto no establece límites reales a la privatización. El grupo parlamentario ha comunicado que su voto en contra a las enmiendas a la totalidad que se votan este jueves en el Congreso de los Diputados no está garantizado si no se alcanza algún tipo de acuerdo previo a la votación sobre la modificación del texto legal durante el trámite parlamentario.

El 14 de junio el Consejo de Ministros acordaba remitir a las Cortes el proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Un texto que ha suscitado numerosas reacciones. La normativa blinda el acceso universal a la sanidad pública, da prioridad al modelo de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios y elimina los copagosSegún dijo entonces la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "va a mejorar la vida de la gente" porque "amplía derechos que el gobierno del PP había suprimido y "elimina que se puedan establecer nuevos copagos".

La ley establece las excepciones que habilitan la gestión privada bajo "una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria".

Entre los objetivos concretos de la normativa, figura blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión el directo. Es decir, el que se presta por las propias administraciones públicas, bien sean estatales, autonómicas o locales, y también mediante la creación de consorcios cien por cien de titularidad pública. Adicionalmente, establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo "una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria" y siempre que no sea posible la gestión directa.

Para poder gestionar de forma indirecta -es decir, acudir a la sanidad privada - las administraciones deberán cumplir una serie de requisitos. Será el Consejo Interterritorial el que determine los indicadores a través de los cuales se dan por cumplidos esos criterios. Ante la reticencia expresada por comunidades como Madrid de que la ley invada competencias en materia sanitarias, el Ministerio asegura que la ley consta de todos los informes preceptivos y respeta "exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas". La ley contempla, asimismo, una "modificación legislativa y normativa" a nivel nacional para facilitar a las autonomías revertir la privatización de centros sanitarios.

No acaba con la privatización

Un texto que no acaba de convencer a Unidas Podemos. Aunque la ministra Darias ha aseverado que la nueva ley modifica varias normativas previas como la Ley 14/86 General de Sanidad o la Ley 16/2003 de Cohesión de Calidad y del SNS y deroga la Ley 15/1997, de nuevas formas de gestión de la sanidad pública y que, de alguna manera, facilitaba su privatización, la coalición alude precisamente a esa ley 15/1997 del gobierno de José María Aznar.

Unidas Podemos se queja que, desde la ley 15/1997 de José María Aznar, los procesos de privatización "han avanzado imparables".

Aseguran que "abrió la puerta a la privatización masiva de la sanidad pública española y, desde entonces, en algunos territorios más que en otros, los procesos de privatización han avanzado imparables, deteriorando la calidad de la atención, precarizando a los profesionales, rompiendo la equidad del sistema y haciendo millonarios a unos pocos". Para la diputada Rosa Medel, portavoz de sanidad del grupo confederal, fue "un auténtico desastre".

Una enfermera atiende a un paciente.

/ EPE

Para justificar su posicionamiento, la coalición abunda: cuando el Ministerio de Sanidad anunció la 'Ley Darias', afirmó que venía a derogar la citada ley del Partido Popular. Sin embargo, creen que "esto solamente es cierto" en el plano formal (toda ley que modifica una ley anterior la deroga parcialmente, precisan). "En el plano material, por el contrario, todo queda como está", añaden desde la coalición.

El silencio de la sanidad privada

El texto actual de la ley Darias establece que solamente se podrán externalizar servicios en situaciones excepcionales, pero para ese es el meollo de la cuestión: la definición concreta de "excepcionalidad" permite que cualquier comunidad autónoma "básicamente pueda seguir privatizando el sistema con la misma libertad que la que tiene en estos momentos", asegura esta formación política. Lo argumenta aludiendo a que "la reacción pública de los mayores beneficiados por la privatización -aluden a las grandes empresas de la sanidad privada o al PP de la Comunidad de Madrid- está siendo un silencio sepulcral".


/ EPE

En este punto cabe recordar que, cuando el Gobierno anunció el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, la sanidad privada -que llevaba semanas criticando "la deriva" de la sanidad pública tras la pandemia y ofertando sus hospitales para "aliviar" las listas de espera- arremetió contra la normativa. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) -que agrupa al 56% del total de hospitales y al 32% de las camas existentes en España-advirtió, incluso, que valoraría jurídicamente si al revertir conciertos sanitarios "se ignoran criterios objetivos"

La patronal de la privada insiste en que la eliminación de conciertos supondría un gasto de más de 2.700 millones a la sanidad pública.

Este lunes, preguntada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la patronal de la sanidad privada insiste en su discurso inicial. "Como ya hemos argumentado desde que se hizo público el texto, esta ley pretende eliminar un modelo eficaz de colaboración que se remonta a la Ley General de Sanidad de 1986. Y lo hace desde una total imprecisión y ambigüedad, ya que se limita a otorgar la condición de "excepcional" a cualquier fórmula de colaboración público-privada", indican. La eliminación de conciertos, según ASPE, supondría un gasto de más de 2.700 millones a la sanidad pública, convirtiendo a España en el "único país de la Unión Europea que excluye al sector empresarial sanitario de su sistema nacional de salud".

Unidas Podemos ha preparado una serie de enmiendas al proyecto de ley para fijar "límites reales y no solamente retóricos" a la "privatización".

Unidas Podemos, por su parte, incide en que para apoyar la normativa debe garantizarse un blindaje real de la sanidad pública. "Por eso, si no tenemos una garantía real de que se revierte el camino de la privatización, no podemos apoyar esta ley", indican. La formación política ha preparado una serie de enmiendas al proyecto de ley para fijar "límites reales y no solamente retóricos" a la "privatización" , que se han enviado al PSOE para que las estudie.

Externalizaciones de un año

Entre los puntos concretos, consideran necesario especificar lo que se entiende por circunstancias excepcionales que habilitan la externalización del servicio público sanitario a entidades privadas que entienden que "sólo debe poder hacerse ante circunstancias imprevistas y extraordinarias, que requieran una atención con carácter de urgencia, y que no puedan ser atendidas por los servicios propios". Es necesario también, añaden, acotar la duración "de tales externalizaciones con un plazo corto, no superior a un año, tiempo a partir del cual entendemos que debe entenderse que cualquier servicio sanitario ha de ser considerado estructural y su prestación debe hacerse por medios propios de los servicios públicos de salud".

Se propone, además, que "en ningún caso podrá ser objeto de externalización el servicio de asistencia sanitaria integral que tenga carácter estructural en un determinado territorio, ni tampoco cualesquiera centros de salud con vocación de permanencia, como hospitales, centros de asistencia ambulatoria o centros de Atención Primaria".

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