Los podólogos luchan por ser parte de la sanidad pública: "Nos sentimos ninguneados"

Enorme enfado entre los podólogos españoles -8.500 colegiados que, en su inmensa mayoría, ejercen en el sector privado- por una promesa incumplida: el 23 de marzo de 2021 el Congreso instó al Gobierno a incluir de forma urgente a estos profesionales (que son sanitarios, remarcan) dentro del sistema público antes de finalizar el primer trimestre de 2022. Siguen esperando, se queja a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Elena Carrascosa, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP). Su presencia en los centros de salud u hospitales -sólo Cantabria y Baleares cuentan con ellos- es testimonial pese a que, defiende Carrascosa, su figura es imprescindible para diagnosticar, tratar o prevenir dolencias de los pies. Cita como ejemplo, el pie diabético, un problema que, en España, afecta cada año a más de 100.000 personas. "Nos sentimos ninguneados", se lamenta.

"La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) no reconoce el derecho al diagnóstico y tratamiento de las patologías de los pies por parte de los podólogos. La única alternativa para aquellos ciudadanos con recursos suficientes es la atención en el sector privado", indica Carrascosa quien muestra su decepción y se remite a ese 2021 en el que la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso aprobaba por unanimidad una proposición no de ley (PNL), presentada por el Grupo Plural, relativa a incluirles en la sanidad pública.

"Somos conscientes de que había una pandemia y otras prioridades, pero ahora se han olvidado de nosotros", se queja Elena Carrascosa.

La PNL llevaba meses esperando para ser debatida -"estaba metida en un cajón", asegura Carrascosa-, pero la pandemia retrasó su tramitación: "Hemos dejado pasar todo este tiempo y hemos estado callados, entendiendo que las prioridades a nivel político eran otras. Somos conscientes de que había una pandemia, pero ahora se han olvidado de nosotros y también tememos que defender nuestros intereses y los de los pacientes".

La proposición se aprobó con una enmienda transaccional para hacer un estudio, precisa a este diario Ana Prieto, portavoz del grupo socialista en la Comisión de Sanidad. La iniciativa tendría carácter ejecutivo una vez que la aprobase el Consejo Interterritorial. Luego, serían las comunidades autónomas las responsables de su ejecución y de convocar las plazas que considerasen necesarias en su territorio. Nada de eso se ha movido, incide Carrascosa, pese a que, recuerda, era una lucha que venía de atrás.

"Todo son buenas palabras"

El tiempo ha corrido y "aunque todo son buenas palabras", no han vuelto a tener noticias del devenir de la PNL. "Se quedado en una declaración de intenciones. Hay que poner los temas en la agenda política y detrás, hay mucho trabajo por nuestra parte. Llegamos al Congreso, conseguimos que se hablara de podología y de los muchísimo problemas de salud asociados al pie. Reconocen que la nuestra es una figura que tiene que ser una más dentro del sistema sanitario, pero nadie da el primer paso, no pone la primera piedra y lucha porque nosotros estemos ahí", se queja Carrascosa.

En España, sólo Cantabria y Baleares se han adelantado a la inclusión de la podología en la cartera básica de servicios y han convocado plazas.

Ese mismo 2021 la Federación Española de Diabetes (FEDE) y el Consejo General firmaban un manifiesto para reclamar esa inclusión de los podólogos en la sanidad pública. El pie diabético es una de las complicaciones derivadas de la enfermedad por el daño que sufren los vasos sanguíneos como consecuencia del aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Afecta cada año a más de 100.000 personas. Y si se habla de las amputaciones que se producen, hasta un 85% podría prevenirse con más atención y formación a los pacientes con diabetes, recalcan desde esta federación.

La inmensa mayoría de podólogos trabajan en centros privados donde la consulta tiene un precio medio de 30 euros.

En España, sólo Cantabria y Baleares se han adelantado a la inclusión de la podología en la cartera básica de servicios y han convocado plazas de profesionales. Comunidad Valenciana está luchando en la misma línea, añade la presidente de los podólogos. Su presencia, en cualquier caso, es testimonial. De los 8.500 profesionales colegiados en España, la inmensa mayoría trabajan en centros privados donde la consulta ronda un precio medio de 30 euros, dependiendo del motivo de esa visita. No es lo mismo un tratamiento que una cura básica.

Una vez al año

"No todo el mundo tiene recursos. Se debe reconocer el derecho a que todos los españoles tengan la posibilidad de acudir, al menos una vez al año, a un podólogo, como ocurre con la salud bucodental, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan". Elena Carrascosa habla de salud. "No es una cuestión menor. No hablamos de estética. De hecho, cuando pedimos ese reconocimiento en la sanidad pública nos centramos en tres pilares: atención geriátrica, atención en pie diabético y, en la infancia, para prevenir problemas en la edad adulta", abunda.

Sobresalen, añade, los problemas derivados en menores con sobrepeso. "Es una pandemia dentro de la pandemia. Caminan por donde no deben, nadie les corrige la pisada...un niño que tiene problemas en la infancia, cuando es adulto ya tiene problemas de rodilla, de columna, de espalda, hernias...Hay patologías que se pueden prevenir desde la infancia, por eso todo el mundo debería tener derecho a esa atención", asegura.

Además, señala la presidenta de los podólogos, deben estar en la asistencia especializada, dentro de los hospitales. Remarca que su trabajo va mucho más allá del que desarrollan en la atención sociosanitaria (por ejemplo en las residencias de mayores, en el cuidado de los pies). "Queremos entrar con plenas competencias. Para hacer lo que hacemos en los centros sociosanitarios, lo básico, no queremos. Donde hay enfermería, donde hay un cirujano vascular, donde hay enfermedades infecciosas...como sanitarios que somos. Nosotros hacemos un montón de actividades en nuestro día a día para prevenir y para promocionar la salud. Somos muy conocidos", se enorgullece.

Su trabajo, insiste, va mucho más allá de la atención, por ejemplo, en las residencias de mayores cortando uñas o arreglando pies. "Donde nos conocen, nos quieren y nos hacemos indispensables", añade. Explica que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hay podólogos dentro del Ramón y Cajal, el Hospital de Alcorcón o el Príncipe de Asturias. "En esas unidades, si les planteas eliminar la figura del podólogo, se van a poner en pie de guerra. Sabemos de biomecánica, de cierre de úlceras...Incluso los médicos desconocen nuestras competencias y que tenemos la capacidad de prescribir fármacos, igual que ellos o los dentistas. No podemos estar formados en un sistema público de universidades y, luego, no estar ejerciendo porque todo ese dinero, que al final va al sector privado, no revierte para nada en la sociedad".