El blindaje de la sanidad pública del Gobierno choca con una realidad: las derivaciones a la privada se disparan

Blindar la sanidad pública. Es el espíritu del proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, aprobado por el Consejo de Ministros en junio. La llamada 'ley Darias' priorizará el modelo público de gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios e impedirá establecer nuevos copagos. Un objetivo que choca con una realidad hoy por hoy "perfectamente constatable", resume Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA: las derivaciones de pacientes a la sanidad privada se han disparado en los últimos meses.

El 14 de junio, el

Consejo de Ministros

acordaba remitir a las Cortes el proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Un texto que ha suscitado numerosas reacciones. Mientras, las asociaciones de pacientes lo celebran "con entusiasmo", la FADSP, en la línea con lo expresado por Unidas Podemos, considera que sigue abriendo paso a la privatización y entidades como el Consejo General de Enfermería han mostrado su preocupación por si invade la competencia de las comunidades. 

Advierten desde esta entidad que si la ley pone trabas a los conciertos con la sanidad privada, aumentará considerablemente el tiempo de demora de los pacientes para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, lo que disparará, aún más, las listas de espera. La sanidad privada, por su parte, ha manifestado su absoluta oposición a una ley que les mantiene en pie de guerra.

Cuestiones concretas

"Las cosas serían sencillas siempre y cuando la ley aborde cuestiones concretas. Se trata de que haya voluntad política por parte del Gobierno para frenar unas derivaciones a la sanidad privada que están descapitalizando la sanidad pública" señala a este diario Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP. Esta entidad ya lo ha dejado claro: en los términos en los que actualmente está redactado el anteproyecto no se garantiza que se vaya a utilizar prioritariamente el sistema público y, sólo de forma excepcional, se acuda al sector privado. Para ello, señala Sánchez Bayle, hace falta "un sistema de control externo a las comunidades, muy específico y potente". El portavoz de la federación cita el caso de Madrid donde las interrupciones voluntarias del embarazo deberían realizarse en centros públicos. Sin embargo, puntualiza, no sucede así.

La FADSP ya dejó clara su postura cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley. Lamenta que el texto "no blinde la provisión pública". Consideran que sigue "abriéndose el paso a modelos privados que se dice serán 'excepcionales' sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas efectivos de control de la misma". En la misma línea, desde Unidas Podemos, señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que "el texto del PSOE se limita a decir que los servicios sanitarios se gestionarán y se prestarán 'preferentemente' de forma pública, pero permite que 'en condiciones de excepcionalidad' se externalicen y privaticen".

Las

comunidades autónomas

, por su parte, ya lo han advertido: las competencias en materia sanitaria están transferidas y el Gobierno no puede invadirlas. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional esta nueva normativa porque supone "una intromisión" del Ejecutivo para imponer "un modelo ideológico" en la gestión de la sanidad. Una decisión avalada por la Asociación de Clínicas Privadas madrileñas, además de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que estudiará si jurídicamente la norma infringe la Constitución.

Seis meses de récord en Andalucía

Si se habla de derivaciones de pacientes a la sanidad privada, Luis González, secretario de acción sindical de la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de

Andalucía

pone de ejemplo su comunidad. "Hay un aumento muy importante. Casi, en lo que va de año, se ha derivado tanto como se hizo en todo 2017 o 2018". Más de medio millón de pacientes (541.884) fueron enviados de centros sanitarios públicos a centros privados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, explica. Por comparar, añade, en todo 2017 fueron 562.575.

El delegado sindical indica que, mientras en 2021, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha invertido en sanidad privada (conciertos) 463 millones de euros, para 2022 ha presupuestado 662 millones. "Y con unos precios de tarifa de conciertos en los que, en el caso de las consultas de Atención Primaria, el SAS propone pagar 65 euros por paciente. Es decir, que una empresa privada que viera 16 pacientes en una tarde, cobraría 1.040 euros para ser exactos. Mientras que un médico de la sanidad pública, que tendría que ver 36 consultas en una tarde, cobraría por esa atención -diviendo su salario, lógicamente- 214,65 euros, es decir que, por menos pacientes, pagan casi un 500% más que si el servicio fuera en el sector público", detalla.

En Andalucía, en Atención Primaria, la espera para acudir a ver al médico, en centros de salud de áreas urbanas, alcanza las dos semanas.

Una situación, añade, que es fruto de los recortes y la pandemia -por el retraso en la realización de pruebas o intervenciones, no por derivaciones de pacientes covid, aclara- que ha engordado las listas de espera, también en Atención Primaria, donde el plazo para acudir a ver al médico, en centros de salud de áreas urbanas, alcanza las dos semanas. "Hay que reforzar las plantillas y mejorar sus condiciones para que no haya fugas de profesionales a la privada", indica el delegado andaluz. Con las actuales listas de espera, admite que, de manera inmediata, se pueden tomar iniciativas como, por ejemplo, abrir centros que llevan años pendientes de su inauguración y cita el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Lepe, en Huelva. Su puesta en marcha, indica González, supondría un ahorro en derivaciones.

De Salamanca a Madrid

En Castilla y León, CCOO ha denunciado la derivación de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas del Hospital de Salamanca -también desde Soria o Segovia- a la red de sanidad privada de la

Comunidad de Madrid

, lo que obliga a pacientes y usuarios a trasladarse con el "grave perjuicio" que ocasiona. Ana Rosa Arribas, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato en esta comunidad, se remite al plan de choque para la reducción de las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas en Castilla y León, con un presupuesto de cinco millones de euros, para la concertación con profesionales en instalaciones de Sacyl, presentado en mayo.

En Castilla y León, CCOO se pregunta cuál es el motivo de esta externalización de servicios públicos y descarta el ahorro por el importe que suponen los traslados a Madrid.

"Se pagaba una cantidad por hacer una actividad quirúrgica por la tarde (peonadas). Dijimos que estábamos de acuerdo en cualquier cosa que beneficiara al usuario, aunque no en la forma de retribuir a esos profesionales porque sólo se pagaba a facultativos y enfermeras, no a otras categorías", indica la representante sindical. Sin embargo, añade, esas peonadas cesaron y, en Salamanca, comenzaron a derivar pacientes a una clínica privada de Madrid.

La decisión de externalizar pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas "sorprende" tanto la organización, como a los trabajadores y los pacientes, ya que "en ningún momento ha sido comunicado ni consensuado y mucho menos negociado, con las partes implicadas", señala este sindicato. Arribas critica que a la fuga de profesionales que está sufriendo esta comunidad, ahora se le suma la de pacientes habiendo otros hospitales públicos en provincias limítrofes a

Salamanca

. E incluso, añade, de derivar pacientes a privadas, podría ser en la misma región.

El sindicato se pregunta cuál es el motivo de esta externalización de servicios públicos y descarta el ahorro, ya que se está pagando por unos transportes, estancias y asistencia que perfectamente se puede realizar desde la provincia de Salamanca, sin necesidad de desplazarse a otra comunidad. "Derivar es desmantelar la sanidad pública. Si fuera enviar pacientes a centros públicos de Madrid, lo entenderíamos, pero a la privada... Es simplemente por generar unos beneficios a una empresa que está en otra comunidad autónoma. No podemos estar de acuerdo con eso", zanja Ana Rosa Arribas.