Amnistía Internacional carga contra la Fiscalía por archivar el 89% de las diligencias sobre muertes en residencias

Amnistía Internacional ha denunciado este lunes, cuando se cumplen dos años desde que se detectase el primer caso de coronavirus en España, la "deficiente actuación" de la Fiscalía para esclarecer por qué se incumplieron los protocolos internacionales en las residencias de ancianos durante la primera ola de covid, en concreto el Protocolo de Minnesota elaborado por la ONU sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. La investigación del Ministerio Fiscal debería aclarar e informar a los familiares de las víctimas acerca de por qué los ancianos no recibieron asistencia hospitalaria en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Según la organización, aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, en este caso, del derecho a la vida y al acceso a la salud, el 89% de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales.

"Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que sólo la verdad les puede proporcionar", afirma Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España. Indica además que, ante el exceso de muertes de ancianos en residencias por "una clara falta de asistencia sanitaria", que asciende de acuerdo con datos del Imserso a 35.670 personas mayores desde que comenzó la pandemia, "un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido".

No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia

Al margen de las diligencias penales iniciadas en los juzgados por querellas o denuncias interpuestas por los afectados que han acudido directamente a los tribunales, durante la crisis generada por el coronavirus en España, el Ministerio Fiscal ha abierto 517 diligencias de investigación penal, de las cuales 66 se encuentran en trámite, mientras que la Fiscalía ha presentado denuncia en 40 casos. El resto han sido archivadas sin posibilidad de ser objeto de recurso. Para Amnistía, la mayoría de las investigaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias.

"Sólo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia", señala Simone Nicoletti, cuya madre, con alzhéimer, falleció en una residencia en Madrid. Al menos 129 casos la Fiscalía ha archivado diligencias en Madrid y Barcelona sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información, a pesar de que el Protocolo de Minnesota reconoce el derecho de las víctimas, es decir, los familiares de los fallecidos, a participar en las investigaciones.

Comisión de verdad en el Congreso

Las comisiones de investigación que se han creado en algunos parlamentos autonómicos se han ido cerrando, en el mejor de los casos, después de realizar indagaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos, aseguran desde Amnistía Internacional. La única comisión que estaba actualmente en marcha era la de Castilla y León, que también se ha cerrado por la reciente disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas.

En Cataluña se ha rechazado la creación de una comisión y, en su lugar, se ha propuesto un grupo de expertos, mientras que, en la Comunidad de Madrid, la convocatoria de elecciones de mayo de 2021 también supuso el cierre de la investigación y en la nueva legislatura no se aprobó su creación.

Por su parte, Amnistía sostiene que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco ha realizado seguimiento sobre si las víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales, dado que no lleva acabo un cómputo de los casos en tribunales ni ha incorporado en sus estadísticas judiciales un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas.

Ante la escasa información que ha aportado a los familiares los sistemas político y de justicia, Amnistía Internacional exige a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de verdad en el Congreso de los Diputados que analice lo ocurrido en las residencias durante la pandemia.

"A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha ninguna comisión de investigación sobre lo sucedido, y a nivel autonómico los intentos han sido en su mayoría inútiles y obstaculizados por los partidos gobernantes, sin importar el signo político", critica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que incide, a su vez, en que "las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones".