¿Debe España obligar a vacunarse a los sanitarios insumisos?

Vuelve el debate sobre la necesidad de implantar la vacunación obligatoria frente al coronavirus entre los trabajadores sociosanitarios que siguen rechazando recibir sus dosis. En España, un país que lidera el ranking mundial de inmunización, suponen una cifra residual, según los colegios profesionales, aunque lo cierto es que, como no hay estadísticas oficiales, se desconoce cuántos son. Algunas comunidades, como Galicia o Andalucía, llevan meses insistiendo en que esa obligatoriedad sea una realidad en determinadas profesiones como ya sucede en países de nuestro entorno.

Es el caso, el último, del Reino Unido, donde en los últimos días los casos de coronavirus se han disparado en contraste con lo que sucede en nuestro país. Tanto es así que el ministro de Salud, Sajid Javid, se ha mostrado a favor de imponer la obligatoriedad de la vacuna a los cerca de 100.000 trabajadores del sistema público que todavía no se han inmunizado por los riesgos a los que se enfrenta la seguridad de los pacientes.

En Francia, 3.000 sanitarios han sido suspendidos con la entrada en vigor de la vacunación obligatoria e Italia y Grecia también han decretado la obligatoriedad de inmunizarse para los sanitarios. En la misma senda que Italia, Austria exigirá a partir del 1 de noviembre un certificado Covid -de vacunación, haber pasado la enfermedad o test negativo reciente- para trabajar en oficinas donde haya más de una persona.

Otros países como Rumanía, con la segunda tasa más baja de vacunación contra el coronavirus en la Unión Europea, han solicitado asistencia a la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la presión a la que están sometidos los hospitales, desbordados de enfermos.

La situación en España

El escenario en España, donde desde el primer momento se descartó la obligatoriedad de inmunizarse de coronavirus, es completamente diferente. Desde el departamento que dirige Carolina Darias insisten en una realidad que marca las diferencias: la campaña de vacunación es un éxito y no es necesario empujar a nadie a pincharse. Casi un 90% de la población tiene la pauta completa. Incluso, nuestro país se prepara para, si las agencias reguladoras dan el visto bueno, inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años, un grupo de 3,2 millones de españoles.

En España no existe un registro de los sanitarios que no están vacunados

En ese contexto, ¿tiene sentido obligar a vacunarse a quienes todavía rechazan ser pinchados? ¿Y qué pasa en el caso de los trabajadores sanitarios o los de las residencias a los que, por ley, tampoco puede obligárseles y, además, no pueden ser despedidos por esa causa? Consejerías de Sanidad como la de la Comunidad de Madrid se pronuncian en la misma dirección que el Ministerio: los niveles de inmunización son "muy, muy altos" en la región por lo que no es necesario poner la cuestión sobre la mesa.

En España no existe un registro de los sanitarios que no están vacunados. Pero hay presidentes autonómicos ya se han mostrado a favor de que, al menos entre estos profesionales, inmunizarse sea un requisito para trabajar. El último, el valenciano Ximo Puig, quien recientemente pedía que este asunto se aborde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que están representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Andalucía insiste en que es necesario

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía recuerda a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que en diferentes ocasiones el titular del departamento, Jesús Aguirre, ha solicitado esa obligatoriedad, pero que los tribunales de justicia "tumbaron la petición".

La posibilidad de una vacunación obligatoria en ciertas situaciones epidemiológicas planteada por Galicia no salió adelante

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, fue el primero en defender una normativa que preveía multas de hasta 60.000 euros a quien rechazara inmunizarse. Su iniciativa, sin embargo, no tuvo éxito. La posibilidad de una vacunación obligatoria en ciertas situaciones epidemiológicas ya aparecía en la Ley Galega de Saúde que, sin embargo, fue recurrida por el Ejecutivo central por considerar que invadía sus competencias.

Reducto de no vacunados

"En el caso de España ya es innecesaria una medida de este tipo, porque el reducto de no vacunados es mínimo y los sanitarios en general, y las enfermeras en particular, han demostrado su compromiso vacunándose de forma masiva desde el primer día. Además, son ellos y ellas quienes han gestionado la mayor campaña de la historia de la humanidad", señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

La organización colegial no dispone de datos de enfermeras que hayan rechazado inmunizarse "porque no nos han facilitado cifras oficiales". La estimación que realizan es que, a día de hoy, puede estar vacunado el 95% de todo el colectivo que trabaja con pacientes: médicos, enfermeras, técnicos superiores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, celadores, limpiadoras, etc.

Por tanto, prosigue Pérez Raya, queda un 5% de personas sin inmunizar, "un porcentaje muy pequeño". Es cierto, admite, que lo deseable sería alcanzar el 100% "pero la realidad es que las consecuencias que puede tener un porcentaje tan bajo son mínimas". Desde toda la organización colegial (52 colegios provinciales, 17 autonómicos y un Consejo General), señala, han estado haciendo "un llamamiento continuo a los profesionales a través de nuestros medios internos y de campañas en los propios centros".

Una medida compleja

"Si tenemos en cuenta el ordenamiento jurídico vigente hoy en España, establecer la obligatoriedad de vacunación de los profesionales en España por ley es una medida muy compleja de aprobar. Los estudios que existen al respecto no terminan de tener claro si este tipo de medida choca con los derechos fundamentales recogidos por la Constitución Española", señala Pérez Raya.

En la misma dirección se ha manifestado en diferentes ocasiones la Organización Médica Colegial (OMC) que, ante los (contados) casos de médicos negacionistas, ha instado encarecidamente a todos los sanitarios a vacunarse. Pueden incurrir, recuerdan, en un supuesto de irresponsabilidad respecto a la Administración.

Barómetro del CIS

Según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 48,9% de los españoles cree que, ante el riesgo de contagio de coronavirus, "habría que obligar a todos a vacunarse", un dato que sube respecto al barómetro del mes anterior, cuando se situaba en 47,4%.

Según el último Barómetro del CIS, un 32,6% de los españoles piensa que habría que obligar a vacunarse a personal sanitario o trabajadores de residencias

Un porcentaje al que hay que sumar a un 32,6% que cree que habría que obligar a inmunizarse al personal sanitario, a personas que trabajan con residencias de mayores y a los que tienen relaciones directas con el público en general. Un 24,6% piensa que "no habría que obligar a nadie a vacunarse" y un 23% asegura que "depende de los casos".

Ante un conflicto de derechos, "debe prevalecer el de la persona más débil, en este caso, el de las personas mayores", señalan desde la patronal de las residencias

La patronal de residencias AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia) señala a este diario que no puede facilitar datos concretos de vacunación entre sus trabajadores. Relativo a la obligatoriedad de la inmunización consideran que, ante un conflicto de derechos, "debe prevalecer el de la persona más débil, en este caso, el de las personas mayores, por lo que siempre hemos creído positivo que se valorara la obligatoriedad para profesionales con trato directo" con los residentes.