Las residencias de ancianos privadas y concertadas buscan desesperadamente sanitarios: "Llevamos sin enfermera desde octubre"

A Marina Galiana, fisioterapeuta de formación, le ofrecieron en mayo ocupar el puesto de directora de la residencia en la que lleva trabajando seis años cuando se quedase vacante al mes siguiente. Aceptó, pero tenía una primera labor: encontrar a alguien que la sustituyese a ella. "Teníamos un mes para encontrar fisio y sabíamos que iba a ser bastante imposible. Es complicado encontrar fisioterapeutas y profesional sanitario para residencias, primero, por el salario, que es bajo, y, segundo, porque en lo público dan puntos y en las residencias, no. Efectivamente, no encontramos y empecé como directora sin cubrir ese puesto", explica en una llamada telefónica.

Ya en julio, una profesional que vivía en Valencia y cuya familia descendía de San Vicente de la Sonsierra, el pueblo de La Rioja en el que se ubica la Residencia Virgen de los Remedios, que dirige Galiana, llamó para interesarse por el puesto. Le ofrecieron un contrato y, en septiembre, dejó el trabajo para buscar uno en Logroño para poder compaginarlo con sus labores como madre. Marina Galiana partía de cero en la búsqueda de un profesional. O de menos uno, porque tuvo que buscar también a una enfermera para un contrato de jornada completa para esta residencia concertada.

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Contactó con una fisioterapeuta del pueblo y le ofreció "media jornada, el 60%, el 70%, el 75%, el 80%, el 85%... todas las posibles". Y aceptó trabajar a media jornada. Pero aún le queda cubrir la vacante de enfermería. "Llevamos sin enfermera desde octubre y sé que vamos a seguir así", sostiene, consciente de que eso le puede acarrear una sanción económica, porque el Gobierno de La Rioja le obliga a cubrir 60 horas de esa especialidad a la semana y sólo dispone de una enfermera a 30 horas.

El convenio colectivo de profesionales de residencias de ancianos y personas dependientes, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, establece unos salarios que, en algunas ocupaciones, rozan el salario mínimo interprofesional. "El salario de las gerocultoras ha subido un 2,5%, pero el año pasado el salario base de las gerocultoras estaba dos euros por debajo del SMI. Ahora también se prevé que el salario mínimo va a crecer un 4 o 5%, por lo que el salario de la gerocultora se vuelve a colocar por debajo del salario mínimo", refleja Jesús Cabrera, responsable del Área de Negociación Colectiva Privada y Sectores Sociosanitarios de CCOO. Las retribuciones en las residencias privadas y concertadas, así como las condiciones laborales -horas semanales, extras superiores por trabajar en fin de semana-, alejan a los profesionales sanitarios de este sector.

Diferencias salariales con la pública

Jesús Cabrera calcula que el sueldo de una enfermera en la sanidad pública rondaría los 2.200 euros, a lo que se suma la acumulación de puntos de carrera que generaría, mientras que en la privada no llegaría a los 1.600 euros. Las residencias con plazas privadas pagan a sus trabajadores entre "un 25 y un 30% por debajo de las retribuciones de Sanidad y eso es un problema", asegura Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la patronal de residencias.

"Con esas condiciones, evidentemente enfermeras no encuentras, pero tampoco a gerocultoras", sostiene. Su sindicato ha ofrecido a los gobiernos de comunidades autónomas que se encuentran en déficit de personal elaborar un convenio colectivo regional que les permita sumar efectivos a sus plantillas. "En Baleares, negociamos un convenio de residencias porque no encontraban a nadie, porque en hostelería cobran mucho más, y llegamos a un acuerdo con el Gobierno anterior con un convenio de residencias que subió un 40% las retribuciones en tres años para poner el salario mínimo de la gerocultoras en 1.500 euros", señala.

Marina Galiana relata que una enfermera de Haro, la capital del vino que se encuentra a unos 10 kilómetros, se interesó por la vacante. Esta profesional se encontraba en paro y, al conocer el salario, le confesó a la directora que "iba a ser egoísta, pero prefería estar en el paro sin trabajar y cobrando prácticamente lo mismo". "Y yo lo entiendo", insiste Galiana, porque en "no les obligan a aceptar un trabajo cuando están desempleados" y porque en su residencia "no van a generar puntos de experiencia".

Financiación pública

Ignacio Fernández-Cid explica que las residencias concertadas reciben del Estado por cada plaza pública que ofrecen una media de 65 euros por persona y día, cuando en las residencias públicas "les cuesta 200 euros". "Nos pagan tres veces por debajo de lo que le cuesta a la administración el concierto", insiste. Por esos 65 euros, dan al anciano "habitación, lavado y plancha de ropa, asistencia sanitaria, rehabilitación, terapia ocupacional, trabajador social... ¿Qué hotel cuesta 65 euros incluyendo pensión completa y todos estos servicios? No cuadra", sentencia.

El presidente de la FED afirma que le "encantaría tener un convenio colectivo mucho mejor, pero nos tienen que pagar en consonancia". De acuerdo con el estudio El empleo en España en el sector de los cuidados de larga duración, elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, en la Unión Europea se prevé que el gasto en cuidados de larga duración va a aumentar del 1,7% del PIB en 2019 al 2,5 % en 2050, y se situarán como los gastos sociales de más rápido crecimiento.

La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y la Unión de Entidades presentaron en 2024 el Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España. Este documento revelaba uno de los grandes agujeros de nuestro país en servicios sociales: España se sitúa como uno de los países con menor porcentaje de financiación de servicios de cuidados de larga estancia sobre el PIB del país comparado con los países de la OCDE. La nuestra es la octava nación que menos invierte para este fin, un 0,96% del PIB; muy lejos del 1,55% de la media de la OCDE y a varios puntos del 3,11% de Países Bajos, los que más fondos destinan. "Hay que invertir en torno a 12.000 millones de euros más para situarnos en torno al 1,5% del PIB. Las perspectivas son muy negras", zanja Jesús Cabrera.

Cada vez más mayores

El informe del SEPE evidencia que "el crecimiento del empleo es seguro" en este sector, porque los 9,7 millones de españoles que actualmente tienen más de 65 años pasarán a ser 16 millones en 2060. Sin embargo, incide en los principales retos: "Hay que afrontar la futura escasez de personal, la sostenibilidad financiera de los cuidados y el cambio de modelo".

Hasta que eso llegue, las residencias concertadas y privadas tendrán que hacer malabares. Marina Galiana argumenta que su residencia tiene figura legal de fundación, lo que se traduce en que "todo lo que entra" a nivel financiero, "sale" para cubrir gastos. En su caso, encontrar trabajadores se convierte en un trabajo aún más complicado, porque, como destaca Fernández-Cid, "si en el urbano hay un problema, en el rural hay una desesperación". En este pueblo de apenas mil habitantes, a mitad de camino entre Logroño y Vitoria, las dos capitales más cercanas, la Residencia Virgen de los Remedios no puede permitirse pagar a sus trabajadores un "plus de gasolina", pero les ofrecen la comida o la cena.

Galiana ha planteado al patronato que gestiona su residencia una subida salarial a los trabajadores para poder "pagar dignamente a esta gente" y para encontrar nuevos profesionales. Para ello, reconoce, tendrían que "subir los precios de la plaza privada" en una residencia conocida por sus "tarifas supercompetitivas". Todo ello si no llega antes una mayor inversión estatal o regional. En España, el precio promedio de una residencia de ancianos privada oscila entre 1.500 y 2.500 euros al mes, aunque este coste puede variar según la ubicación, las instalaciones y los servicios ofrecidos por cada centro, refleja el informe del Observatorio de Ocupaciones del SEPE.

Conflictos por "intrusismo profesional"

El responsable del Área de Negociación Colectiva Privada y Sectores Sociosanitarios de CCOO señala que algunas residencias que "no encuentran enfermeras porque se van a la pública a trabajar o a un hospital privado" tiran de gerocultoras. Sin embargo, una trabajadora de este tipo no puede realizar las mismas labores que una enfermera porque "no están capacitadas". "Ya no es un tema laboral, sino de intrusismo profesional", asegura.

Desde el sindicato de enfermería SATSE, rechazan que se contrate a gerocultoras o auxiliares de enfermería para que desarrollen el trabajo de las enfermeras a las que no consiguen contratar las residencias. "Su objetivo es contratar a profesionales que les salen más baratos, pero hay muchos riesgos, sobre todo, para la salud de las personas residentes. Las enfermeras somos profesionales con una formación universitaria de grado de cuatro años o seis, en el caso de las enfermeras geriátricas, y no nos pueden sustituir por trabajadores con una formación profesional", manifiestan.

Este sindicato impulsó en 2018 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que nuestro país contase con una norma estatal que estableciese una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera. En la privada, actualmente, es de la mitad de personal que en la pública. "La falta de enfermeras en las residencias de mayores es un grave problema que se mantiene desde hace años". Ya en 2019, SATSE publicó estudio estatal que alertaba de que había centros en los que una profesional tenía que atender a más de 100 y 150 residentes. "Esta situación no ha cambiado", señalan, y, si lo ha hecho, es a peor. El horizonte no se plantea, en absoluto, esperanzador ni para los trabajadores, ni para las residencias ni para los mayores.