CHOQUE EN EL GOBIERNO
Moncloa da por cerrada la crisis por el salario mínimo y reta a Sumar a hacer pinza con el PP en el Congreso
El ala socialista del Gobierno aguanta el pulso y da por concluido el debate sobre la exención del IRPF para las rentas más bajas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este miércoles en el Congreso. / Eduardo Parra

Moncloa aguanta el pulso en la crisis abierta por la tributación del salario mínimo. El sonoro choque con Yolanda Díaz que se produjo el martes da paso a una suerte de guerra fría entre los socios de coalición. La presión es altísima para el PSOE, que se ha quedado solo a la hora de defender el pago de IRPF para la franja salarial más baja, con todos los grupos del Congreso en contra, incluidos sus aliados habituales y su socio de coalición, y grietas en las propias filas socialistas. Una presión que parece no hacer mella en el discurso oficial, donde cierran la puerta a futuros cambios y dan el asunto por "cerrado", dejando la pelota en el tejado de Sumar, que amenazó con votar junto al PP para mantener el SMI exento después de presentar una proposición de ley con este fin.
Después de la tensa rueda de prensa de Díaz y Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros, en Sumar daban por ganado el debate público y se mostraban seguros de que sólo había que esperar a los movimientos del PSOE, que terminaría rectificando su postura. Pero tres días después del enfrentamiento público, desde Moncloa insisten en que mantendrán la tributación del SMI, apuntando a que "es la posición del Gobierno". "Lo damos por cerrado", apuntan altos cargos. Un cierre en falso de la pugna, que amenaza con continuar en el Congreso, donde hay una amplia mayoría para rectificar a Hacienda.
El enroque de los socialistas ha disparado las alarmas en las filas de Yolanda Díaz, que han pasado de la confianza total en que este asunto se resolvería, a la inquietud por la falta de reacción. En las últimas horas han pedido abiertamente a María Jesús Montero que convoque a una reunión con el Ministerio de Trabajo para llegar a una "solución negociada". El llamamiento responde al intento de Sumar de añadir presión a la ministra de Hacienda, a quien responsabilizan de la obstinación a la hora de rechazar los cambios. Su lectura es que es ella quien se niega a dar un paso atrás, mientras en las filas socialistas existen más dudas. El propio Pedro Sánchez evitó respaldarla este martes en el Congreso.
Reaparición de Montero
Pero Montero no ha aparecido desde el día en que estalló la crisis, alegando motivos de salud. La vicepresidenta primera estuvo en el Consejo de Ministros y se dejó ver a media mañana con Sánchez pero ya no acudió por la tarde al Congreso, una vez desatada la polémica. Después de tres días de silencio, la ministra de Hacienda reaparecerá este viernes a las 11 horas en Sevilla, donde en su papel como candidata andaluza acudirá a la sede de CCOO en la región. La expectación es máxima. Es ella quien debería abrirse a un repliegue, en caso de producirse, para evitar una desautorización del Gobierno. En el socio minoritario creen que hay que ofrecerle un "buen acuerdo" que le dé "una salida". Pero para eso debe haber voluntad para la otra parte.
El debate sobre la tributación del SMI ya estuvo el año pasado encima de la mesa, y finalmente se optó por mantener la exención. La recaudación de 2.000 millones de euros que estima Hacienda con esta medida compensaría la pérdida de los 1.500 millones que se dejarán de tributar por la caída del impuesto a las energéticas. Y si esta tributación no llega este año, todos dan por hecho que lo tendrá que empezar a hacer el año que viene, 2026. Es decir, el año en que se celebran las elecciones andaluzas a las que se presentará Montero. Algunas figuras destacadas de Sumar creen además que Sánchez hará coincidir las generales con esta cita. La motivación de asumir el desgaste ahora, y no a las puertas de unos comicios, es uno de los argumentos que pueden pesar a la hora de mantener la medida.
Papel de Sumar
Lo cierto es que aunque Hacienda mantenga posiciones, el Parlamento podrá rectificarle, lo que agravaría aún más la actual crisis, puesto que la alianza de PSOE y Sumar se rompería en el Congreso. El socio minoritario de Gobierno registró el martes su ley para evitar la tributación del salario mínimo, presionado por grupos como Podemos y PP, que se adelantaron registrando las suyas propias. Luego llegó la de ERC-BNG. En total, cuatro propuestas con un objetivo común, pero que el Gobierno podrá vetar alegando motivos presupuestarios.
'Pero quien decida en último lugar si acepta o no este veto será la Mesa del Congreso, donde Sumar tiene un papel de bisagra y puede hacer mayoría tanto con PP como con PSOE. Será el momento clave para los de Díaz, que tendrán que decidir si se mantienen con el Ejecutivo o si se apartan y votan con la oposición para enmendar al Ministerio de Hacienda. En el socio minoritario de coalición han defendido hasta ahora que de mantenerse las cosas como están "haremos lo que tenemos que hacer". "No es ningún problema votar en esto con el PP", apuntan. Mantienen así el órdago y amenazan con desautorizar a un ministerio socialista desde el Congreso, toda una afrenta entre socios de coalición.
Hasta ahora nunca habían llegado tan lejos. El episodio más parecido fue el pasado mayo con el proyecto de ley del suelo del Ministerio de Vivienda, cuando el Gobierno lo tuvo que retirar unas horas antes de su votación después de que Sumar amenazase con tumbarlo. En esta ocasión, los de Díaz afrontaron el primer choque con el PSOE envalentonados, después de haber anotado dos victorias en el seno del Gobierno, al lograr aprobar la reducción de jornada sin modificar el texto, como pedía el PSOE, y por la vía de urgencia; unos puntos que habían llevado a un crudo enfrentamiento directo con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que la vicepresidenta segunda llegó a llamar "mala persona". Después de aquello, llegaron las tensiones por la subida del salario mínimo, donde Díaz apostaba por un incremento en la parte alta de la horquilla que manejaban. Finalmente lo consiguió, con 50 euros más al mes de SMI. Una subida que el Gobierno aprobó el martes y que sin embargo se vio empañada por el anuncio de Hacienda de que el SMI empezaría a tributar IRPF.
Pacto de no agresión
La confirmación de los planes de Hacienda que hizo estallar la crisis llegó media hora antes de que comenzara la rueda de prensa en Moncloa en la que comparecía Yolanda Díaz, que entró en cólera al enterarse de la noticia. El debate se libraba públicamente entre miembros del Gobierno desde hacía días, con Montero criticando los "discursos populistas" y con al titular de Trabajo replicando, pero los de Díaz alegan que estaban convencidos de que se adoptaría una posición conjunta a posteriori.
Este mismo lunes el ministro Cuerpo aseguró que el debate sobre este asunto se produciría después de aprobar el SMI: "Los elementos tributarios o impositivos son elementos que se irán viendo más adelante", señaló. En ningún momento se planteó incluir la exención del salario mínimo en el orden del día del Consejo de Ministros del martes, pero el anuncio de la decisión "unilateral" del Ministerio de Hacienda sublevó al socio minoritario de coalición.
En un primer momento, Moncloa no incluyó a Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior a la reunión de Gobierno del martes, donde se aprobaba la subida del SMI. En su lugar, iba a ser María Jesús Montero quien compareciese ante la prensa para presentar su plan sobre El Algarrobico, dentro de su campaña andaluza. Pero las quejas de Sumar llevaron a que finalmente se le incluyera, a costa de que Montero quedara fuera, aunque con una condición: dejar a un lado la polémica por la entonces posible tributación del salario mínimo. Una condición que Díaz aceptó.
El plan era limitarse a ensalzar la subida salarial y evitar cualquier tipo de confrontación con el socio mayoritario de Gobierno por el debate sobre la tributación del SMI. Una suerte de pacto de no agresión que saltó por los aires unos minutos antes de la comparecencia, a raíz de la confirmación de Hacienda. En el aire queda si aquello fue una suerte de vendetta contra el socio minoritario de coalición, como algunos se malician, o un "error de cálculo", como quieren creer otros. Fue entonces, al saltar la noticia, la propia Díaz trasladó a la parte socialista que respondería sobre esta cuestión si le preguntaban. En Moncloa mostraron cierta comprensión, alentando la tesis que sostiene Sumar de que ni siquiera el ala socialista conocía que la decisión estaba tomada y que la noticia fue acogida con sorpresa incluso en sus propias filas.
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