INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El Gobierno ignora el informe de la UCO sobre el fiscal general y mantiene su "absoluta confianza": "No tenemos dudas"

En Moncloa defienden el “protocolo” de borrado de mensajes y desvían el foco por la filtración de datos personales de fiscales y de periodistas

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la inauguración del curso selectivo de la 63ª promoción de acceso a la carrera fiscal. / Mateo Lanzuela / Europa Press

Iván Gil

Iván Gil

Madrid

El Gobierno mantiene su “confianza absoluta” sobre el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y niega que le genere cualquier tipo de dudas el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según revela, Ortiz procedió al “borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones", coincidiendo con el día en el que el Tribunal Supremo le abrió causa en relación con una presunta filtración de datos en el procedimiento por fraude a Hacienda que se había presentado contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “No tenemos dudas de que la verdad pondrá las cosas en su sitio”, ha argumentado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Sobre el hecho de que no generen dudas las sospechas que se emiten en el informe, y que para el PP demostraría “el comportamiento de un delincuente común”, en el Gobierno se abonan al ‘y tú más’ para señalar a la pareja de Ayuso y deslizar ‘lawfare’. “Más sospechoso es que un presunto defraudador no haya declarado todavía”, ha respondido Alegría despejando balones y repitiendo el mismo mensaje que se viene trasladando desde el inicio de la causa: “El fiscal general cumple con su trabajo y desmiente un bulo”.

Como sostuvo el propio García Ortiz apelando a un “protocolo” de borrado, en Moncloa señalan que “por seguridad” se borran asiduamente los mensajes. Por ello insisten en su seguridad de que “no hay nada” y trasladan que este informe no hace que se resquebraje su confianza en García Ortiz.

El Gobierno ignora así el alcance del informe de la OCU, cuando en su día se blandió otro donde se constató la falta de mensajes para dar por cerrada la causa. El propio Sánchez incluso se refirió a una “acusación sin pruebas” tras desvelarse en dicho informe que en los teléfonos móviles de Álvaro García Ortiz hay "0 (cero) mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea" entre los pasados 8 y 14 de marzo. Estos fueron los días en los que se produjo la supuesta filtración de datos confidenciales de la imputación por delitos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

"Cuando un fiscal general del Estado está siendo investigado por el Supremo de cualquiera de los 27 países de la Unión, automáticamente lo que debe hacer es dimitir. Si no dimite, lo que tiene que hacer el Gobierno es cesarle", arremetió esta mañana el líder del PP durante una entrevista en 'COPE'. A su juicio, si no deja su cargo es porque a García Ortiz "no le interesa"y el Ejecutivo no lo cesa "porque el fiscal general ha hecho lo que el Gobierno le ha pedido".

"Preocupación" por filtraciones

El Gobierno, más allá de mantener su defensa cerrada, pone el foco en cuestionar irregularidades en el proceso. Alegría trasladó así su “preocupación” sobre el hecho que desde la apertura de la instrucción “por filtración de datos de un presunto defraudador, ahora vemos cómo se han filtrado datos personales de fiscales y de periodistas. Esto es muy preocupante que suceda”, remachó.

A raíz de esta difusión de datos personales, Interior revisará la seguridad del fiscal general del Estado. Según fuentes consultadas por Europa Press, García Ortiz ha dirigido un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad advirtiendo del riesgo que supone para su seguridad personal la difusión de este tipo de datos, tras lo cual el Ministerio de Interior ha acordado revisarla.