La fiscal superior de Madrid preguntó a García Ortiz si él filtró el correo del novio de Ayuso y este respondió: "Eso ahora no importa"

"¿Has filtrado tú?, preguntó la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la mañana del 14 de marzo, a lo que éste respondió: "Eso ahora no importa". La conversación tuvo lugar mientras ella viajaba en un taxi y ambos trataban la publicación de una nota de prensa que saliera a desmentir la información que atribuía la iniciativa del pacto al ministerio público y no a la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como en realidad había ocurrido, para lo que el empresario admitía la comisión de dos delitos fiscales.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración señalaron que Lastra explicó ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que inquirió al fiscal general en esos términos, porque las informaciones que estaba leyendo en prensa incluían datos que solo podían proceder de las diligencias informativas de la Fiscalía, ya que no los tenían ni la defensa del empresario ni el decanato de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde se había presentado la denuncia en su contra por dos delitos fiscales y otro de falsedad.

El magistrado que instruye la causa contra Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, acordó la citación de Lastra, porque, "con independencia de que pueda reiterarse en alguno de los aspectos sobre los que ya declaró" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde ya compareció como testigo, "conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general del Estado", cuando se negó a suscribir la nota de prensa preparada, porque incluía datos que, en su opinión, no debían darse a conocer.

Durante la hora y media que Lastra ha declarado ante Hurtado, ha explicado que el 13 de marzo a las 21.43 horas recibió una llamada del fiscal general, en la que le pidió "expresamente e invocando su autoridad jerárquica" que le hiciera llegar los correos entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador. Ella respondió que no hacían falta esos mensajes, porque ya tenía "cumplida cuenta" de ellos; esa misma noche le dijo a la fiscal jefe provincial que lo dejara y no insistiera en conseguirlos, porque los iban "a filtrar", como considera que ocurrió poco después de que el fiscal del caso, Julián Salto, se los enviara a las 21.54 horas.

El juez Hurtado quería escuchar a Lastra, al considerar "significativos" varios de los whatsapp que se cruza con García Ortiz. A las 09.25 horas del día 14 este le envió uno en el que le decía: "Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo". Tel juez también destacaba uno en el que afirmaba: "Es imperativo sacarla", y otro de las 09.37: 'Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de la fiscalía es impecable y hay que defenderla'". Ante el juez ella ha admitido que esa mañana tenía "seis llamadas perdidas" del fiscal general y que este habló con ella finalmente a través de la centralita del ministerio público.

Ha añadido que el 7 de marzo recibió un correo de la fiscal Provincial, también dirigido al fiscal general, su mano derecha, Diego Villafañe -al que se ha imputado recientemente-, y a una dirección genérica de la Fiscalía General, en el que se informaba de que la denuncia por delitos fiscales se dirigía contra el novio de Ayuso. Según Lastra, ella no lo vio hasta el día siguiente y Villafañe preguntó si había algún procedimiento más contra González Amador. La fiscal superior de Madrid también ha señalado que se trató de una dación de cuenta sobre un asunto relevante al superior, previsto en el Estatuto fiscal, que se hizo de forma "excepcional", porque lo habitual es que hubiera sido por escrito y que la jefa provincial se dirigiera a ella y ella a su vez a la Fiscalía General.

No hay protocolo de borrado

Fuentes jurídicas ha señalado que tanto Lastra como Julián Salto, que, además, es el delegado digital de la Fiscalía madrileña, han negado la existencia de un protocolo de protección de datos en el ministerio público que incluya el borrado del contenido que guarda el teléfono, explicación ofrecida desde el ministerio público para justificar que el teléfono del fiscal general no conservara ningún mensaje ni sus conversaciones cuando fue analizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Salto ha comenzado su declaración como testigo explicando cómo funcionan los pactos de conformidad y señalando que fue del abogado de González Amador, Carlos Neira, de quien partió la iniciativa del que ha devenido en la apertura de este procedimiento. Además, le acusó de haber faltado al deber de confidencialidad, porque le facilitó los correos que se habían cruzado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, según manifestó éste en su declaración ante el juez del pasado día 8.

Sobre el día de la presunta filtración del correo de la defensa de González Amador, Salto ha relatado que quien le preguntó por primera vez por el correo fue la propia Lastra la noche del 13 de marzo, cuando él se encontraba viendo un partido de fútbol en el estadio Metropolitano, lo que hizo que quedaran para hablar al día siguiente, aunque un poco más tarde, a las 21.39, recibió una primera llamada de la fiscal provincial -y también imputada- Pilar Rodríguez, que le reclamó los documentos. En una segunda llamada, a las 21.43 horas, la jefa provincial le dijo que tiene que localizarlos y mandarlos ya porque "el fiscal general del Estado no puede esperar". En un último mensaje Rodríguez les transmitió que el fiscal general les felicitaba por el trabajo realizado.

Según los informes de la UCO, que apuntaron al "papel preeeminente" del fiscal general en la presunta revelación de secretos de González Amador, García Ortiz recibió a las 21.59 del 13 de marzo el correo en el que el abogado del empresario proponía un pacto al ministerio público.