Montero alienta un encuentro entre Sánchez y Puigdemont fuera de España: “Me da igual cuándo y dónde”

El Gobierno sigue lanzando guiños a Junts para intentar allanar la negociación de los Presupuestos. Después de que el presidente del Gobierno se mostrase dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont durante su balance de final de año, la vicepresidenta primera María Jesús Montero ha alentado que este encuentro pueda producirse fuera de España y antes de que se le aplique la amnistía. “No estaría mal que [Pedro Sánchez] se pudiera ver con Puigdemont. Me da igual cuándo, tampoco dónde, lo importante es normalizar la situación”, ha asegurado esta mañana durante una entrevista en la 'Cadena Ser'.

Montero ha remarcado que su posición es una “opinión personal” y que no ha tratado este asunto directamente con el jefe del Ejecutivo, pero sí coincide con el mensaje de Moncloa de defender que el Gobierno ha cumplido su parte con la ley de amnistía, pese a la falta de aplicación judicial como en el caso del expresident. “La voluntad política del Gobierno fue producir una amnistía que posibilitara el reencuentro”, remachó.

El Gobierno permitirá a Cataluña aumentar el gasto a cambio del apoyo de Junts a los Presupuestos

Después de que Puigdemont exigiese aplicársele una “amnistía política” con la rehabilitación de su figura a través de este tipo de encuentros personales, el propio Sánchez se mostró dispuesto e ironizó con que “entendemos que a afectos políticos ya se aplica, incluso por parte del PP, que vuelve a votar conjuntamente con Junts”. Abría así la puerta a celebrar esta reunión fuera de España antes de que se le aplique la amnistía al expresident, a espera de la decisión del Tribunal Constitucional, aunque de forma menos directa que ahora su número dos en el Gobierno y el partido.

Si bien otros ministros socialistas habían enfriado durante los últimos días un encuentro inminente, para vincularlo al hecho de que hubiese sobre la mesa algún avance respecto a la aprobación de las cuentas públicas, la actual distancia con los posconvergentes obliga a redoblar los gestos para encauzar la relación. De hecho, la también titular de Hacienda ha reconocido que todavía no se han sentado a negociar los Presupuestos.

En estos momentos se está trabajando en cerrar otras carpetas para cumplir compromisos previos que son condición sine qua non para abordar las cuentas públicas. Principalmente en lo que respecta al traspaso de las competencias en inmigración a la Cataluña. “Tenemos conversaciones con ellos respecto a esta cuestión y todavía no hemos empezado a hablar de Presupuestos porque esto es previo”, ha reconocido.

Pese a las dificultades, y los escollos que admiten desde Moncloa, la vicepresidenta primera mantiene como plazo para aprobar los Presupuestos el primer trimestre del año. “La intención es presentarlos durante este trimestre”, ha explicado para darse solamente el margen de “retrasarlo unos días si los grupos necesitan más tiempo”. Se entiende que más allá de abril carece de sentido aprobar las cuentas para el año en curso.

Senda de déficit

Montero ha confirmado, como ya avanzó este diario, que renunciará a presentar una nueva senda de déficit con más margen fiscal para las comunidades autónomas si no tiene garantías de sacar adelante los Presupuestos. En ese caso, ha advertido que seguiría en vigor la anterior senda, “que quita en torno a 5.000 millones más de gasto” para las comunidades y ayuntamientos. Junts ya unió sus votos a PP y Vox para tumbar esos objetivos de estabilidad cuando se llevaron al Congreso el pasado mes julio

Los socialistas se muestran dispuestos a ceder ante las reivindicaciones de Junts para modificar los objetivos de déficit y dar más margen fiscal a las comunidades autónomas. “Un esfuerzo” para que Cataluña, una de las comunidades más endeudadas, pueda aumentar su gasto, pero a cambio de encauzar la negociación de los Presupuestos.

El Gobierno ha extremado la cautela ante el deterioro de las relaciones con Junts y hasta preparado el terreno para asumir una hipotética prórroga de los Presupuestos. Por un lado, se defiende que no afectará a las políticas públicas por el crecimiento económico y porque las actuales cuentas son expansivas, garantizan el sostenimiento del Estado de bienestar y permiten absorber los fondos europeos. Por otro, se desliga la continuidad de la legislatura a su aprobación.