CONSEJO DE MINISTROS
El PSOE y Sumar pactan que las empresas que deslocalicen tengan que devolver las ayudas y no puedan despedir
El Gobierno aprueba una ley para condicionar la salida de empresas españolas que hayan recibido financiación pública
La nueva ley incluye la creación de una reserva estratégica para la fabricación de productos en caso de crisis
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de Industria y Autonomía Estratégica según la cual, tras un acuerdo entre los dos socios de la coalición - PSOE y Sumar- las empresas que deslocalicen tengan que devolver las ayudas públicas y no puedan despedir ni alterar las condiciones de trabajo de sus empleados. Unas medidas encaminadas a preservar el empleo en nuestro país y evitar la descapitalización que produce el traslado a otros países de empresas españolas.
Los socios de Gobierno han mantenido en las últimas horas una intensa negociación donde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presionado para poner "trabas" a las empresas industriales que quieran deslocalizarse, explican desde su departamento. La primera medida consiste en que las corporaciones que salgan del espacio económico europeo tendrán que devolver el 100% de las ayudas públicas recibidas, incluidos los ERE.
Desde el Ministerio de Industria apuntan a que el cambio viene a "reforzar" el texto que ya manejaban, que contempla que las empresas que hayan recibido subvenciones públicas a partir de tres millones de euros deban mantener su actividad en los siguientes 5 años en nuestro país en caso de las grandes empresas, en 3 años en caso de medianas y dos en las pequeñas empresas. En caso de reducir su actividad en más de un 65% o despedir a 500 o más trabajadores en estos plazos, deberán devolver las subvenciones públicas.
La nueva actualización, exponen desde Vicepresidencia, rebajará el umbral económico de subvenciones recibidas para que las compañías tengan que devolver las ayudas públicas y dificultar así la salida de empresas al extranjero, apuntan desde Vicepresidencia.
Además, la norma contemplará que en ningún caso una deslocalización no puede ser la justificación para medidas como un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio ni individuales ni colectivos. Así, empresas como fondos de inversión que trasladan las empresas de España a África o Asia, después de recibir importantes ayudas públicas no podrán beneficiarse de las medidas de flexibilidad interna recogidas en nuestra legislación.
El Gobierno ha incluido también el principio de condicionalidad a la política industrial, para que la colaboración pública con estas empresas esté "condicionada" a criterios como mantenimiento del empleo o responsabilidad medioambiental.
Larga tramitación
El anteproyecto de ley -cuya tramitación se inició a finales de 2022 por la entonces ministra Reyes Maroto y que ha sido reelaborado por el actual titular, Jordi Hereu- busca actualizar el marco regulatorio vigente, que data de 1992, para asegurar el mantenimiento de las capacidades industriales vigentes y atraer nuevas.
Además de tratar de evitar la deslocalización de empresas que reciban ayudas públicas, la nueva norma consolida la figura de los proyectos estratégicos (Perte) más allá de los fondos Next Generation o la creación de una reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial para identificar empresas que puedan producir determinados productos en caso de crisis.
También el establecimiento de una estructura de gobernanza para el sector industrial, con la creación del Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria y medidas de apoyo para proteger a la industria intensiva en energía (electricidad y gas) y a "Ecosistemas Industriales Estratégicos". De hecho, la nueva norma habilita la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva.
"Tenemos un gran objetivo, que es la reindustrialización, y un gran instrumento, que es la ley de industria y autonomía estratégica", ha resumido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha subrayado su intención de buscar "el máximo consenso en la tramitación parlamentaria" que ahora se inicia.
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