La fiscal se opone a la admisión de la querella de Puigdemont contra el juez de la trama rusa en el procés

La fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admita a trámite la querella presentada por el expresident Carles Puigdemont, el jefe de su oficina Josep Lluis Alay y su abogado Gonzalo Boye contra el juez de Barcelona que ha investigado la presunta trama rusa del procés. La fiscal Assumpta Pujol sostiene que la acción de este magistrado al abrir una pieza separada para indagar sobre esa supuesta injerencia"no es una resolución injusta, sino que responde a una opción jurídicamente aceptable y posible". De esta manera, descarga que el togado haya cometido, como pretendía las acusaciones, un delito de prevaricación y menos el de malversación por haber designado funcionarios de la Comisaría General de Información para llevar a cabo las averiguaciones que él había ordenado.

El motivo de la querella es la pieza separada sobre "la injerencia rusa" que el magistrado incoó el pasado 21 de junio para reactivar unas pesquisas en las que planteaba indicios para imputar a Puigdemont y otros dirigentes independentistas por un delito de traición (en la actualidad está en el Tribunal Supremo). Esta causa nació de otro procedimiento judicial sobre el presunto desvío de fondos de las oenegés Catmon e Igman, vinculadas al exresponable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas. Días antes, la Audiencia de Barcelona había frenado otra causa, el denominado caso Volhov, en el que también se empezó a investigar esa trama rusa, aunque englobaba otros asuntos relacionados con la presunta financiación del proceso independentista.

No hay desobediencia

Según detalla la fiscalía, el caso Volhov, cuyas prórrogas anuló la Audiencia de Barcelona, no era la única que contenía indicios sobre la injerencia rusa, sino que estos podían "extraerse" de la pieza Catmón-Igman, que dio pie a los registros que suministraron al juez material para indagar las presuntas conexiones con el Kremlin. Para el ministerio público, la "solución procesal" que adoptó el juez para proseguir su investigación sobre la supuesta injerencia rusa en una causa nueva con material procedente de la de Catmón-Igman no supone "en absoluto" una "desobediencia" a la Audiencia de Barcelona. Y precisa que la resolución de la Audiencia limitaba sus efectos a los delitos de malversación de caudales y blanqueo que se investigaron inicialmente en el caso Volhov, considerado "instrumental" y que ha sido un "repositorio de informes policiales" del que derivaban después otros procesos.

La fiscal subraya que "la injusticia" de una resolución (concepto necesario para la prevaricación) "no se puede apreciar por el solo hecho de que se produzca una simple contradicción en derecho", puesto que la "ley, en numerosas ocasiones, admite interpretaciones divergentes, y es lícito que el juez pueda optar, en atención a las peculiaridades del caso, por una u otra" explicación, "sin que esto comporte la comisión de un delito de prevaricación". Tanto Puigdemont, como Alay como Boye, entre otros investigados, han presentado recurso contra la apertura de la pieza separada por la presunta trama rusa.