El Gobierno sondea a las dos facciones de ERC para blindar la negociación de Presupuestos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se marca una fecha límite para presentar los Presupuestos de 2025. El mensaje que trasmiten desde el Gobierno es que se llevarán al Congreso cuando se garantice que haya el suficiente consenso para sacarlos adelante. Con el paso previo de la senda de déficit todavía sin aprobar, se estaba a la espera de que ERC resolviese en primarias la incógnita sobre su liderazgo para abrir formalmente las negociaciones. Sin embargo, los republicanos irán a una segunda vuelta a mediados de diciembre después de que Oriol Junqueras no lograse superar el 50% de los votos para evitarlo.

En Moncloa dicen no temer cambios en su relación con ERC, tanto si se impone Junqueras como si lo hace la lista alternativa encabezada por Xavier Godás, con el apoyo de Marta Rovira. Aunque reconocen el contratiempo por añadirse un nuevo retraso, fuentes directas de las negociaciones con los independentistas aseguran que “hablamos con todos”, en referencia a ambas facciones. Del grupo parlamentario en el Congreso, su portavoz, Gabriel Rufián, es afín a Junqueras, mientras que la diputada Teresa Jordà forma parte de la candidatura de Nova Esquerra. Unos sondeos por los que diferentes ministros socialistas coinciden en considerar blindadas las negociaciones, evitando mostrar preferencias.

Vox suspende la negociación presupuestaria con el PP por el posible pacto migratorio

Sin negociaciones formales, la presentación de los Presupuestos sigue lejos, aunque el pacto fiscal alcanzado por el Gobierno con todos sus socios es una bombona de oxígeno. Tanto para encajar el puzle de la mayoría de investidura, con intereses contrapuestos en materia de fiscalidad, como para poder asumir varios meses más de prórroga de las cuentas públicas. El acuerdo en fiscalidad permite asegurar la recepción del siguiente tramo de los fondos europeos, al aprobarse el impuesto sobre el tipo mínimo a las multinacionales que estaba vinculado a los compromisos con Bruselas del plan de recuperación. Asimismo, permite arrancar el año con un plan fiscal cerrado, con las premisas sobre las que se elaboran las cuentas públicas.

Queda por negociar el impuesto a las energéticas, al que se comprometió el Gobierno con Podemos y sus socios del arco progresista para salvar la votación de la reforma fiscal. Como el impuesto a la banca, el actual gravamen a los beneficios extraordinarios de las energéticas caducada el 31 de diciembre.

La intención pasa por presentar un proyecto de ley, y en caso de no dar tiempo, llevarlo vía decreto antes de que finalice el año. Desde el PNV ya advirtieron sobre su rechazo a incluir este impuesto, que siempre rechazaron al igual que Junts, en una suerte de decreto ómnibus con prórrogas de otras medidas o un paquete de nuevas ayudas para la reconstrucción tras la DANA que ha azotado Valencia.

Desde el Gobierno indican que no hay negociaciones formales todavía sobre los Presupuestos, pero que sí han avanzado en las negociaciones con varios de sus socios. Y lo que es más importante, respecto a asuntos pendientes con Junts, imprescindibles para allanar la negociación presupuestaria. Fuentes de Moncloa aseguran a este respecto que las conversaciones con los posconvergentes sobre el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña están encaminadas.

Compromisos pendientes

Un compromiso a cambio de que no tumbasen los primeros decretos del Ejecutivo y que todavía no se ha materializado. El propio Salvador Illa avanzó la pasada semana que la Generalitat tendrá “pronto” la gestión de dichas competencias. La intención es presentar un proyecto de ley en el Congreso con la firma de posconvergentes y socialistas.

En el capítulo de avanzar compromisos pendientes antes de abordar la negociación de los Presupuestos de 2025, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió este miércoles con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para abordar con ella el momento de la votación sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento. Un encuentro que por el momento no ha dado frutos.

La batalla porque las lenguas catalana, vasca y gallega sean consideradas oficiales en las instituciones europeas es un compromiso previo a la investidura, pues ya formó parte del acuerdo con los independentistas para hacer presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol. En Exteriores diferencian las estrategias de presión en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la UE. Esto es, para impulsar su uso por parte de los eurodiputados y para que el catalán, vasco y gallego sean reconocidos como lenguas oficiales. Para lo primero, algo que el Gobierno entiende como más factible, sería necesario un acuerdo administrativo entre España y el Parlamento Europeo. Para lo segundo, es preciso modificar los tratados de la UE y contar para ello con el aval de todos los Estados miembros.