EXAMEN FILTRADO
RTVE, sin sanciones a los sospechosos de filtrar el examen de oposición un mes y medio después de suspenderse
La corporación mantiene paralizada la investigación y renuncia a acciones a la espera de una resolución judicial que puede tardar años

Sede de RTVE en Prado del Rey, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, 23 de octubre, el real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de Administración de RTVE, modi / Ricardo Rubio - Europa Press
RTVE evita mover ficha un mes y medio después del escándalo de las filtraciones que obligó a suspender el examen de oposición a periodista, al que se presentaban más de 5.000 aspirantes, y a hacer una nueva convocatoria de la prueba. Tras lo sucedido, la corporación pública interpuso una denuncia ante la Policía Nacional y a nivel interno anunció una investigación interna que fue rápidamente aparcada, a expensas del proceso judicial. A día de hoy, no se han producido sanciones a los principales implicados en lo sucedido, que no han dejado de percibir un salario público.
Desde el primer momento el principal señalado fue el sindicato UGT de RTVE, al que distintas voces de la casa acusaban de haber ganado apoyo de los trabajadores -casi el 60% de la plantilla no tiene puesto fijo- a cambio del compromiso de facilitar la obtención de plaza y adelantar las preguntas del examen. Las sospechas cogieron fuerza cuando el pasado 17 de octubre, casi tres semanas después de suspenderse el examen, los medios de comunicación publicaran que un miembro de UGT en el tribunal, Julián Pérez Olmos, era el autor del documento que se filtró a ciertos aspirantes.
El implicado ya había sido miembro de otro tribunal designado por UGT en unas oposiciones anteriores en 2021, en las que precisamente consiguió plaza Guiomar Zaballos, que en el proceso suspendido por la filtración también formaba parte del tribunal por parte de UGT.
Solo después de publicarse esta información a través de los medios de comunicación, desde RTVE anunciaron la apertura de un expediente disciplinario contra él asegurando que la medida era "resultado del avance de las investigaciones". El expediente fue suspendido de manera inmediata, "ante la existencia de indicios fundados de ilicitud penal y a la práctica actual de una investigación policial", según alegó RTVE, de manera que se imposibilitaba la tramitación del expediente y de establecer sanciones. Se da la circunstancia de que Pérez Olmos no realizaba trabajos en la corporación al estar exento de servicio por sus funciones en el sindicato -era lo que se conoce como un liberado sindical-.
El miembro del tribunal de UGT no fue el único señalado. El pasado 22 de octubre la Policía Nacional detuvo y puso después en libertad a otro miembro de UGT por su implicación en las filtraciones, en el marco de la investigación. A día de hoy, la corporación ha apelado al procedimiento judicial para evitar sanciones, que en caso de faltas muy graves como esta contemplan la suspensión de sueldo hasta 60 días- o el despido. Fuentes de RTVE apuntan a que uno de los implicados fue suspendido de empleo como medida cautelar -no de sueldo-, pero desde la dirección de la corporación han evitado a este medio hacer comentarios al respecto.
RTVE, pendiente de renovarse
Desde el primer momento la actual dirección de RTVE ha sido acusada a nivel interno de tratar de encubrir las responsabilidades por su "connivencia" con el sindicato mayoritario UGT para mantener la paz social y evitar conflictos en la empresa. A esto se suma el hecho de que distintos altos cargos de Recursos Humanos son del sindicato UGT, al que también pertenece su todavía presidenta interina, Concepción Cascajosa.
El mandato de Cascajosa se encuentra en la recta final, con la previsión de que la última semana de noviembre el Congreso de los Diputados elija a José Pablo López como nuevo presidente de la corporación. La semana pasada el Gobierno y sus socios eligieron en segunda votación a los 11 consejeros que les corresponde a la Cámara Baja, y esta semana el PP elegirá a sus cuatro consejeros en el Senado.
Una vez completada la elección de los 15 nuevos miembros, quedará la elección de su presidente y quedará constituido el nuevo Consejo de Administración. La duda estará en si el órgano celebrará este noviembre su reunión ordinaria bajo la presidencia interina de Cascajosa o si se omitirá la reunión mensual. A partir de la constitución del nuevo Consejo de Administrador, se revisará la estructura directiva y está por ver si hay un cambio de estrategia en la investigación sobre las filtraciones de RTVE, que desde su creación se encuentra paralizada.
Prescripción a los seis meses
La ausencia de sanciones dentro de la corporación abre el debate sobre si será posible sancionar a nivel interno a los implicados. El Convenio Colectivo de RTVE establece que las investigaciones internas pueden suspenderse en caso de existir un procedimiento judicial, como es el caso, y asegura que los plazos se suspenden hasta que culmine ese proceso, algo que puede prolongarse durante años.
Las dudas jurídicas están en la posibilidad de que RTVE pueda aplicar sanciones a los trabajadores responsables de la filtración una que esto ocurra. Aunque el Convenio fija la suspensión de plazos, lo cierto es que este marco legal está supeditado al Estatuto de los Trabajadores, que prevalece sobre la legislación de RTVE y que estipula que las faltas muy graves prescriben "a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido", sin contemplar ninguna suspensión en esta prescripción. Una circunstancia que podría hacer que en abril los dos implicados conocidos puedan verse libres de responsabilidad en RTVE, más allá de las responsabilidades que puedan derivar de la eventual resolución judicial.
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