La vivienda condiciona la legislatura de Sánchez y dificulta aún más los Presupuestos

Cada vez que le preguntan por este complejo asunto, Pedro Sánchez asegura que esta será “la legislatura de la vivienda”. Puede que lo acabe siendo, pero de momento apenas se han observado cambios durante el primer año del nuevo mandato del líder socialista al frente del Gobierno. Los precios no bajan, ni en la compraventa ni en el alquiler, continuando una subida muy superior a la del poder adquisitivo de los ciudadanos. La vivienda pública escasea. Y la actual composición del Parlamento, más escorada a la derecha que en el anterior periodo, cuando se aprobó la primera ley integral de vivienda, presentada como un hito “histórico” que de momento no ha marcado un punto de inflexión, hace que la aprobación de iniciativas sea todavía más complicada. 

También dentro del propio Ejecutivo formado por el PSOE y Sumar, con manifestaciones como la de mediados de octubre, a la que asistió el socio minoritario y en la que se pidió la dimisión de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez. Fuera de la coalición, el nivel de dificultad aumenta, reconocen fuentes socialistas, porque el bloque de investidura está compuesto por fuerzas muy heterogéneas, con grupos que, al igual que con los impuestos, defienden posiciones a veces opuestas, como el PNV y Junts por un lado y Podemos, ERC y Bildu por otro.

La primera ley integral de la democracia apenas ha alterado el mercado tras un año y medio en vigor

Los morados, que según el PSOE son los más reacios ahora mismo a apoyar los Presupuestos del año que viene, más incluso que los posconvergentes, han puesto la vivienda en el epicentro de la negociación de las cuentas públicas. Junto a la ruptura de relaciones con Israel, el partido que lidera Ione Belarra exige bajar por ley los alquileres un 40%, una medida que el Gobierno rechazan de plano por “inconstitucional”.

Más fondos

El Ministerio de Vivienda, mientras tanto, resalta los pasos dados hasta ahora. “Este Gobierno ha multiplicado por ocho el presupuesto que destinaba Mariano Rajoy: 3.500 millones de euros frente a 470 millones. Gracias a este incremento, el Gobierno financia en torno al 70% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas”, explican fuentes del departamento. 

“Hemos aprobado la primera ley de vivienda de la democracia. Una norma que dota de instrumentos para garantizar y blindar el parque público de vivienda y controlar las subidas abusivas de los precios del alquiler en situaciones de oferta insuficiente y que tras tramitar las solicitudes de declaración de zona tensionada en Euskadi y Navarra, ocho millones de personas vivirán en zonas de precios limitados para el alquiler”, continúan en Vivienda, donde celebran que estas dos comunidades se hayan sumado a Cataluña. Allí, los precios cayeron en el segundo trimestre de este año un 5%. 

Pero el resto de territorios, la mayoría gobernados por el PP, rechazan aplicar la norma. “Esto tiene que ser un trabajo conjunto entre todas las administraciones para dar una respuesta firme a la ciudadanía. Instamos a que las comunidades autónomas trabajen por el cumplimiento de la ley de vivienda”, insisten en el ministerio, donde también destacan el compromiso de ampliar el parque público de vivienda hasta el 20% (en la actualidad es de alrededor del 2,5%, frente al 9,3% de la media europea, el 30% de Holanda y el 16,8% de Francia) y el de aumentar a lo largo de esta legislatura en 184.000 el número de inmuebles de alquiler asequible. Sin embargo, las mismas fuentes evitan concretar cuántos de estas casas se han entregado. “El ministerio ha movilizado más de 81.000 viviendas. Debido a que depende de la colaboración entre distintas administraciones y son distintos programas de inversión, se encuentran en diferentes fases”, contestan.

El Gobierno destaca el aumento de presupuesto destinado a cambiar el mercado inmobiliario, pero los socios reclaman medidas más ambiciosas

Un año y medio después de la aprobación de la ley, los datos sobre el problema de la vivienda, el tercero para los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), siguen siendo abrumadores. El desequilibrio entre la oferta y la demanda es colosal. Según el Banco de España, el país necesita entre 600.000 y un millón de casas más. La estimación resulta paradójica. A principios de siglo, se construyeron aquí tantas viviendas al año como Alemania, Francia e Italia juntas. Según el Observatorio del Alquiler, cada piso que se anuncia para alquilar en Barcelona concita a 350 interesados. En Madrid, 115.

Y los socios parlamentarios del Gobierno reclaman acciones más ambiciosas. No solo Podemos. Ninguna de las propuestas que el PSOE ha puesto sobre la mesa ha conseguido convencerlos. Ni siquiera a Sumar. Desde hace meses, todos los aliados reprochan al Ejecutivo su presunta inacción ante la subida de los precios de las viviendas. Esta misma semana, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, avisó a la ministra de Vivienda de que el próximo sábado, 23 de noviembre, hay convocadas manifestaciones en Barcelona y otras ciudades por el derecho a la vivienda. “Estas movilizaciones son siempre una señal de alerta. Tienen que responder a la pregunta de si están del lado de los rentistas y de los especuladores o del lado de la ciudadanía”, señaló Bailac. 

Este es el tono que llevan semanas empleando las formaciones de la izquierda (ERC, EH Bildu, Podemos y BNG) que reclaman una intervención directa en el mercado del alquiler, con un tope a los precios, y no conceder bonos para ayudar a pagar la renta, como anunció Sánchez. 

Los alquileres de temporada

Por lo pronto, ERC, junto al resto de partidos de izquierda, ha registrado en el Congreso, por segunda vez, una ley para regular los alquileres temporales. Hace dos meses, la iniciativa no prosperó debido al rechazo de Junts, pero los posconvergentes dan ahora muestras de querer debatir el texto. 

El más alejado de este acuerdo es el PNV, que en materia de vivienda reclama dotar de mayor seguridad a los propietarios para que decidan poner sus viviendas en el mercado del alquiler. Su portavoz, Aitor Esteban, lamentó hace unas semanas los fallos y "agujeros" que tiene la ley de vivienda, reclamó "retoques" y avisó de que la norma "ha asustado a muchos propietarios".

Sumar también ha planteado varias medidas sin consensuarlas con los socialistas. En pleno verano, la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, registró varias iniciativas para establecer por ley que los alquileres sean indefinidos y dotar a los ayuntamientos de la capacidad de declarar zonas tensionadas en las que aplicar el control de precios que contiene la ley de vivienda, esquivando así el bloqueo de las autonomías del PP a la norma. 

El fin de las 'golden visa'

El último movimiento del socio minoritario de la coalición se produjo esta misma semana, en plena negociación de la reforma fiscal del Gobierno. A cambio de su apoyo a la norma y de dejar caer el impuesto a las energéticas, los de Díaz han pactado con el PSOE introducir un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con el objetivo de desincentivar esta modalidad y que esas viviendas se destinen al mercado del alquiler tradicional.

“Este Gobierno prioriza el pacto con las fuerzas parlamentarias. Por ejemplo, esta misma semana se ha sacado adelante la derogación de todas las ‘golden visa”, concluyen en el Ministerio de Vivienda, en referencia al fin de los permisos de residencia a través de la compra de una casa por más de medio millón de euros. Se trata de una iniciativa importante. Pero menor ante el enorme volumen del problema.