Por qué la ley que beneficia a presos etarras vuelve al Congreso: ¿Qué pasará ahora con la norma?

Este lunes el Senado retomó la votación de la reforma de ley que podría reducir penas a algunos presos etarras que hayan cumplido años de cárcel en prisiones extranjeras. Después de que el PP hiciese valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aplazar la votación, la semana arrancó con un debate tenso entre el Gobierno y una oposición que había votado a favor de la reforma en el Congreso semanas atrás.

Estaba previsto que el proyecto de ley fuera de nuevo rechazado por la mayoría 'popular', pero que esta oposición quedase sin efecto práctico al no haberse registrado con anterioridad ninguna enmienda o veto que pudiesen traer de vuelta la norma al Congreso. Hasta el PP había admitido la semana previa que no contaba con recursos legales para dar marcha atrás a la reforma, más allá de rogar al Gobierno que la retirase. La sorpresa llegó cuando el presidente de la Cámara Alta, el 'popular' Pedro Rollán, informó del resultado de la votación.

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Una interpretación alternativa del reglamento de la cámara

Fue entonces cuando Rollán explicó que esta mayoría podía considerarse como un veto. La Constitución exige que es necesario que un partido presente formalmente esta propuesta de forma previa a la votación de la ley. Sin embargo, la secretaría general del Senado explica que "un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso". El informe añade que "ni en la Constitución ni en el Reglamento de la Cámara se prohíbe la existencia del veto no presentado como tal formalmente". De esta forma, sin que exista precedente alguno, la ley ha sido devuelta al Congreso.

En cualquier caso, la Mesa del Congreso ha decidido dar respuesta este mismo martes al Senado y remitir la ley al Boletín Oficial del Estado. Los letrados del Congreso han incidido en que el Reglamento del Senado fija un plazo de diez días desde la llegada del texto a la Cámara Alta para la presentación de un veto, que nunca fue registrado.