INDEMNIZACIÓN

Irene Montero paga 18.000 euros por llamar maltratador a un hombre

Los representantes de la titular de Igualdad han consignado la cantidad un día después de que diversos medios publicaran que Montero no había procedido a su pago en el periodo de ejecución voluntaria

Irene Montero.

Irene Montero. / EFE

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha pagado este viernes los 18.000 euros de indemnización que le impuso en junio el Tribunal Supremo por llamar maltratador a Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre.

La Abogacía del Estado, que representa a Montero en el proceso, ha pedido al Supremo que suspenda la ejecución del resto de la sentencia -que incluye la difusión del fallo en las redes sociales de la ministra- hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado por Montero, han informado fuentes jurídicas a EFE.

Los representantes de la titular de Igualdad han consignado la cantidad un día después de que diversos medios publicaran que Montero no había procedido a su pago en el periodo de ejecución voluntaria.

En junio el alto tribunal estimó parcialmente la demanda interpuesta por el exmarido de Sevilla, que fue condenada por secuestrar a su hijo e indultada por el Gobierno, y condenó a Montero al pago de 18.000 euros por daño moral al llamarlo maltratador durante la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres.

"Las madres protectoras -dijo la ministra- sufren injustamente y, en muchos casos, suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores".

Marcos denunció que Montero hizo estas declaraciones el 25 de mayo de 2022 tras conocerse que el Gobierno indultaba parcialmente a María Sevilla, condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de cárcel y a la pérdida de la patria potestad de su hijo por un delito de sustracción de menores de ese niño, al que no permitía acercarse a su padre.

El Ejecutivo rebajó la pena de cárcel a dos años, de manera que Sevilla no tenía que permanecer en prisión, y conmutó la retirada de la patria potestad -decretada por cuatro años- por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Aunque el alto tribunal señaló que la razón manifestada del indulto parcial a Sevilla fue "ser una madre protectora que defiende a su hijo de la violencia machista", el indulto no tenía conexión con la violencia de género.

Respecto a las palabras de Montero, el Supremo consideró que fueron "debidamente preparadas" y subrayó que se subieron a las redes sociales de la ministra, quien "no podía desconocer que los destinatarios asociarían a la indultada con la condición de víctima de violencia de género".