Justicia emplaza a los funcionarios a seguir negociando después de las elecciones

Después de estar todo el día reunidos, el Ministerio de Justicia ha emplazado a los funcionarios a continuar las negociaciones después de las elecciones generales del próximo 23 de julio, un ofrecimiento que ha sido considerado insuficiente por los representantes de los sindicatos que, no obstante, confían en que poder llegar a algún tipo de acuerdo cuando se reanude el encuentro en lo que aún queda de día, informaron EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, fuentes conocedoras del contenido de la reunión.

Tras las negociaciones de la tarde, el comité de huelga informó de que el Ministerio de Justicia se había limitado a entregarles "un documento de un folio de cuatro párrafos en el que ni siquiera traslada los planteamientos que había formulado verbalmente durante la mañana y que también eran absolutamente insuficientes" para los funcionarios.

Sin ninguna propuesta, añaden, solo se recoge el “compromiso del ministerio para continuar el diálogo iniciado una vez transcurra el periodo electoral” y solo en relación a una posible nueva ley de eficiencia organizativa de Justicia "sin ninguna mención a funciones ni a retribuciones".

Ante la nula oferta por parte de Justicia, los sindicatos presentaron su propia propuesta que incluye todas las reivindicaciones que dieron origen al conflicto, y solicitaron al Ministerio de Justicia un nuevo receso para su estudio y respuesta, que a las 20.30 horas aún seguían esperando. El objetivo es conseguir algún tipo de oferta que permita suspender las movilizaciones que iniciaron en abril.

Trato discriminatorio

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En cuanto Justicia acordó una subida de más de 400 euros con los letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios iniciaron unos paros parciales con el argumento de que ellos asumían responsabilidades en el día a día que oficialmente corresponden a ese cuerpo o a los jueces, por lo que reclamaban una adecuación retributiva a sus tareas reales.

Los paros, iniciados hace dos meses, fueron sustituidos por huelga tres días a la semana y después por paros de carácter indefinido, pero el ministerio no accedió a reunirse con ellos hasta que no amenazaron con llevar a la ministra, Pilar Llop, y su secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, al Tribunal Supremo por no sentarse a negociar. Entre otras alegaciones criticaban que Justicia se había reunido con jueces y fiscales, con los que también había acordado una subida salarial, y con los funcionarios ni se había reunido hasta este martes, lo que consideraban "clasista" y discriminatorio.