Francisco Martínez pide al juez que Kitchen salga de la Audiencia Nacional por falta de competencia

El 'número dos' de Interior durante los años en los que se desarrolló el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, desmantelado en la denominada Operación Kitchen, Francisco Martínez quiere que el enjuiciamiento de los hechos salga fuera de la Audiencia Nacional y corresponda a un juzgado ordinario. Así lo ha solicitado su defensa en un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que cuestiona que los seis delitos que se imputan en este procedimiento estén dentro del catálogo que la ley dice que competen a al órgano central.

La petición ha sido realizada por el nuevo equipo defensor de Martínez, que ejercen el ex fiscal Juan Antonio Frago y la abogada Verónica Suárez. La causa está pendiente de juicio tras concluirse la instrucción realizada por el juez Manuel García Castellón y se conocen incluso las peticiones de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción reclama penas entre las que destacan las de 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, para su entonces 'número dos' Martínez y para el director operativo de la Policía Eugenio Pino.

El juez de Kitchen archiva la acusación contra el único comisario que confesó el espionaje a Bárcenas

Para la defensa de Martínez, sin embargo, ninguno de los delitos por los que se procesa en en este asunto justifican la permanencia del asunto en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Se trata de los de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

"Lo cierto es que ninguno de todos los delitos por los que se han formulado acusación es competencia de la Audiencia Nacional para su enjuiciamiento -señala el escrito- El artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es muy claro en cuanto a qué delitos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional, siendo los demás descartados".

Pieza de Tándem

Añaden los letrados que la mera existencia de otro procedimiento del que trae causa, como es la Tándem -por los negocios presuntamente delictivos del comisario jubilado José Manuel Villarejo- no justifica tampoco la competencia de la Audiencia Nacional. El juez instrucción habría incurrido en una aplicación errónea de lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según esta parte, "pues existe una unidad de causa, no habiéndose separado la responsabilidad de cada investigado en distintas causas".

Así, argumentan que la macrocausa Tándem y la Kitchen "solo tienen en común al señor Villarejo y, por tanto, al no haber conexidad de hechos, sino un hallazgo casual en el registro de la finca del señor Vilarejo lo que procede es remitir la causa a los juzgados ordinarios".

Agregan que tanto por parte de Anticorrupción como por la del magistrado instructor "se empleó incorrectamente la figura de la pieza separada".

"Es evidente que estos hechos, la supuesta trama del Ministro, Secretario de Estado, unos cuantos comisarios y el entonces chófer del señor Bárcenas planearan sustraerle documentación no encajan de ninguna de las maneras que se puedan imaginar" entre el catálogo de delitos que la ley reserva a la Audiencia Nacional, insisten en su escrito ante el juez.

El precedente Pokemon

Asimismo, la defensa alude a un posible precedente que ya fue resuelto por el Tribunal Supremo a propósito del denominado caso Pokemon. Según recuerdan los letrados, el alto tribunal tuvo que dirimir el conflicto de compentencias surgido en torno a una de las piezas principales de este asunto, la denominada Vendex, que por delitos similares a los de Kitchen finalmente quedó residenciada en los juzgados de Lugo, rechazándose su remisión a la Audiencia Nacional.

Por otra parte, la defensa cuestiona que en este procedimiento sea Asuntos Internos y no Policía Judicial la unidad que haya procedido a la investigación de este asunto. Advierten que la citada unidad policial es "dependiente del Gobierno, más concretamente de la Dirección Adjunta Operativa", y que fueron sus integrantes los que "dosificaron a voluntad la presentación de atestados, solicitud de secretos de sumario, proposición de diligencias y la desclasificación de secretos de Estado.

Finalmente reclaman la unión a la pieza de determinados documentos que no constan en las actuaciones y que creen esenciales, como el oficio por el que se solicitó la entrada y registro en el domicilio de Villarejo y la diligencia judicial de todo lo que fue encontrado en dicho registro, entre otros.