El Supremo revisará el 8 de junio el procesamiento de Puigdemont por malversación

El Tribunal Supremo celebrará el próximo día 8 de junio una vista en la que revisará la decisión del juez Pablo Llarena de modificar el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont

, tras la reforma penal acordada entre el Gobierno y ERC, que derogó la

sedición

, por desobediencia y la modalidad más grave de

malversación

. Los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo serán los encargados de resolver los recursos de apelación presentados por la defensa y por la acusación que ejerce

Vox

.

Puigdemont, al igual que Toni Comín y Clara Ponsatí, aunque esta última solo tiene ya pendiente la desobediencia, recurrieron la decisión de Llarena, que se reafirmó en ella una vez que la Sala de lo Penal que juzgó el

procés

coincidió con su criterio y mantuvo la condena por malversación en su modalidad más grave para el presidente de ERC, 

Oriol Junqueras

, y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

La decisión del tribunal que juzgó el

1-O

 supuso que ninguno de ellos viera modificada la pena de inhabilitación que aún tenían pendiente, puesto que la pena de prisión les fue indultada por el Gobierno de

Pedro Sánchez

y ese fue el criterio que siguió Llarena con los huidos, entre los que también se encuentra Lluís Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Una vez que la fiscalía y la Abogacía del Estado revisaron la sentencia dictada por la Sala Segunda decidieron que no tenía sentido volver a recurrir el segundo auto de Llarena, en el que se ratificaba en descartar el procesamiento por desórdenes públicos agravados, opción por la que se inclinaban las dos acusaciones públicas. De esta forma solo ha recurrido en apelación Vox, pese a que en reforma se había adherido al recurso del ministerio público.

En su caso, Rovira también ha visto cómo la acusación que había en su contra se ha visto reducida a un mero delito de desobediencia, lo que permitiría volver a España, como hizo Ponsatí y antes que ella Meritxell Serret y Anna Gabriel, aunque estas dos últimas optaron por comparecer directamente ante el Tribunal Supremo y regularizar su situación. No obstante, en el caso de la líder de Esquerra aún debe aclararse si debe responder de algún modo por Tsunami Democràtic.

La eurodiputada de Junts forzó su arresto ante los medios y su conducción ante los juzgados de Barcelona, donde le comunicaron que se levantaba la orden de detención nacional que había en su contra y se la citaba a declarar en el Supremo, aunque no compareció en la fecha prevista, lo que supondrá que el juez Llarena proceda a volverla a citar un día que no coincida con ninguna comisión en el

Parlamento Europeo

.