El misterioso y largo viaje de la enmienda 'antiokupa' número 270 del Grupo Socialista

El grupo socialista intentó en enero de este año la puesta a punto de un proyecto de ley sobre la eficiencia organizativa del servicio público de justicia. Sólo pudo llegar hasta el informe de la ponencia, lo que no es poco. Pero es insuficiente. Falta que la Comisión del Congreso correspondiente apruebe el dictamen.

En ese informe, la disposición final primera no es la que intentó el PSOE durante el otoño de 2022. ¿Estamos ante un fracaso del grupo socialista? A medias.

Consciente del rechazo que causaba su plan, los de Patxi López no maniobraron a favor de su disposición final primera. Sabían que perderían. Pero no renunciaron, ni mucho menos. Mejor esperar.

Porque el plan del PSOE, que consiste en incorporar la enmienda número 270, la conocida como la "enmienda antiokupa" del partido de Pedro Sánchez, resucitará a mediados de mayo. El grupo socialista la defenderá ante la Comisión de Justicia del Congreso, según han señalado fuentes parlamentarias a este medio.

¿Un debate tergiversado?

Alrededor de la ley de vivienda, aprobada este jueves por el Congreso, se han celebrado varios debates: cómo topar los precios de los alquileres, cómo delimitar constitucionalmente los ámbitos competenciales o qué hacer con los pisos turísticos han sido tres de esos debates. Se pueden añadir más, pero uno no puede faltar: el de la ocupación ilegal de inmuebles.

Para el PP y para Cs, esta norma aún en ciernes, ya que tiene que verla el Senado, es una puerta abierta a la ocupación ilegal y un trato de favor a los ocupadores. Para los grupos defensores del proyecto, que son los que la han acordado y propiciado, no.

La secretaria general del grupo socialista en el Congreso, Isaura Leal, el pasado martes en rueda de prensa, tras acusar a la derecha de "tergiversar" el asunto, dio un dato e hizo una afirmación: se producen un 0,5% de ocupaciones ilegales de viviendas de bancos, fondos o grandes tenedores. No es cuestión que infunda "temor mayoritario", dijo. Y aseguró: el PSOE mantiene viva la famosa enmienda 270.

El viaje de esta propuesta de modificación de una ley para luego modificar otra, en este caso el Código Penal (sí, nuevamente el Código Penal), es digno de análisis. El portavoz del grupo, Patxi López, la anunció el 28 de septiembre. Anunció una enmienda para permitir desalojos en un plazo máximo de 48 horas, a contar desde la remisión del atestado policial o desde la formalización de la instancia de parte legitimada.

Dentro de la enmienda, el PSOE añadió que si la personas o las personas afectadas por la desocupación estuvieran en riesgo de exclusión social, especial vulnerabilidad o hubiera un niño/a en situación de desamparo, el juez o el tribunal movilizará a los servicios sociales y a los de protección de menores.

Unidas Podemos tardó 15 minutos en marcar su posición al respecto, ese mismo 28 de septiembre: ni hablar de la enmienda. Y la enmienda desapareció de la discusión parlamentaria.

Aparecer y desaparecer

Para reformar el Código Penal, que es ley orgánica, hay que usar una ley orgánica en trámite. O debe el Gobierno presentar un proyecto al respecto. O un grupo parlamentario, una proposición de ley. Esto último ha ocurrido esta legislatura, y en qué casos: la proposición de ley para cambiar los tipos de la sedición y la malversación es una; la proposición para cambiar la escala penal del 'sólo sí es sí' es otra.

Como la ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia tiene rango de "ley orgánica", aquí la introdujo el grupo socialista. Reapareció la enmienda 270 en enero de este año, pero fue una reaparición fugaz, pues, como se ha dicho, no se incluyó en el informe de la ponencia. Terminado el trámite, volvió a desaparecer la propuesta. Un acuerdo del PSOE con Unidas Podemos lo provocó: este tema, mejor hablarlo en la negociación de la ley de vivienda, pactaron socialistas y "morados".

Efectivamente, la enmienda se dejó ver de nuevo por la negociación de la ley que este jueves aprobó el Congreso. No duró mucho su presencia encima de la mesa de los representantes del Ministerio de Transporte, PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. No había ni un solo resquicio para acordar nada aquí. Así que la enmienda 'antiokupa' del PSOE, o su contenido al menos, volvió a desaparecer.

En mayo reaparecerá. Dentro de unos días. Será durante el debate y la votación de la Comisión de Justicia, paso decisivo para que vea la luz una norma que, en esencia, "acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos, mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia y la evolución de los Juzgados de Paz a modernas Oficinas de Justicia en los municipios", según destaca la exposición de motivos.

¿Cuál será el desenlace de esta enmienda que nació en septiembre de 2022, desapareció en enero de 2023, reapareció en febrero, volvió a desaparecer en marzo y a la que se espera otra vez en mayo? Dependerá del PP. Fuentes populares, preguntadas por ello, optan por la prudencia. Otras dos fuentes de la Comisión de Justicia no son demasiado optimistas. Aunque, según indican, la presión del PSC es muy fuerte (en la Barcelona metropolitana el problema es más acuciante, dicen), remarcan que no se atreverán a romper la sintonía con los aliados preferentes.

A Unidas Podemos, ERC y EH Bildu no les agrada en absoluto la enmienda 270. Podría suceder que si entra gracias a una pinza PSOE-PP, las tres formaciones se desmarquen del dictamen de la ley entera. Es un riesgo que los socialistas no van a asumir, cree una de esas fuentes.