Alejandro Abascal: "Estamos asistiendo a una politización del Código Penal, y eso no es correcto"

"Ningún mar en calma hizo experto a un marino". Alejandro Abascal Junquera (Oviedo, 1978) se acuerda mucho del lema marinero cuando observa el menú del día de su juzgado, el Central Uno de la Audiencia Nacional, y ve pasar macroprocesos de corrupción, narcotráfico, terrorismo yihadista... El magistrado, ovetense de veraneos en Luanco, asturiano de proselitismo y escapada periódica, ingresa en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.

Viene a hablar de la reforma del Código Penal en 2010 para acoger la responsabilidad de las empresas. ¿Balance?

Es un tema que me apasiona, el de mi tesis doctoral. La reforma con la que en 2010 se introduce por primera vez la posibilidad de que las empresas puedan delinquir fue de mucho calado, porque supuso una ruptura con nuestra tradición jurídica. En un primer momento, la inexistencia de un cuerpo doctrinal generó cierta huida de un asunto en torno al que no se registra una cierta normalización hasta 2014 o 2015. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha dictado 85 resoluciones que ya nos dan un cuerpo jurisprudencial para poder analizar dónde estamos con una cierta visión histórica.

¿Dónde?

El balance de estos trece años es positivo si se considera que se ha fomentado la prevención. Hoy es impensable que una empresa no cuente con un programa de "compliance", de cumplimiento, para prevenir la comisión de delitos. Esto es esencial por el riesgo al que se enfrentan las compañías y que no es tanto el arsenal punitivo del Código Penal como el reputacional, uno de los mayores daños que se puede provocar.

Otras renovaciones legislativas recientes no convencen tanto. La ley del "sólo sí es sí", la malversación y la sedición… ¿Qué ha pasado?

En Derecho siempre se dice que las reformas tienen que ser objeto de un estudio, de una reflexión. Cesare Beccaria, uno de los padres del derecho penal, dice en la introducción de su obra "De los delitos y las penas" que las leyes no pueden responder a partos casuales. Es del siglo XVIII. Ahora nos encontramos con procedimientos que denominamos de alta velocidad legislativa, en los que o no se cuenta con los informes preceptivos o no se tienen en cuenta. Las consecuencias que esto arrastra determinan los efectos prácticos perniciosos que luego encontramos.

¿Por ejemplo?

La reforma de diciembre de 2022, que deroga el delito de sedición y reforma el de malversación. Cuando se presenta un proyecto de ley desde el Gobierno es preceptivo recabar los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, pero no cuando son los grupos que apoyan al Gobierno los que impulsan una proposición de ley. Aquella reforma se hizo por esta última vía, y para más inri, el delito de malversación, uno de los más graves en materia de corrupción, se modificó a través de una enmienda de ERC incluida diez días antes de la aprobación de la reforma en el Congreso. Acometer una revisión de este calado mediante este procedimiento equivale a hacerlo sin la necesaria reflexión de los operadores jurídicos sobre sus posibles consecuencias.

¿La ley del "sólo sí es sí" encajaría entonces en el otro supuesto? ¿Hubo informes y no se tuvieron en cuenta?

Efectivamente. Y ese es el problema. Asistimos a una politización del Código Penal, que se está utilizando como una aventura de carácter político. O eres de la rebelión o de la sedición. O de la agresión sexual o del abuso. Y eso no es correcto. Estamos ante una cuestión técnica, en la que los técnicos tienen que opinar, porque ésta es una de las herramientas más importantes de las que dispone del Estado para defenderse de los ataques más intensos frente a los bienes jurídicos mas esenciales de la sociedad, y debe quedar fuera de toda connotación política. Está faltando reflexión, estudio, consenso...

En este contexto se han dicho además muchas cosas, de "jueces machistas" hacia arriba. ¿Sintió que se criminalizaba a toda la carrera judicial?

Son públicos y notorios los ataques que ha sufrido la carrera judicial en este tema de una manera absolutamente injustificada.

Fue candidato a vocal del CGPJ. ¿Qué dicen de nuestro sistema los cuatro años de bloqueo que ha cumplido el órgano de gobierno de los jueces?

Pertenezco a la Asociación Profesional de la Magistratura y a los candidatos nos escogieron en elecciones internas. La situación actual es insostenible. El Supremo tiene 22 vacantes como consecuencia de la reforma de 2021, que priva al CGPJ de hacer nombramientos a causa de la demora en su renovación. Si se le unen los tribunales superiores y audiencias provinciales con nombramientos pendientes, serían 79 en todo el país. La situación es dramática.

¿Sus remedios?

Los partidos deben ponerse de acuerdo para llevar a cabo ya una renovación del Consejo conforme a la ley actual. Ahora bien, también necesitamos que se aborde la reforma del sistema de elección de los jueces tal y como dice Europa, hacia un modelo de elección directa de los doce vocales judiciales por parte de los jueces. Es decir, renovación, sí, pero con reforma, con un mecanismo en la que los jueces tengan participación directa en elección de sus representables. Hay un problema de falta de acuerdo político que, según la sala de gobierno del Supremo, va a hacer que se dicten mil sentencias menos al año. Una locura que afecta al ciudadano en su día a día.

Pero no es solo eso lo que ralentiza la justicia.

En algún momento habrá que abordar también reformas de calado que agilicen los procesos penales para que no tengamos macroprocesos de siete años. No podemos seguir teniendo leyes de enjuiciamiento de 1880. Pero nos tenemos que plantear además la organización y demarcación judicial, el número de juzgados y cómo se organiza la oficina judicial. La reforma de la justicia no puede esperar más.

Vamos de huelga en huelga, de la de los letrados judiciales a la de los funcionarios. ¿Los siguientes van a ser ya los jueces y fiscales?

Las asociaciones judiciales han votado mayoritariamente a favor de que si el próximo 3 de mayo no se atienden sus pretensiones habrá un posible anuncio de huelga. Esperemos que se llegue a una solución y no haya que llegar hasta ahí, porque al final se hará más daño al ciudadano. Estamos poniendo el foco en los funcionarios, los secretarios o los jueces y perdemos el prisma real, que es el del ciudadano.