Una modificación necesaria

La reforma de la ley del sólo sí es sí ha quedado lista para su ratificación este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados una vez que la comisión de Justicia aprobó el dictamen del proyecto con los votos a favor de PSOE, PP, Cs, Junts y el PNV y la oposición de Unidas Podemos, ERC y Bildu. Vox ni siquiera se molestó en votar el texto. La modificación de la ley estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, venía justificada por la necesidad de poner coto a lo que desde el Gobierno se han denominado "efectos indeseados" de la norma y que, básicamente, han consistido en la revisión a la baja de las condenas de cerca de un millar de agresores sexuales, varias decenas de los cuales han quedado en libertad antes de lo previsto. Es un resultado derivado del principio de retroactividad, favorable al reo en aplicación de la ley más propicia y que, sin desearlo así los legisladores, era la del sí es sí.

La rectificación auspiciada por el PSOE responde a la alarma social causada por esas excarcelaciones y reducciones de condena. Y el riesgo de llegar a las urnas con esta pesada mochila. La modificación no impedirá, sin embargo, que eso siga ocurriendo para aquellos agresores sexuales ya condenados, pero puede evitar que se repita en condenas futuras. Para conseguirlo se han introducido en la ley algunas correcciones que facilitarán a los jueces una interpretación más severa, al mantener un único delito de agresión sexual pero diferenciar si hubo violencia o intimidación, lo que conlleva aumentar algunas de las penas mínimas.

Para los socialistas esas modificaciones no alteran la esencia de la ley aprobada en septiembre, y que se centra en el consentimiento expreso para mantener una relación sexual, entendiendo que la ausencia de este supone un atentado contra la libertad de la otra persona y, por tanto, un delito. Los socios de Gobierno, en particular, las ministras de Unidas Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, consideran, por el contrario, que la reforma altera el principio básico de la norma y han cargado contra el PSOE por "adulterarla" y por "humillarse" al pactarla con el PP. Un reproche que no tiene sentido mientras la violencia por parte del agresor sexual no sea el requisito para una condena contundente.  

Ante la negativa de UP a modificar la ley, tal vez por la "soberbia infantil" que les atribuyó la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el PSOE ha buscado en el PP el aliado necesario para poder aprobarla, lo que supone una notable excepción en lo que viene siendo la actitud de los dos grandes partidos, incapaces hasta ahora de pactar siquiera la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Es, pues, loable que los populares se hayan prestado a este acuerdo -en aras de defender el bien superior de las víctimas- cuando podían haber caído en la tentación de dejar que el Ejecutivo se cociera en la salsa de su propio error. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido, asimismo, rotundo al afirmar que la mejor manera de defender una de las leyes estrella de la legislatura y que supone un avance feminista es hacer esa modificación técnica del Código Penal.