La oposición sólo ha logrado reprobar a un ministro en una legislatura con avalancha de peticiones

Suele decirse que a la tercera, va la vencida. En este caso, ha sido a la vigésimo tercera. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibió la reprobación del Congreso por su "falta de sensibilidad, la ocultación de información, los datos falsos facilitados y sus mentiras vertidas en sede parlamentaria" sobre la tragedia humanitaria de Melilla que dejó mas de veinte muertos. En lo que va de legislatura, el ministro ostenta el récord de peticiones de reprobación, con 23. Los partidos de la derecha llevan toda la legislatura reprendiéndolo por su actuación al frente de la cartera de Interior: por supuestos contactos con el entorno de ETA para ofrecer beneficios penitenciarios a sus presos, por "irregularidades" en el cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y por el drama humanitario en Melilla. Es el único de la coalición que ha sido finalmente censurado.

La reprobación es una de las formas parlamentarias de que disponen los grupos políticos para mostrar que un miembro del Gobierno no goza de su confianza y recriminarle su gestión. Y en esta legislatura, las solicitudes están disparadas, según los datos recopilados por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. Son 76 peticiones en 63 iniciativas registradas, tres veces más que las 19 que entraron en la Cámara Baja entre 2016 y 2019, que hasta ahora tenía el récord. Todas llevan la firma de los partidos de la derecha, PP, Vox o Ciudadanos, a excepción de una registrada por ERC contra Margarita Robles en marzo de 2021. Los republicanos pidieron la reprobación y dimisión de la ministra de Defensa después de que varios mandos militares recibieran la vacuna contra la covid-19 sin ser colectivo prioritario. Seis meses después, la retiraron sin que llegara a votarse.

La mitad de las mociones de censura a ministros llevan la firma de Vox

Los ministros reprobados

La legislatura en que José Luis Rodríguez Zapatero se estrenó en el Gobierno fue la primera en que las solicitudes de reprobación alcanzaron las dos cifras. Se presentaron 16, más del doble que en la anterior. Después volvieron a caer hasta la llegada de los nuevos partidos: la legislatura más multicolor de la democracia, con Podemos y Ciudadanos sentados en el Parlamento, las elevó a 19. 

Fue también la primera en que prosperaron: la Cámara Baja censuró a cinco miembros del Gobierno de Rajoy. El titular de Justicia, Rafael Catalá, se convirtió en el primer ministro censurado por el Congreso -antes lo fue Magdalena Álvarez, pero en el Senado-. Le siguieron otros compañeros de bancada: Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda; Alfonso Dastis, de Exteriores -reprobado dos veces-; Juan Ignacio Zoido, del Interior; y Dolors Montserrat, al frente de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

En la era Sánchez se produjo otro hito: la entonces titular de Justicia, Dolores Delgado, fue reprobada por el Senado y dos veces por el Congreso, ostentando un no muy decoroso récord. El presidente la mantuvo en el Ministerio, pero tras las elecciones de 2019 y el nuevo gobierno de coalición, cesó como ministra y la propuso como Fiscal General del Estado.

Ofensiva contra Marlaska y Unidas Podemos

La llegada de Vox al Parlamento explica, en parte, que las solicitudes de reprobación se hayan multiplicado. Más de la mitad de las mociones de este tipo (32) llevan la firma de la ultraderecha, en alguna de ellas pidiendo de una vez la censura de hasta cuatro ministros. Le siguen Ciudadanos (18) y el PP (12).

Con permiso de Marlaska, la ofensiva de las derechas tiene como objetivos a los miembros de Unidas Podemos. La titular de Igualdad, Irene Montero, acumula nueve solicitudes, las mismas que el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Les sigue otra compañera de partido, Ione Belarra, con cinco, al frente de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030. Una más tenía el anterior titular, Pablo Iglesias, justo antes de abandonar el Gobierno. 

Más allá del ruido mediático, las reprobaciones tienen pocas consecuencias. Es el presidente el que elige a sus ministros y, por tanto, sólo él puede cesarlos. Aunque la Constitución no las contempla y ni siquiera las menciona el Reglamento del Congreso, las mociones de reprobación llegaron a la vida parlamentaria a través de los usos y costumbres, y están tan consolidadas que la Cámara Baja las contempla entre los tipos de iniciativas desde 1989. 

Hubo otros intentos antes: el primero fue en 1981, tras el escándalo del aceite de colza. El PSOE planteó la reprobación de varios ministros de UCD por su gestión de la intoxicación de más de 20.000 personas y la muerte de casi setecientas, y lo hizo a través de una enmienda que generó debates jurídicos sobre su encaje constitucional. Incluso hubo consultas al diccionario para comprobar si “reprobar” era sinónimo de “censurar”, una figura que sí recoge la Carta Magna contra el presidente del Gobierno y que tiene que ser constructiva. Tal y como recogen las crónicas de la época, se barajó cambiar el término “reprobable” por otro menos duro, “insuficiente”, pero la enmienda acabó tramitándose sin modificaciones. Es el origen de una figura parlamentaria con más uso que consecuencias.