CÓDIGO DE CONDUCTA

Reprimenda a los diputados y senadores por ocultar con quiénes se reúnen: ni un 10% informa

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA accede al último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, en donde se reprocha el parco contenido de las agendas de diputados y senadores

A pesar de que les obliga el Código de Conducta aprobado en 2020, ni un 10% de los 615 parlamentarios que hay en total muestra las reuniones que tienen con los lobbies

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 14 de marzo de 2023, en Madrid  (España).

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 14 de marzo de 2023, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Ángel Alonso Giménez

Una de las variables del "caso mediador" o del "tito Berni", en alusión al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, fue la opacidad en la que se movían y se mueven las agendas de sus señorías. Saber los lobbies con los que se reúnen es misión imposible, pero no porque las agendas, que son públicas, se encuentren en un link escondido dentro de un link apartado al que usted, si entra en la web, llegará tras bajar por la pantalla cinco veces... Bueno, tampoco es que estén muy accesibles, pero ésta no es la razón. La razón es que los diputados y senadores sencillamente no lo ponen.

Muestran sus reuniones orgánicas (ir a comisiones, ir a los plenos, etcétera) con profusión de detalles, y eso está bien, deben hacerlo, como recuerda el informe de 2022 que ha hecho la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, al que ha accedido este medio. Pero también deben mostrar sus reuniones con los lobbistas o representantes de grupos de interés y no lo hacen, y el organismo lo ha reprochado.

Sólo 24 diputados de los 349 que hay en total (no son 350 porque no se ha procedido al reemplazo del escaño del exdiputado canario Alberto Rodríguez) y 15 senadores de 265 han consignado tales encuentros, según sus cifras. Es decir: 39 de 614 parlamentarios.

Artículo 6.2 del Código de Conducta

Lo de la variable del caso "tito Berni" viene a cuento porque el exdiputado socialista por Santa Cruz de Tenerife se habría reunido en el Congreso con un empresario (el que da nombre al "mediador" de esta trama) con la finalidad, presunta, de ver la manera más fácil de lograr dinero público e impulsar negocios de renovables. El Gobierno y el PSOE se esforzaron en aplacar el malestar al respecto con dos recordatorios. No ha pasado un mes desde que el ministro Félix Bolaños, por un lado, y el portavoz parlamentario, Patxi López, por otro, hablaran de aprobar una ley sobre los grupos de interés o lobbies.

En el Congreso duerme una proposición de ley de los socialistas para reformar el reglamento y regular la relación con estos grupos. Esa propuesta terminará en el olvido porque el Consejo de Ministros impulsará otra en su lugar, si se cumple el compromiso de Bolaños. Una de las novedades más notables será la obligación de los lobbistas de inscribirse en un registro.

Que no haya ley ni significa que no haya regulación. La hay. Las Cortes Generales, en una reunión conjunta de sus Mesas (órganos de gobierno) en octubre de 2020, aprobó un Código de Conducta. En él, entre otras cuestiones, se dicen algunas cosas que deben cumplir los diputados y los senadores.

Vayamos al artículo 6.2, que indica: "Asimismo, los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

Y grupo de interés, lo refiere más adelante el Código, son "aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o modificación de iniciativas legislativas".

En el Congreso y en el Senado hasta el más bisoño sabe qué es una reunión con un lobby o con un lobbista. No piensen, por si acaso, que si no salen estas citas en las agendas es porque no se producen. Se producen a diario. En las Cortes se hacen las leyes y no hay sector que no cuente con una entidad encargada de defender sus intereses en esa ley.

"Un claro punto de mejora"

El mencionado Código de Conducta crea la Oficina de Conflicto de Intereses. No tiene ni tres años de vida. Ha emitido, con éste, dos informes, 2021 y 2022. Es uno de sus cometidos.

Fechado el pasado lunes, 27 de marzo, el informe contiene una serie de recomendaciones, entre ellas ésta: "Recordar a los parlamentarios la obligación que tienen de publicar sus agendas, en las que han de incluir, en todo caso, las reuniones que mantengan con los representantes de las entidades que tengan la condición de grupos de interés".

A continuación, el reproche. "Son una minoría los/las diputados/as y senadores/as que incluyen en su agenda reuniones y actividades distintas de las puramente orgánicas de la Cámara a la que pertenecen (reuniones de pleno, comisiones, subcomisiones, ponencias, mesa, junta de portavoces...)". Está hablando la Oficina, por si no lo han deducido ya, de reuniones con representantes de los grupos de interés.

La reprimenda no acaba aquí: "Se hace difícil dar por bueno, al parecer altamente improbable, un resultado como el que arroja la comprobación de las agendas de los/las parlamentarios en el Congreso y el Senado en el año 2022, donde quienes consignan otras reuniones 'institucionales', aparte de las orgánicas (asistencias a pleno o a comisiones), no llegan en ninguna de las dos Cámaras al 10% del total". Aquí está "un claro punto de mejora" en el cumplimiento de las obligaciones del Código, sentencia el informe.

"Un buen año"

El vacío de las agendas es un agujero, pero hay otro llamativo, aunque no tan relevante. Es el siguiente: han sido "varios" los casos de nuevas declaraciones de intereses económicos presentadas el año pasado con el apartado I en blanco. Es el apartado que pregunta por a) las actividades realizadas por el diputado y senador durante los cinco años anteriores a la adquisición de ambas condiciones que "hubieran podido condicionar la actividad política del interesado; y 2) le hubieran procurado ingresos económicos.

La Oficina efectuó las comprobaciones pertinentes y llegó a la conclusión de que las omisiones se debieron a errores de interpretación, pues sus señorías consideraron que eran lo mismo cuando no es así. Son asuntos "conceptualmente distintos", esgrime la Oficina. Hechas las aclaraciones, las carencias, sin excepción, fueron subsanadas.

Catorce consultas recibió la Oficina durante el año pasado, la mayoría de los propios diputados y senadores. Reseña el informe que también se registraron consultas en relación con los viajes parlamentarios, formuladas por personal del servicio jurídico. No precisa número.

La senadora del PP Ángeles Muñoz es el objetivo de la única consulta transmitida por un grupo, el socialista en concreto. Pidió el PSOE en el Senado la apertura de un procedimiento para dilucidar si el supuesto aumento del patrimonio de la alcaldesa de Marbella constituye una infracción del código de conducta. El caso es conocido. Según informa Europa Press, la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta ha fijado la semana del 8 al 12 de mayo como fecha límite para la elaboración del informe.

Hubo 11 nuevas declaraciones de intereses en el Congreso en 2022. 26 en el Senado. En todos los casos los parlamentarios consignaron las actividades e ingresos de los cinco años anteriores. Se registraron dos modificaciones de declaraciones ya presentadas en la Cámara Baja y 22 en el Senado.

Más datos. En el Congreso hay 349 diputados. Sólo uno terminó el ejercicio pasado sin haber presentado la declaración, pero fue porque acababa de tomar posesión del escaño, como indica la Oficina en el informe, y no le dio tiempo. Igual en el Senado: sólo uno, recién llegado, no rellenó la documentación preceptiva.

Y un dato más. La Secretaría General del Congreso recibió 48 regalos de otras instituciones o entidades, 12 menos que en 2021. La del Senado, 30, 11 menos. "No hay ninguna circunstancia especial que reseñar", apunta el informe.

El balance es positivo. El organismo concluye que 2022 ha sido "un buen año" en términos generales porque "se ha producido una mejora cuantitativa del cumplimiento de las obligaciones respecto al año anterior", "no ha existido conocimiento ni información sobre posibles infracciones del Código", han comenzado a aplicarse los requisitos sobre el informe, como la comunicación a las Mesas, la aprobación de las recomendaciones y la información a los grupos parlamentarios para que, a su vez, informen a sus integrantes; y, y esto es importante, ha aumentado el número de consultas, lo que la Oficina achaca al interés creciente por su trabajo.