ANÁLISIS

El dilema de los vocales progresistas: las dimisiones no garantizan renovar el CGPJ, que quedaría en manos de los conservadores

Una pérdida de 'quorum' paralizaría la actividad del Pleno, aunque seguiría funcionando la comisión Permanente

Primera reunión del Pleno del CGPJ tras la renuncia de Carlos Lesmes, con Rafael Mozo presidiendo el órgano.

Primera reunión del Pleno del CGPJ tras la renuncia de Carlos Lesmes, con Rafael Mozo presidiendo el órgano. / CGPJ

Cristina Gallardo

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, que integran seis vocales designados a propuesta del PSOE y una por Izquierda Unida, y al que hay que sumar el consejero de la cuota del PNV -que suele votar siempre con este grupo-, analiza desde finales de la semana pasada la posibilidad de propiciar una renuncia a sus cargos que tenga como consecuencia la pérdida del quorum del Pleno de este órgano. 

Se trata, en palabras de uno de los miembros de este grupo, de "estimular" la renovación de un órgano constitucional que está próximo a cumplir cuatro años y medio en funciones, algo que a nivel político se da totalmente por descartado en lo que resta de legislatura debido al bloqueo mantenido por el PP. Las dimisiones, en todo caso, no garantizan una reacción positiva por parte de los dirigentes populares.

Los vocales concernidos por este asunto -instado el pasado jueves por el vocal y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta mediante un mensaje de WhatsApp a sus compañeros- se enfrentan ahora a un difícil dilema porque, pese a la convicción de que la dimisión empieza a ser la última y quizá única solución a este estado de cosas, la realidad es que una decisión conjunta en este sentido sería más simbólica que práctica

La razón es que el Consejo seguiría funcionando, al menos su Comisión Permanente, que es la que adopta las decisiones del día a día, y además lo haría estando compuesta íntegramente por vocales conservadores. Se perdería además la presidencia progresista que ejerce actualmente Rafael Mozo en calidad de suplente, tras la dimisión del presidente Carlos Lesmes a finales del pasado mes de octubre.

El artículo 57 del Reglamento que organiza el funcionamiento del propio Consejo señala además que, "por razones de urgencia" y cuando no sea posible la celebración de un Pleno extraordinario, la Comisión Permanente podrá adoptar acuerdos "con excepción de los nombramientos discrecionales y de los que requieran una mayoría cualificada".

Además, para poder llegar a este punto sería necesario que todos los vocales de este grupo optaran por la opción planteada por Cuesta. "Somos todos o ninguno", han señalado fuentes del sector a este diario, reconociendo que de lo contrario no se obtendría el resultado esperado porque de los conservadores no esperan ningún paso adelante en este sentido.

La propia cuestión del quorum para la celebración del Pleno no está exenta de debate. Según el artículo 600.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno se constituye validamente con diez vocales y el presidente, si bien desde el sector conservador se advierte de que ese mínimo imprescindible podría rebajarse a tan solo 10 vocales si se considera que Mozo, al estar en el cargo de forma interina por la dimisión de Lesmes octubre, es solo un vocal más.  

REUNIÓN EL MARTES

Por el momento, la única en plantear formalmente su renuncia ha sido Concepción Sáez, que se lo comunicó formalmente y por escrito al presidente suplente el pasado día 13, sin que éste la haya aún aceptado en espera del Pleno del próximo día 30. Tras un primer encuentro de cinco vocales celebrado el pasado viernes, será el martes cuando, a partir de las 19.00 horas, se espera que el grupo completo celebre una reunión presencial que tome una decisión definitiva.

Los llamados a este cónclave son, además de los citados Mozo, Cuesta y Sáez, las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda, las cuatro designadas a propuesta del PSOE, más Enrique Lucas, que lo fue por los nacionalistas vascos.

Entre los puntos a valorar, el hecho de que el Pleno haya visto muy reducidas sus competencias desde que una reforma impulsada en marzo de 2021 por PSOE y Unidas Podemos prohibiera a este órgano realizar nombramientos en la cúpula de la carrera judicial.  Otra función importante que continúa teniendo este órgano es la de aprobación de informes de anteproyectos legislativos, aunque se plantea la duda de que, si son llevados al formato de Pleno extraordinario, no puedan ser aprobados finalmente en Permanente en cumplimiento del artículo anterior.

Esta comisión, que integran actualmente siete vocales -de los que tan solo tres son del bloque progresista-, no perdería la proporción de votos favorables necesaria para adoptar acuerdos, según las fuentes consultadas. De este modo seguiría cumpliendo con sus funciones disciplinarias y de concesión de licencias de bajas o estudios sin afectar a los miembros de la carrera judicial.

¿COMETERÍAN DELITO?

El dilema de los progresistas también pasa por organizar cómo se producirían las renuncias, algo que ya el pasado viernes un portavoz de este grupo se ocupó de calificar de "individuales y no colectivas", lo que parece aventurar que pudieran realizarse por 'goteo'. Así darían respuesta a las críticas que esta iniciativa ha despertado en el sector conservador mayoritario, alguno de cuyos miembros ha apuntado que la dimisión e bloque puede suponer "un delito de abandono colectivo del servicio" previsto en el 409.2 del Código Penal.

Otros miembros del sector conservador no creen que pueda aplicarse un delito a la conducta planteada por los minoritarios, si bien vinculan su propuesta al interés del Gobierno de Pedro Sánchez de forzar al PP a renovar de cara al inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea el próximo 1 de julio.

Otra cuestión a analizar el próximo martes son las formas empleadas por Cuesta, que algunos achacan a "un ataque de dignidad" al que no encuentran sentido en un momento en el que todos parecían haberse conformado con la actual situación una vez superada la crisis por los nombramientos de magistrados para el Tribunal Constitucional. En vez de haber sido llamados vía mensaje telefónico, que fue además filtrado a los medios de comunicación, varios vocales reconocen que la importancia del asunto debería haber requerido encuentros individuales, además de cierto sigilo.