Las claves del 'caso antenas' en Badalona por el que la Fiscalía pide prisión para Albiol

El 'caso antenas' de Badalona, la causa judicial con diversos cargos públicos locales investigados por la supuesta instalación irregular de antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana municipal, vuelve a estar de actualidad a raíz de la acusación de Fiscalía -adelantada en exclusiva por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica- contra Xavier García Albiol, exalcalde y candidato del PP a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

El Ministerio Público reclama para el popular dos años y diez meses de prisión, diez años de inhabilitación y multa de 9.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación, desde administrativa hasta urbanística y ambiental, al haber tolerado supuestamente la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona. Los aparatos no contaban con licencia para ser colocados, por lo que presuntamente eran ilegales.

¿Cuál es el origen de los hechos? ¿Quiénes son los cargos públicos implicados? ¿Qué consecuencias puede tener el caso en Badalona? Éstas son las claves para contextualizar el litigio.

El origen de los hechos

La Fiscalía comenzó a investigar los hechos a raíz de una denuncia del Sindicato de Funcionarios de Policía (SFP). La organización alertó de supuestas irregularidades en la instalación de dos antenas de Vodafone y Telefónica, erigidas entre 2012 y 2018 en terreno público y junto a la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona, aislada en el Turó del Caritg. El primer mástil, de 20 metros de altura, se colocó ocho días después de detectarse un problema de cobertura en la ciudad y sin necesidad de que mediara la solicitud de un permiso.

El SFP protestó también por la presunta alta radiación que emitían. Aseguró que triplicaban las emisiones de otros dispositivos similares y alertó del posible riesgo para la salud de los agentes. El esperpento llegó al punto que la Guardia Urbana prohibió en 2016 que los técnicos de las compañías accedieran a las antenas al no localizarse los contratos que las amparasen.

El Ministerio Público trasladó el caso al juzgado de instrucción 4 de Badalona en 2019. Según la denuncia que presentó, las compañías telefónicas no recabaron permiso para colocar los postes. Aún más, no se legalizaron nunca durante los seis años que se mantuvieron en pie ni reportaron ningún ingreso a la hacienda municipal. Xavier García Albiol (PP) y Dolors Sabater (Guanyem Badalona) se sucedieron al frente del ayuntamiento mientras las antenas funcionaron. Se retiraron al poco de que Álex Pastor (PSC) tomara el mando en junio de 2018.

La acusación de la Fiscalía

Los principales acusados en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal son Albiol, el exconcejal popular de seguridad Miguel Jurado y el exconcejal de Urbanismo de ERC Oriol Lladó. Además, figuran otros tres incriminados, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

La Fiscalía recalca que los aparatos requerían una licencia ambiental y urbanística que no se solicitó. En consecuencia, tampoco se otorgó. Además, advierte que situar los mástiles junto a la comisaría de la Guardia Urbana era incompatible con el Plan General Metropolitano de Barcelona.

A lo largo de la instrucción, el Ministerio Fiscal ha reprochado que los artilugios jamás obtuvieron el permiso pertinente. También recrimina que, a lo largo de seis años, no se abriera nunca un expediente para sancionar la anomalía y que las antenas acabaran desmantelándose sin que el consistorio ingresara nada a cambio.

Los cargos públicos implicados

La causa ha salpicado a concejales y cargos públicos de diferentes partidos, integrantes de dos gobiernos antagónicos. A García Albiol le implica porque, además de alcalde, se reservó las competencias de Urbanismo durante su cuatrienio al frente del consistorio. Era responsable de la concesión de licencias que, en este caso, no se concedieron. También estaba facultado para sancionar los incumplimientos, extremo que tampoco ocurrió en el caso de autos.

El dirigente popular es el encausado más relevante, pero no el único. El juzgado de Badalona también citó como investigado a Miguel Jurado, concejal de Seguridad en el ejecutivo de Albiol entre 2011 y 2015 y alcaldable del PP en Santa Coloma de Gramenet para las elecciones del 28 de mayo.

También está incriminado el exconsejero delegado de la empresa pública Engestur, Tomás Vizcaíno, designado por el PP. La Fiscalía señaló al cargo elegido por los populares por haberse reunido presuntamente con un responsable de Vodafone para apalabrar que la empresa montase un barracón y levantase una antena telefónica, esquivando el canal reglado para pedir la autorización. El Ministerio Fiscal tachó el procedimiento de "absolutamente irregular".

El sucesor de Vizcaíno en Engestur, Cristian Carneado, también se vio involucrado en la causa. Carneado es ahora concejal del PSC y ocupa la cartera de Seguridad en el Gobierno del alcalde Rubén Guijarro.

Asimismo, se ha investigado a Oriol Lladó, miembro de ERC y edil de Urbanismo en el tripartito que Sabater encabezó entre 2015 y 2018 y que, de hecho, dimitió como secretario de Comunicación de ERC a finales del pasado año.

Por último, un exjefe jurídico del área de Urbanismo de confianza de los republicanos y otrora concejal socialista, Josep Durán, también fue imputado, así como Xavier Salvà, director de Urbanismo durante la alcaldía de Albiol de 2011 a 2015.

Los ingresos que el ayuntamiento dejó de percibir

Una de las controversias a esclarecer es qué cantidad dejó de cobrar el Ayuntamiento de Badalona por la tasa que tendría que haber recaudado por ocupación de dominio público. El interventor municipal rebajó el importe que el consistorio dejó de recibir a una cuantía raquítica, de tan solo unos 89 euros por ejercicio. En total, la supuesta merma habría sido de 617,40 euros, una minucia para las arcas municipales.

En cambio, un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña eleva mucho más el importe que el consistorio dejó de reclamar. Lo tasa en 17.448 euros.

El SFP también echó en cara que las antenas no produjeran ingresos que revirtieran en la comisaría de la Guardia Urbana. El sindicato sostuvo que Miguel Jurado les garantizó que los postes reportarían entre 6.000 y 9.000 euros que se destinarían a reformar la sede policial. La organización aseguró que las mejoras prometidas no se efectuaron.

Las consecuencias en Badalona de cara a las municipales

El escrito de calificación de Fiscalía, revelado por EL PERIÓDICO, y la potencial apertura de juicio oral por el 'caso antenas' han mantenido durante los últimos meses y, de hecho, todavía mantiene en vilo a los cargos públicos de Badalona investigados, especialmente a los que forman parte de candidaturas de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, entre los cuales destaca Albiol (PP).

Sobre las consecuencias a corto plazo que la reactivación del caso le puede acarrear al popular, fuentes del PP de Badalona remiten a un comunicado oficial en el que el exalcalde se desvincula de la supuesta instalación irregular de las antenas de telefonía móvil añadiendo que "sorprende que a dos meses y medio de elecciones municipales la Fiscalía haga esta acusación".

Los Estatutos del PP hacen referencia a que cuando opere imputación judicial contra un cargo público en torno a delitos de corrupción como por ejemplo la prevaricación, "se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente", escenario que en el 'caso antenas' depende ahora del juez de Primera Instancia. La resolución de ese expediente disciplinario no está prevista hasta la sentencia o, en su caso, el sobreseimiento.

Por su parte, Miguel Jurado, concejal del equipo de Albiol y actual alcaldable del PP en Santa Coloma de Gramenet, asegura no haber recibido la acusación de Fiscalía y se reserva su reacción para entonces.