CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El 'no' a una norma balear sobre alquiler delata el estado de la ley de vivienda: al borde del abismo

Los votos en contra del PSOE y el PP han provocado el rechazo a tramitar en el Congreso una ley del Parlamento de Baleares dirigida a la limitación de la subida de los alquileres

Esta decisión del grupo socialista despierta el enfado de ERC con la negociación de la futura ley de vivienda y muestra que está muy lejos de aprobarse

Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC. / EFE

Ángel Alonso Giménez

Pilar Vallugera es diputada de ERC por Barcelona. Licenciada en Derecho. Este martes ha intervenido en el debate sobre la toma en consideración de la propuesta del PSOE para reformar la ley del ‘sólo sí es sí’. Era la intervención estelar, dada la expectación política y la vigilancia mediática. Pero antes, nadie mirando o escuchando con demasiada atención, tomó la palabra para expresar la posición de su grupo sobre un tema muy diferente: la admisión a trámite de una proposición de ley del Parlamento de Baleares destinada a contener el alza del precio del alquiler en las islas.

Vallugera, estilo vehemente, ha dicho que ERC está a favor de tramitar la propuesta, pero no sólo ha dicho eso. Como el texto contiene uno de los principales objetivos de la futura ley de vivienda, atascada en el Congreso desde hace casi un año, se ha referido a las formas de la negociación y al fondo de las conversaciones con el PSOE, Unidas Podemos y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Lo primero que ha denunciado ha sido un golpe duro al Partido Socialista. Resulta que el grupo que dirige Patxi López se ha opuesto a la tramitación de la proposición balear, y ese voto, unido al del PP, Vox y Cs, ha provocado el rechazo contundente del Congreso. Es cierto que el representante socialista, Pere Joan Pons, ha alabado la medida insular por cuanto “enriquece el debate” sobre la vivienda, pero acto seguido ha remarcado que es “ahora innecesaria”. Es en el trámite de la ley estatal en donde hay que poner toda la carne en el asador.

A Vallugera, que sabía de antemano la decisión, la actitud socialista le ha proporcionado una percha inmejorable de la que colgar la diatriba. Y así ha empezado: 

“Estamos en plena negociación de la ley de vivienda. ¿Para qué sirve votar al PSOE en sus diferentes marcas de los países catalanes cuando votan una cosa en unos parlamentos y luego votan lo contrario en el Congreso? Regalan los oídos. Que está muy mal lo de los pisos, que hay que contener los precios, que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, nos ponemos manos a la obra… Y entonces presentan un proyecto de ley –el de vivienda– que no hay por dónde cogerlo”.

Vallugera es la negociadora de ERC en este asunto. Sabe lo que dice, por tanto. Quizá por ello, ha propinado golpes también a Unidas Podemos. “Y ahora vienen las elecciones –las autonómicas y municipales de mayo–, y he aquí el drama: lleven un registro de lo que dicen porque su falta de coherencia es lo que determina la extremada lejanía de los ciudadanos respecto a los partidos”.

La incoherencia

Hace un par de semanas se reunieron los negociadores del Ministerio, del PSOE, de Unidas Podemos, de ERC y de EH Bildu. El Gobierno sabe que con los dos partidos independentistas debe construir la base de la mayoría parlamentaria necesaria. Aquí ha hecho un ejercicio de posibilismo: si está negociando con ambos es porque ambos están dispuestos a sacar la ley. El PNV, por ejemplo, no. Si entran los republicanos y los abertzales, entrarán seguramente Más País, Compromís, quizá el BNG…

Vallugera estuvo en esa reunión, que no salió bien. Resulta que el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño hizo unas observaciones al documento en el que estaba trabajando el Ministerio que dirige Raquel Sánchez, y entonces el papel que llevó el Ejecutivo no coincidió con lo que dijeron a ERC y a EH Bildu que el papel contendría. La diputada de Esquerra se enfadó y ahora mismo los catalanes están lejos no, lejísimos de respaldar la propuesta del Gobierno. Fuentes parlamentarias confirman a este medio dicho extremo. Y sin este grupo, misión imposible.

Debido al enfado, Vallugera ha pronunciado unas palabras que son reveladoras: “¿Estamos o no estamos por la contención de las rentas de alquiler? Pues entonces que Pedro Sánchez coja a Nadia Calviño y que le diga que aquí manda Raquel Sánchez y que habrá tope a los precios de alquiler porque, si no, no habrá ley. Que Sánchez le diga a Calviño que pisos nuevos en el mercado, tendrán topes y referencia porque, si no, no habrá ley. Y que le diga que los gastos han de ir a cuenta del arrendador, no del arrendatario, porque si no, no habrá ley”.

Para rematar, una advertencia a PSOE y Unidas Podemos: “Tomen nota: lo que nos tengamos que decir, nos lo decimos en el atril del Parlamento o en las reuniones. Dejen de usar a la prensa. Ha sido una vergüenza ver cómo en el Gobierno se contradecían los unos a los otros. Eso nos debilita. Hagamos el trabajo de manera honesta y leal. Ya les digo que si quieren ley de vivienda, han de cumplir unos mínimos”, ha advertido. 

Y una coda: “Ya me he hartado con esta ley de mirar dónde está la bolita. Pactan unas cosas y escriben otras. No es esa la buena fe negociadora”.

El desmarque de Unidas Podemos

No ha intervenido EH Bildu en este debate. Hubiera sido interesante. Sí lo ha hecho Íñigo Errejón, de Más País, quien ha instado a aprobar la ley de vivienda esta legislatura. Ha dicho, con todo, que apoya la toma en consideración de la propuesta del Parlamento balear. Igual que el BNG. E igual que el PNV. Y el PDeCAT.

E igual que Unidas Podemos, que se ha desmarcado del PSOE. Una señal, sin duda. Señal de que las cosas con la futura ley de vivienda no van bien. La diputada balear en el Congreso Lucía Jover ha sido la encargada de fijar la posición. Ha abogado por una intervención del Estado en el mercado, para lo que la norma en ciernes servirá de trampolín, pero también ha defendido las medidas de la iniciativa del Parlamento insular, cosa que el PSOE no ha hecho.

Cuando el Congreso debate la toma en consideración de proposiciones provenientes de las asambleas autonómicas, una representación de ésta, una terna por regla general, acude al hemiciclo, ocupa una porción de escaños de uno de los laterales y expone la medida en la tribuna de oradores. 

Ha sido el caso de Josep Baró, de Més Per Menorca; Joan Ferrer, de los socialistas baleares; y de Pablo Jesús Jiménez, de Unidas Podemos. Los tres, obviamente, han desgranado las bonanzas de la propuesta, así como las ideas principales que la justifican. El más gráfico ha sido Baró gracias a afirmaciones como ésta: “¿Saben cuantos años de sueldo necesita una persona en Baleares para adquirir una vivienda? 16 años de sueldo. La media estatal está en siete años. La situación es dramática”.

Urge actuar desde el poder legislativo. Baleares lo ha hecho. Como carece de competencias para influir en los precios, como todas las comunidades (la última norma al respecto, la catalana, fue tumbada por el Tribunal Constitucional), ha dirigido su propuesta al Congreso. Se trata de reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es “donde está el problema” de los precios del alquiler, según ha destacado el líder del PDeCAT en la Cámara, Ferrán Bel.

La propuesta de modificación incide en la opción de prorrogar el contrato en plazos anuales hasta un máximo de tres años, y sobre todo, en la vía para conferir a las comunidades autónomas la potestad de “establecer legislativamente regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler de viviendas en aquellas zonas de mercado residencial tensionado”. Podrán las autonomías, por tanto, perfilar los criterios que regulen esas zonas tensionadas.

Bien porque consagra el respeto a la esfera competencial de las comunidades en materia de vivienda, bien porque muestra el vacío regulatorio del Estado con los precios, la propuesta ha suscitado un grado de apoyo políticamente muy relevante. Unidas Podemos y ERC, claves para forjar la nueva ley estatal, han dicho “sí”. PNV y PDeCAT, que podrían serlo, pero no lo serán, han dicho “sí”. Pero el PSOE ha dicho "no". Y es algo que, como ha ilustrado Vallugera, refleja el mal momento de salud del proyecto de ley estatal, a un paso del abismo.