Promesas rotundas, leyes olvidadas: la (in)capacidad del Congreso para regular los 'lobbies'

Dos altos cargos del PSOE han hablado esta semana sobre el proyecto de ley del Gobierno para regular las relaciones de los cargos políticos con los grupos de interés o lobbies. El primero fue el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, quien se enorgulleció de que sea su formación la que tiene registrada en la Cámara una propuesta al respecto. Tuvo un lapsus y se refirió a la “regulación de los ‘jovit’ (sic)”, lo que evocó a los hobbit de El Señor de los Anillos y propició un reguero de guasa y broma que hasta a la política española actual va bien.

El segundo fue el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. El pasado viernes, en la Comisión Constitucional del Congreso, se comprometió a llevar al Congreso el proyecto legislativo sobre los grupos de interés con el objetivo de dotar de “mayor transparencia” a la actividad de los cargos públicos. Entre sus principales aportaciones, “la nueva obligación de inscribirse en un registro”.

El caso es que a mediados de noviembre de 2022 el Consejo de Ministros presentó un borrador del citado proyecto, es decir, un anteproyecto. Necesita ahora una serie de modificaciones para que, en segunda vuelta, vea la luz y salga de Moncloa rumbo al Congreso de los Diputados. O el Gobierno se da prisa para que eso ocurra o las posibilidades de que acabe esta legislatura (una más) sin una regulación de los lobbies serán cada vez más altas. Este ciclo ha entrado ya en la recta final. Las semanas perdidas pesan mucho ya.

Podría haberse evitado esta prisa (si es que hay prisa, que de momento nada indica que la haya) si los grupos se hubieron puesto a trabajar sobre una proposición de ley registrada por el PSOE y admitida por la Cámara en mayo de 2021. Sí, han leído bien: mayo de 2021, hace casi dos años. Es la propuesta a la que se refería Patxi López tras corregir el lapsus de los "jovit" o hobbit.

La parte buena: las promesas

El 25 de mayo de 2021, el diputado socialista Julio Navalpotro defendió la toma en consideración de una proposición de ley encaminada a reformar el reglamento del Congreso. En esencia, pretende añadir un nuevo título, el XIV, para regular ahí la relación con los grupos de interés.

Un inciso antes de recordar lo que pasó aquel día. La relación con los lobbies es habitual en el Congreso. La explosión mediática del ‘caso Mediador’ ha provocado que nuevamente vuelva el foco a las relaciones de sus señorías con empresarios o con emisarios de empresarios. El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el ‘Tito Berni’ en esta historia de presunta corrupción, dijo a la jueza que instruye la causa que es habitual que desfilen por la Cámara los empresarios y figuras similares.

Desfile, desfile… Lo que hay es más o menos lo mismo que hay en numerosos parlamentos de otros estados. Al Congreso van los empresarios o sus delegaciones a reunirse con sus señorías para influir en la redacción de las leyes. Van agrupaciones sindicales, van representaciones empresariales, van asociaciones… 

Para redactar la ley audiovisual, por ejemplo, los ponentes se reunieron con todos los sectores implicados. Con todos. Es su trabajo. Dos de esos ponentes contaron a este medio la agotadora dedicación que les costó aquella norma, con muchos intereses en juego. Fue un proceso exhaustivo y extenuante porque se vieron con productoras grandes, productoras pequeñas, plataformas audiovisuales, cadenas de televisión, asociaciones de anunciantes, y así hasta un largo etcétera. 

¿Alguien cree que plataformas sociales o fondos de inversiones, ante la posible aprobación de una nueva ley de vivienda, no están hablando con los diputados ponentes o con cargos gubernamentales? Si no lo han hecho ya, lo harán. Es habitual, es rutina. Está tan asumido que en ocasiones hasta se convoca a la prensa para contar lo hablado durante la reunión del diputado/a con la entidad que sea.

Otra cosa son las reuniones de un parlamentario o de varios con empresarios sedientos de dinero público para sus negocios… Eso es otra cosa. Ocurre también, quizá en mucha menor medida, pero ocurre. De ahí suele venir la corrupción, y para evitarlo, hay que regular.

Terminado el inciso, volvamos al 25 de mayo de 2021. Navalpotro, del PSOE, afirmó que con la medida su partido “quiere impulsar la agenda reformista y de mejora de la calidad democrática”, una “seña de identidad”, añadió, de los socialistas. Ahondó en que si se aprobara, se convertirá en “la primera” regulación de la relación entre los grupos de interés y el Congreso. Se pondría fin a “una asignatura pendiente del parlamentarismo español”, remató.

Estas palabras dan una idea del tamaño del agujero regulatorio. Se ha avanzado, no obstante, aunque poco. A finales de 2020, las Cortes Generales aprobaron un código ético encaminado, sobre todo, a disuadir a los diputados y senadores de incurrir en “conflictos de intereses”. Se creó una oficina al respecto y se establecieron cauces de actuación. El Senado ahora está trabajando en el caso de Ángeles Muñoz, del PP, alcaldesa de Marbella, en concreto en el volumen de su patrimonio. En el Congreso no consta actuación alguna. Por ahora.

Cs intentó una norma en 2016, el PP en 2017. El PSOE, en 2021, se puso manos a la obra tras dar un paso meramente político-simbólico con una proposición no de ley. En febrero, la Comisión Constitucional aprobó esta declaración: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política”.

Medidas de la proposición de ley del grupo socialista, que es de ley porque afecta al reglamento del Congreso, que tiene rango de ley: un registro de grupos de interés, un código de conducta de obligado cumplimiento para tales grupos, imposibilidad para los diputados de trabajar para estos grupos durante los cuatro años posteriores al cese en el escaño, publicación en la web del Congreso de las agendas de reuniones e interlocuciones (esto ya consta en el código ético de las Cortes), publicación de informes de huella legislativa, es decir, enumeración de las modificaciones que experimente una norma; y un régimen de sanciones.

Ana Oramas, de Coalición Canaria, de las más veteranas en la Cámara, proclamó aquel día de mayo de hace dos años: “Ya es hora de que el Congreso regule y dé transparencia a algo que sucede en esta Cámara y en todos los parlamentos del mundo”.

El PSOE logró 207 votos a favor de la admisión a trámite, incluidos los suyos, claro. Vox votó en contra. El PP se abstuvo.

La parte mala: les leyes olvidadas

El diputado del PP Pedro Navarro defendió la paralización del trámite el 30 de septiembre de 2021. Presentó una enmienda a la totalidad y un texto alternativo. No triunfó, pero en su declaración subrayó las, a su juicio, lagunas de la propuesta socialista. Primero y más importante: una reforma del reglamento requiere mayoría absoluta. Quizá fuera interesante, comentó, que el PSOE hablara con su grupo, ya que la suma de ambos supera con creces los 176 escaños.

Segundo: no puede ser que haya control de la actividad de los diputados y no haya de la actividad de los cargos del Gobierno. Tercero: el régimen disciplinario por el que aboga el PSOE es “abiertamente inconstitucional”. Cuarto: incongruencia en las incompatibilidades, porque mientras un ministro puede volver a su puesto de trabajo dos años después de haber cesado, el diputado tiene que esperar cuatro.

Luego, Navarro destacó las dos líneas maestras de la proposición del PP: registro obligatorio y huella legislativa. Más o menos como aquella propuesta que su grupo planteó durante la legislatura XII (2016-2019). Propuesta que murió en la orilla porque la legislatura terminó antes.

Gracias a 185 votos en contra del postulado del PP, el PSOE sorteó la enmienda a la totalidad de Navarro, quien, no obstante, concitó 148 apoyos.

Quedó libre de obstáculos la propuesta socialista, pero no sirvió de revulsivo. La proposición acumula 66 semanas de prórrogas de enmiendas. Tiene lógica si de lo que se trata, como es el caso, de que se tramite antes, o por encima, el proyecto del Gobierno, del que sólo se sabe lo que dijo Bolaños el viernes, es decir, una promesa rotunda más.

El grupo del PSOE, en aquella proposición no de ley de comienzos de 2021, destacaba los beneficios de la regulación de los grupos de interés: por un lado, para estos grupos, “pues les daría unas pautas claras de cómo deben actuar en su relación con los poderes públicos”; por otro, para estos mismos poderes, “ya que les serviría para canalizar las demandas de la sociedad civil”; por último, para la ciudadanía, porque “podría acceder a una información que ahora permanece en la opacidad”.

Que haya una huella legislativa (seguimiento de modificaciones) y un registro de obligatoria inscripción parecen medidas destinadas al éxito. Las defienden PSOE y PP. Son, de hecho, las aportaciones estelares del anteproyecto del Gobierno, aunque sobresalen otras: pauta las relaciones entre cargos y lobbies, define la “actividad de influencia” y concreta quiénes serán y quiénes no serán grupos de interés.

Y todo esto iluminaría sin duda esa zona de sombra contigua al Congreso, la de las relaciones con quienes quieren influir en los que hacen las leyes para que se preserven o mejoren sus intereses (de ahí la expresión ‘grupos de interés’). Pero estamos en marzo de 2023 y la regulación vive en un rincón que nadie mira o que, si mira, mira poco.