Atrapados por el hilo invisible del ‘mediador’

Un manojo de secretos revelados por un personaje de dudosa reputación, el Mediador, ratificados luego por transferencias y facturas abonadas en burdeles de Madrid, restaurantes y viajes a Canarias durante los meses crueles de la pandemia, mantienen al PSOE en una situación comprometida desde el pasado 14 de febrero, fecha en la que la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ordena desde Santa Cruz de Tenerife las primeras detenciones del caso Mediador.

Hay, hasta el momento, una docena de investigados por cinco delitos de corrupción que afectan a cargos públicos, funcionarios, abogados y empresarios. El PSOE ha expulsado al único diputado nacional implicado hasta la fecha, el majorero Juan Bernardo Fuentes Curbelo, tito Berni, pero en Ferraz hay preocupación porque las elecciones están a la vuelta de la esquina.

Mientras, Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que da nombre al caso, recorre los programas de la tele con el viejo mantra del chantaje y la amenaza velada. Asegura que a una de esas 'fiestas' asistieron más parlamentarios y senadores socialistas. Proporciona, incluso, una cifra, 15, pero el partido lo desmiente y anuncia querellas contra las insinuaciones vertidas. Esas cenas o comidas en Madrid, sostiene el PSOE, nada tienen que ver con las noches desenfrenadas de tito Berni, siempre en compañía femenina junto a su sobrino Taishet y el propio Navarro. Había alcohol, viagra, cocaína.

Al margen de la repercusión política de esos escarceos sexuales, que fueron grabados por el mediador, la juez centra la investigación en el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo; su sobrino y exdirector de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, y el general de división Francisco Espinosa Navas, con importantes conexiones empresariales en las Islas, sobre todo en la provincia de Las Palmas, donde ejerce de coronel jefe de la Guardia Civil durante cuatro años, entre 2008 y 2012, hasta que el Gobierno del PP, con Juan Ignacio Zoido como ministro de Interior, lo asciende para dirigir las misiones europeas de cooperación internacional que España lidera en los países africanos del Sahel. El ministro y el general se conocen en Sevilla, ciudad en la que nacen y en la que se cruzaron sus destinos profesionales.

Espinosa se jubila en enero de 2021, pero hasta finales de julio permanece al mando del proyecto europeo Gar-Si Sahel, donde se dedicaba a realizar labores de formación y de vigilancia para combatir a los grupos organizados que operan en el cuerno de África, susceptibles de operaciones de narcotráfico y de terrorismo yihadista.

Es, por tanto, un funcionario de alto rango en servicios especiales que forma parte de la élite de la Guardia Civil, con acceso a información sensible para los intereses nacionales. A la juez Lorenzo-Cáceres, sin embargo, no le tiembla el pulso al decretar su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, convirtiéndose, quizá, en el primer general de división de la historia reciente de España que está entre rejas.

¿El motivo? Hay una investigación en curso y existe riesgo de destrucción de pruebas. A la magistrada, además, le inquietan los 'antecedentes' del general, que fue investigado en una pieza separada del caso Unión por avisar a María Isabel Déniz de su inminente detención en Lanzarote. La entonces alcaldesa de Arrecife es prima de Ángel Ramón Tejera, Món, un constructor con importantes contratos en la Guardia Civil del que se hablará más adelante.

La pieza abierta por revelación de secretos fue sobreseída de manera provisional, pero al PP no le importó esta primera mancha en el expediente de Espinosa para ascenderlo de coronel a general y destinarlo luego a las misiones de cooperación internacional.

Pero eso es otra historia. Ahora, 13 años después del supuesto chivatazo de Unión, Espinosa vuelve a estar en apuros. La juez no solo le atribuye los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, sino que le sitúa en la cúspide de una red especializada en aprovechar la posición institucional del congresista y del general para 'seducir' a los empresarios, con la finalidad de recibir comisiones y de aceptar prebendas a cambio de contratos o de hacerles favores urbanísticos de diferente naturaleza, desde montar placas solares en hoteles o explotaciones ganaderas, hasta levantar sanciones o evitar inspecciones a las instalaciones del sector primario.

Todo con la intervención estelar de Navarro Tacoronte, que es el ingrediente secreto de todas las salsas, el conseguidor que se reúne con políticos y empresarios para luego entregar los sobres con el dinero. También gestiona los números de cuenta que le proporcionan los Fuentes para recibir las transferencias por los servicios prestados, o la tarjeta prepago que quiere usar el general para no dejar rastro de sus gastos, así como los viajes, las comidas y las cenas en Madrid que terminan en el club nocturno Sombras. Ahí van el diputado, su sobrino y el mediador. Recuerden, hay cocaína en una mesa auxiliar.

De todo eso existen imágenes porque Navarro lo fotografía todo, lo graba todo, lo wasapea todo, incluido, claro, las visitas con los empresarios al Congreso de los Diputados y a la Dirección General de la Guardia Civil. Ambas sedes tienen el acceso restringido al público, pero ellos entran a ver a Fuentes y Espinosa como el que va a comer a casa de sus padres. Todo está organizado. Tanto que se han endurecido las normas para acceder a las Cortes Generales tras conocerse los tejemanejes de los investigados.

Entre el parlamentario y el general no parecen existir mensajes ni encuentros físicos. Ambos, incluso, niegan en sus declaraciones judiciales que se conozcan. Pero la juez los vincula a través del mediador, que los moviliza a los dos al mismo tiempo mediante sendos mensajes para tratar de quitarle una sanción de 74.000 euros a la quesería tinerfeña Montesdeoca.

Tanto Fuentes como Espinosa rechazan que cobren comisiones o pertenezcan a una organización delictiva. Su línea de defensa consiste en negar, justificar o culpar de todo al mediador, porque es quien presiona a los empresarios para cobrar y el que los mete en su 'tela de araña', explica Espinosa en un momento del interrogatorio.

Lorenzo-Cáceres, sin embargo, no investiga extorsión. Es más. Aclara, en uno de sus autos, que los empresarios pagan de forma "voluntaria" porque buscan beneficios al entrar en la trama.

Impresiona ver el vídeo de la declaración ante la juez y el fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, que revela a todo un general de división esposado, con dificultades para explicar por qué acepta regalos de unos empresarios a los que supuestamente acaba de conocer a través de Navarro Tacoronte.

"¿Y cómo se presta a eso un general de división?". Le pregunta Lorenzo-Cáceres, entre perpleja y sorprendida por las comidas, los viajes a Gran Canaria y Fuerteventura para ver a su amante, los puros y hasta una tarjeta prepago que uno de los empresarios le ha conseguido para sus gastos. Espinosa replica, como el niño que se siente pillado, que no existe contraprestación alguna, que lo enredó el mediador con sus propuestas, que solo buscaba un puesto tras su jubilación... Porque en ese momento, añade, "no era funcionario" al estar con las misiones del Sahel en régimen de servicios especiales. Un argumento, este último, que el fiscal Jaime Serrano-Jove hace trizas.

Espinosa tampoco acierta a explicar con claridad su relación con José Santiago Suárez, un empresario valenciano que logra tres contratos para suministrar drones a las misiones de Espinosa en Mauritania, Malí y Níger.

Los concursos coinciden en el tiempo con los viajes y las comidas sufragas por los empresarios, entre ellos el propio José Suárez, alias El drones, pero el general contesta al fiscal que no recuerda si le pasó o no información sobre las condiciones técnicas de los contratos, que fueron elaborados por un equipo del propio Espinosa y adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp). Se trata del organismo estatal que gestiona el proyecto europeo Gar-Si Sahel, presidido por la vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, que ha ordenado una investigación interna sobre las licitaciones de la Fiiapp. Su organigrama, que cambia con cada legislatura, está integrado por dos ministros (Exteriores y Justicia) y 14 secretarios de Estado de Estado como vocales.

La juez también une al general con el diputado Fuentes a través del sobrino de éste, porque Taishet Fuentes releva a su tío como director de Ganadería en febrero de 2019, cuando éste tiene que dejar el cargo para sustituir a Elena Máñez en el Congreso de los Diputados.

Espinosa niega que conozca al sobrino del congresista, pero ambos están fotografiados en las comidas organizadas por Navarro Tacoronte, entre otros indicios destacados por la magistrada para acreditar el "concierto de voluntades" entre los cabecillas de la trama.

Esas reuniones se celebran en Madrid para ayudar a la Quesería Montesdeoca, cuyo propietario ingresa previamente 5.000 euros en la Asociación Deportiva Vega de Tetir. Este equipo de fútbol, que está presido por el diputado, es considerado por la juez una tapadera para camuflar las comisiones por los favores prometidos a los empresarios.

Tras producirse esos encuentros, que llegan hasta el Congreso de los Diputados y la Dirección General de la Guardia Civil, se suceden más movimientos de los implicados para reclamar dinero al quesero por los servicios prestados, sobre todo por parte de tito Berni. Durante la investigación, que abarca de 2019 a la actualidad, el diputado facilita hasta 17 veces su número de cuenta personal o del equipo de fútbol para los ingresos.

Esos servicios, según los mensajes entregados por Navarro Tacoronte, incluyeron también la intervención de Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS), que se compromete a "echar una mano" cuando Montesdeoca presentase el recurso para tratar de evitar la devolución de la subvención concedida.

Domínguez, que deja el SCS a finales del año pasado por su implicación en el caso Mascarillas, donde se le investiga por un fraude de comisiones millonarias relacionado con la compra de material sanitario para la pandemia, no ha sido detenido ni está imputado por la magistrada, pero su nombre sale en el sumario en otras dos situaciones que lo comprometen: una con los propietarios de Leche Sandra, arrestados e investigados como Mostesdeoca, y otra por un contrato con la empresa de coches Cicar para montar puntos de recarga eléctrica.

Los pagos de Montesdeoca, que finalmente se enfada porque no le quitan la infracción, es uno de los primeros hilos de los que tira la autorida judicial para esclarecer las implicaciones, con múltiples ramificaciones y otras dos piezas separadas que auguran una instrucción larga: un está secreta, la otra afecta al Cabildo de Tenerife.

Así empezó la investigación

Y es que Lorenzo-Cáceres comienza a armar el caso Mediador casi por casualidad. Todo empieza en Tenerife porque el director de Deportes del Cabildo entre 2021 y 2023, Ángel Luis Pérez, denuncia a Navarro Tacoronte por cargar en su tarjeta del Corte Inglés compras superiores a los 2.500 euros. La pareja de Pérez descubre el gasto inexplicable y a éste no se le ocurrió otra cosa que denunciar los hechos por estafa.

La cosa acaba en los calabozos con el mediador, que arrastra importantes antecedentes penales y se defiende con pantallazos para acreditar que esas compras estaban autorizadas. Es más. Revela que hace trabajos para otros cargos públicos y que guarda información confidencial que afecta al Gobierno de Canarias.

Esto ocurre el pasado 26 de enero. Desde entonces el intermediario ha ampliado sus declaraciones en dos ocasiones, entregando voluntariamente dos teléfonos móviles para colaborar con la investigación. La juez ha designado a esos efectos a la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, así como a la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil en lo relacionado con Espinosa.

Las pesquisas, con 12 investigados, han forzado la renuncia de Fuentes Curbelo a su escaño en el Congreso y la expulsión del PSOE debido a su participación en los hechos, con un amplio dossier fotográfico que acredita las comidas, los viajes y las visitas a los clubes de alterne, todo pagado por las empresas involucradas.

Entre esos investigados, aparte de la Quesería Montesdeoca y de Leche Sandra, que buscaba ampliar y mejorar sus instalaciones en Agüimes, figuran tres empresarios de la Península que tienen una participación relevante en la red. Son José Santiago Suárez, 'El drones', José Antonio Bautista, apodado 'El curita', y Raúl Gómez Rojo, llamado 'El fotovoltaica'.

Los tres querían asentarse en la Zona Especial de Canarias (ZEC) para beneficiarse de su baja tributación y hacer negocios mediante el suministro de drones a Sanidad, la instalación de placas solares en hoteles y la adjudicación de proyectos de ingeniería en concursos de obra pública. De ahí que los mensajes aportados por Navarro Tacoronte apunten a los departamentos de Sanidad, Transición Ecológica y Obras Públicas del Gobierno de Canarias, aunque no consta, al menos hasta el momento, que esos proyectos prosperasen, ni siquiera que los directores generales de esos servicios hicieran gestiones para tratar de favorecerlos.

Los tres, de una manera u otra, pagan los gastos de la supuesta organización criminal, como comidas, hoteles y servicios de prostitución, incluso costean los viajes de Espinosa a Canarias, que una de las veces viene a ver su amante y quiere que Bautista la contrate con un sueldo de 3.000 euros. El general, que tiene amistad con dos empresarios locales importantes, quiere conseguirle al curita contratos para que instale placas solares en Gran Canaria.

Un grupo de wasap encontrado en el móvil de Espinosa, que responde al nombre del Equipo A, confirma esas negociaciones a favor de Bautista. En el otro extremo, en la rama política de la trama, espera el diputado Fuentes, que también tiene una gestoría en Tetir y se encarga de asesorar a los empresarios peninsulares para que monten sus negocios en la ZEC.

La última incorporación al caso es la de Ángel Ramón Tejera, conocido como Món, un empresario conejero con 20 contratos para reparar las viviendas y cuarteles de la Guardia Civil por toda España. En los mensajes con el mediador presume de su amistad con el expresidente Rodríguez Zapatero, con quien asegura haber negociado la compra de una casa en Lanzarote. Tejera es el primo de la exalcaldesa de Arrecife, la del supuesto chivatazo de Espinosa, el constructor de moda en la Benemérita para arreglar las goteras de sus cuarteles. ¿Se acuerdan?