Pilar Llop: "Debemos reformar la ley del ‘solo sí es sí’ cuanto antes mejor, ha causado mucho dolor a las víctimas"

Pilar Llop Cuenca (Madrid, 1973) ha sido magistrada, presidenta del Senado, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y diputada en la Asamblea de Madrid y desde julio de 2021 es ministra de Justicia. Afronta dos crisis importantes: las polémicas rebajas de condenas a agresores sexuales y la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia.

¿Qué ha fallado en la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí'?

Unidas Podemos votará en contra de la reforma del 'solo sí es sí' que propone el PSOE

La ley del ‘solo sí es sí’ es una ley protectora de las víctimas porque aborda de una manera integral todos aquellos aspectos que van dirigidos a la asistencia, la atención, la protección y la reparación de las víctimas. Pero una parte pequeña de la ley, que es la relativa a los aspectos penales y, dentro de ella, la relativa a la aplicación de las penas ha tenido unos desajustes que hemos evidenciado en las revisiones de las condenas. Lo que se ha producido es que el cambio de modelo, agrupar dentro de un mismo delito lo que antes eran conductas heterogéneas, que estaban además en distintos capítulos del código penal con sus propias circunstancias, se han unificado y eso ha ampliado mucho las arcos penológicos.

¿Qué remedio propone?

Lo que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista y el ministerio de Justicia es reajustar las penas. Mantener el mismo modelo unificado, mantener el modelo del consentimiento, porque el consentimiento es intocable, pero hacer unos pequeños ajustes normativos para que los delitos más graves se puedan castigar con una pena más grave. De lo que se trata es de blindar los derechos de las víctimas, su protección. Esta reforma, que es exclusivamente técnica, no tiene tintes políticos, es la única viable que hemos encontrado para poder castigar los hechos más graves con penas más graves.

Según los últimos datos oficiales, se han rebajado ya 721 condenas en toda España. ¿Nadie en el Gobierno lo vio venir?

Estos efectos han sido indeseados. Están causando mucho dolor a las víctimas, a sus entornos y por eso tenemos que actuar cuanto antes mejor. Es verdad que las revisiones ya se han consolidado, no hay remedio, pero a partir de ahora tenemos que dar seguridad jurídica a las víctimas y a los operadores jurídicos para que esos arcos penológicos no sean tan amplios para retribuir de una forma proporcionada la gravedad del delito.

Es usted de los pocos cargos públicos que ha asumido cierta responsabilidad por estas rebajas.

Evidentemente, yo me siento responsable. Creo que la opinión pública espera que las personas que nos dedicamos a lo público en cualquier ámbito asumamos con responsabilidad nuestras decisiones. Los jueces actúan libremente. Cuando se aprueba una ley, esa ley cobra vida propia y los jueces la interpretan como ellos entienden. En este caso, han actuado con arreglo a la ley, pero también estamos viendo que la Fiscalía está recurriendo algunas de esas revisiones y no sabemos que resultado tendrán. El sistema judicial, al que yo respeto absolutamente, tiene sus propios mecanismos para controlar, detectar y corregir errores. Lo hemos visto en muchas resoluciones sobre delitos contra la libertad sexual. Ha habido sentencias que no respondían al sentir social, al espíritu de la ley, y luego se han corregido tras los recursos. Pido respeto al sistema judicial.

¿En qué punto están las negociaciones para reformar la ley?

Espero que se reforme cuanto antes, porque mientras no se reforme, todos los delitos que se cometan van a producir bajadas de pena. Pero siempre manteniendo el mismo modelo, el del consentimiento y de la unificación de delitos. No hemos parado de hablar con distintas fuerzas políticas, porque esperamos llegar a un acuerdo sobre todo con los grupos parlamentarios que apoyaron la ley, que, insisto, es una buena ley que aborda los delitos sexuales desde todos los ámbitos. Las rebajas de condena y las excarcelaciones han causado un grave daño a la sociedad, a las víctimas, y tenemos que actuar rápidamente para que los hechos más graves sean castigados con una pena proporcionada a esa gravedad. Las rebajas han ensombrecido las partes positivas de la ley, que se verán a más largo plazo.

Los Letrados de la Administración de Justicia llevan más de un mes de huelga indefinida. ¿Por qué no se ha llegado todavía a un acuerdo?

Llevamos dialogando con todos los cuerpos que nos corresponde gestionar desde hace mucho tiempo. Se les aumentó su salario unos 200 euros mensuales por nómina. Fue un compromiso presupuestario de unos 40 millones de euros que se ha ido consolidando. Suponía una subida salarial muy importante. Vienen reivindicando subidas salariales de carácter lineal desde 2009. Y ahora piden una cláusula de enganche para aumentar el salario hasta el 85 por ciento del que tienen los jueces. Las propias asociaciones judiciales han rechazado esta cláusula, porque consideran que quienes cumplen esa función son los propios jueces. Esa cláusula supondría reconocer casi las mismas funciones de los LAJ. Les pedimos que hicieran otro tipo de propuestas, orientadas a mejorar el servicio, pero no ha sido así.

Hemos tenido reuniones y les hemos hecho ofertas, pero las han rechazado. Se han colocado en una posición maximalista, con una huelga indefinida que ha generado un daño muy importante al servicio público, a los ciudadanos y a los profesionales del sector. Les pido que bajen de esas posturas maximalistas, que miren por el servicio público y sigamos dialogando. Si hay que descargarles de algún tipo de función, vamos a examinarlo. La subida que reclaman supone más de mil euros al mes por nómina, es inasumible. Supondrían 60 millones de euros, que es más que lo que el ministerio destina a la asistencia jurídica gratuita para personas sin recursos. Nos parece desproporcionado.

Usted es especialista en violencia de género y ha estado al frente de juzgados especializados en esta materia. Pese a las reformas legales, seguimos viendo un número de denuncias y asesinatos escalofriante.

A la violencia de género en el ámbito de la pareja tenemos que prestarle muchísima atención, no podemos relajarnos ni un segundo. Tenemos que conocer como funciona esa violencia. La víctima tiene una dependencia emocional y en muchos casos económica del agresor, que le hace retractarse de las denuncias. Un 70 por ciento de las víctimas no denuncia. Tenemos que seguir insistiendo en que confíen en el sistema judicial. Sólo con una denuncia se puede conseguir una orden de protección, no hay otra vía. Tenemos que seguir sensibilizando, trabajando en la formación. La educación en valores de igualdad es la vacuna contra la violencia de género, pero la formación es el antídoto. Los prejuicios y estereotipos machistas están muy presentes en todos los ámbitos.

En clave balear

Baleares, cuyo Estatut d’Autonomia acaba de cumplir 40 años, es una de las cinco comunidades autónomas que todavía no tiene transferidas las competencias de Justicia.

Soy una convencida de la descentralización y de que dar competencias a las comunidades es algo positivo porque son quienes están más cerca de los ciudadanos y conocen mejor la singularidad de su territorio. Dicho esto, también hay que ser consciente de que las transferencias se tienen que hacer en el momento propicio. Si el Govern balear en algún momento las reclama, se tendrá que estudiar. Involucra a varios ministerios, es algo complejo. Ahora mismo no es una negociación que tengamos sobre la mesa.

Se ha puesto ya en marcha la creación de una Ciudad de la Justicia en Palma. ¿Servirá para paliar la falta de espacio en los juzgados?

Era una reivindicación que venía de hace muchos años. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Carlos Gómez, me planteó que había una enorme carencia de espacios. Nos pusimos a trabajar con el Govern y el Ayuntamiento de Palma y encontramos unos terrenos en Son Pardo que hemos comprado por cinco millones de euros. Palma debe tener la Ciudad de la Justicia que se merece. Los edificios judiciales que hay actualmente son poco funcionales.

La Audiencia de Palma está señalando ya juicios para 2024. Además de infraestructuras, parece evidente que también faltan medios.

¿Faltan recursos o es que tenemos un sistema judicial organizativo y procesal poco eficaz? Creo que es una combinación de las dos cosas. Hay que ser ambiciosos y nos gustaría tener más recursos. Hemos avanzado mucho, gracias también a los 410 millones de euros de los fondos de recuperación para desplegar medios tecnológicos. Por otro lado, sabemos que la Justicia es como un agujero negro que absorbe todos los recursos que le echemos.

El modelo organizativo es antiguo, decimonónico, está absolutamente agotado. Tenemos que buscar elementos que permitan el reparto equitativo del trabajo entre toda la oficina judicial. Estamos trabajando en la Ley de Eficiencia Organizativa, que produce un cambio de modelo total para lograr que sea más eficiente, accesible, ágil y cercana.

A raíz de la incautación ilegal de los teléfonos de dos periodistas de Mallorca para averiguar sus fuentes, el Gobierno anunció que se regularía el secreto profesional. ¿En qué punto está esta ley?

Está en trámite parlamentario. En diciembre pasado se presentó el proyecto de ley. Es una ley importante porque contempla la no obligación de no revelar las fuentes por parte de los periodistas. Protege a los profesionales del periodismo, que es algo muy trascendente porque son garantes del derecho fundamental a la información veraz. Pero sí hay unas excepciones contempladas. Mediante orden judicial se podrá revelar la fuente cuando claramente tuviera conocimiento de que la información es falsa o cuando es necesaria para la protección de la integridad física y psíquica de las personas. Supongo que en los trámites de enmienda los grupos parlamentarios plantearán sus posiciones, pero creo que es importante que se proteja la fuente de información por ley.

¿Qué le pareció la escena del fiscal del caso Cursach pidiendo perdón entre lágrimas a todos los acusados?

Sobre este caso concreto no voy a hablar. Pero tengo que decir que estamos trabajando en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con una gran reforma de los medios para que la Fiscalía pueda asumir la investigación. Somos una democracia consolidada y la Fiscalía está suficientemente preparada para ello, siempre que haya un juez de garantías. Yo que he sido magistrada instructora entiendo que a veces es frustrante cuando se tarda tanto tiempo en resolver los asuntos. La idea que tenemos es agilizar, pero siempre con garantía de todos los derechos fundamentales.