La jueza del 'caso Mediador' envió a prisión a Espinosa por hallarle 61.000 euros "de ilícita procedencia"

La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye el caso Mediador, acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el general de la Guardia Civil investigado, Francisco Espinosa Navas, con el objetivo de evitar que ocultara o destruyera pruebas porque de permanecer en libertad "podría frustrar la investigación policial" y para "conjurar el riesgo de fuga". Constata pagos de la trama y asegura que se hallaron más de 60.000 euros en su domicilio de "ilícita procedencia".

Así consta en el auto de 16 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que la jueza apunta que Espinosa en su comparecencia judicial reconoció las reuniones, las comidas y los viajes a Fuerteventura y Gran Canaria que le habrían pagado.

"También ha reconocido parcialmente que había pedido tarjetas prepago, y ha negado haber recibido dinero, pero el dinero hallado respondería a esos pagos en b y de dudosa procedencia, a la vista de la investigación patrimonial", añade la jueza.

En este sentido, y para atar las vinculaciones del general con empresarios ligados a la trama, la jueza considera que deben seguir practicándose diligencias como la citación de "testigos clave" --empresarios, ganaderos y funcionarios públicos--, el clonado de sus múltiples dispositivos y el requerimiento a la FIIAP.

Recuerda asimismo que en el registro de su domicilio en Madrid fueron hallados fajos de billetes de 50 y 200 euros por importe de 61.110 euros "de ilícita procedencia".

Una participación "esencial" en la trama

En el repaso que hace de la causa la magistrada en el auto, incluye que Espinosa habría hecho "uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las islas Canarias" y que su participación en la trama criminal era "esencial" por esos contactos y por "la capacidad de transmitir confianza a los distintos empresarios en la consecución de sus ilícitos propósitos".

En esa intención enmarca que recibiera a empresarios en su despacho de la Comandancia General de la Guardia Civil de la calle Guzmán el Bueno (Madrid), que aportaba "seriedad y poder" a la trama delictiva. Estas influencias "no eran altruistas" y la jueza recoge que el 'mediador' Marcos Antonio Navarro Tacoronte relató en sede judicial que eran a cambio de "fiestas o ingresos".

Los pagos de empresarios

Entrando en los indicios que recaen sobre el general, la jueza recoge varios hitos. Uno es la relación de Espinosa con el empresario Antonio Bautista, a quien se le ofrecieron importantes contratos en el sector privado y acceso a subvenciones públicas. La primera reunión con él fue el 14 de septiembre de 2022.

Como contraprestación, Bautista pagó un vuelo a Fuerteventura de Espinosa y su amante, a quienes les sufragó dos noches en el Hotel Eurostars Las Salinas. Además, el general habría exigido como "premisa innegociable" para ejercer su influencia que contratara a su compañera sentimental, Adelaida. La magistrada dice que según oficios policiales Espinosa recibió también dinero en metálico, numerosos obsequios, tarjetas de prepago y otros gastos de ocio.

Contrato millonario en Cabo Verde

Noticias relacionadas

La asociación mayoritaria de fiscales pide la dimisión de Álvaro García por "manipular" para el nombramiento de Delgado

La Policía confirma que Oltra no intercambió correos sobre los abusos de su exmarido a una menor antes de la investigación judicial

En esos acuerdos entre Espinosa y Bautista se dio la promesa de lograr un contrato de 35 millones de euros en Cabo Verde, de los que el 10 por ciento debían ser para el general. Cabe recordar que durante su última etapa en el cuerpo fue director de los Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel (GARSI Sahel) hasta su jubilación.

En el auto se incluye que el general se valía de ese cargo en el marco de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para ofrecer esos contratos privados a empresarios. Y cita el caso de José Suárez Estévez --alias El Drones--, que habría resultado adjudicatario en distintos concursos en el Sahel.