'Caso Mediador': El Gobierno de Sánchez ignora la investigación sobre los contratos de la trama con varios ministerios

Ni idea en el Gobierno central en torno a las investigaciones llevadas a cabo por la jueza que instruye el ‘caso Mediador’ sobre contratos de esta trama de presunta corrupción con diversos ministerios y otros organismos públicos. Al menos, por ahora, porque lo que se sabe ya es que la titular del Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María Teresa Lorenzo-Cáceres, ha ordenado a la Guardia Civil que siga ese rastro y que indague la naturaleza y contenido de seis adjudicaciones a la trama por parte de diferentes instituciones, dos de ellas vinculadas al Ministerio de Defensa, y otra a Interior, además de los cuatro contratos por valor de 2,3 millones adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración de Políticas Públicas, (Fiiapp) que preside la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para dotar de material a las misiones de formación que dirigía el general de división Francisco Espinosa en varios países del Sahel, en África.

Todos estos datos del sumario de la presunta trama de sobornos y extorsión a empresarios del sector ganadero en Canarias en la que están implicados, entre otros, el ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, su sobrino y también militante socialista Taishet Fuentes, ambos expulsados del partido, y el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa, no han trascendido a los ámbitos gubernamentales, según afirmó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en conversación con periodistas en los pasillos del Congreso. Sin embargo, tanto el PP como CC han solicitado ya la comparecencia de Calviño para que informe de estos contratos.

“El gobierno desconoce por completo el contenido del sumario y nadie se ha dirigido a ningún ministerio solicitando información o documentación a ese respecto, tampoco al Ministerio de Hacienda”, afirmó Montero, quien además señala que el Ejecutivo se ha comunicado con el Gobierno de Canarias para obtener garantías sobre la correcta aplicación de las subvenciones con fondos europeos al sector ganadero, o para la implantación de explotaciones en la Zona Especial Canaria (ZEC), y que los expedientes tramitados durante el paso de los Fuentes por la dirección general de Ganadería del Gobierno regional, primero el conocido entre los implicados como ‘Tito Berni’, y luego, sustituyéndole a él, su sobrino Taiseht, no están afectados por posibles irregularidades derivadas de las actividades supuestamente ilegales de la trama.

Cabe recordar en este sentido que el Ejecutivo regional está analizando y revisando todos los expedientes en los que trabajaron ambos ex cargos, utilizando el personal que sea necesario y está colaborando con la jueza instructora del caso aportando la documentación que les ha solicitado, además de poner en marcha una investigación interna en la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca no solo con el personal propio, sino contando también con el apoyo de la Inspección General de la Consejería de Administraciones Públicas.

Asunto “muy feo”

Más allá de las aclaraciones solicitadas a Canarias, el Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene al margen de la investigación judicial, a la que apela para esclarecer todas las presuntas ilegalidades y para que “el que la haya cometido, que la pague”, según ha señalado también Montero. Sí se reconoce el Ejecutivo “escandalizado” e “indignado” tras conocer actividades del ex diputado socialista como las visitas organizadas al Congreso y a dependencias del grupo socialista en la Cámara antes de continuar en hoteles, reservados de restaurantes y locales de alterne con otro tipo tipo de actividades como fiestas con droga y prostitutas. Montero reconoció como “asunto muy feo” este escándalo que afecta a militantes socialistas, aunque apeló también a la presunción de inocencia de todos los implicados. Consideró “acotado” el caso desde el punto de vista político a los que en estos momentos investigados, y limitó a Juan Bernardo Fuentes la implicación de cargos públicos en la trama, y a él mismo y a su sobrino los miembros del PSOE afectados.

“Si alguien ha cometido un delito, que lo pague”, insistió Montero. A su juicio, los servidores públicos deben ser ejemplares y el PSOE tiene que “condenar cualquier desvío” de legalidad producido por cualquier persona, “y mucho más“ si va asociado al nombre del partido. La también vicesecretaria general del PSOE ha ofrecido a la Justicia “toda la colaboración” del partido en su investigación sobre su ex diputado, insistiendo en que en el grupo parlamentario socialista no existía ninguna sospecha de este tipo de actos delictivos y ha aludido a la Justicia que será la que “investigue hasta el final cualquier cuestión que tenga que ver con esta materia y con cualquier otra por parte de representantes públicos”.