El miedo de los refugiados dificulta a España aportar pruebas contra Rusia

La Fiscalía española mantiene abiertas desde hace casi un año dos piezas separadas de recogida de documentación para contribuir a la investigación judicial de la "agresión rusa contra Ucrania", y lo hace porque en el país invadido hace casi un año por el ejército de Vladímir Putin residen ciudadanos españoles que podrían habrían sido “víctimas” de actuaciones ilegales (crímenes de guerra) por parte de la Federación Rusa.

No obstante, la encomienda que la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, realizó mediante decreto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional apenas ha arrojado resultados, y la razón no es otra que el miedo de los posibles testigos a las consecuencias que sus relatos puedan provocar.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han confirmado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA la "notoria dificultad" que se ha encontrado para obtener información o material de relevancia jurídico-penal en este asunto. Desde el inicio de las pesquisas, a principios de marzo del pasado año y hasta el día de hoy se han recogido los testimonios de total de 19 personas -- entre ellas algunos españoles retornados de Ucrania-- si bien se ha podido constatar que estas personas temen las consecuencias de la información que puedan aportar, puesto que tienen familiares en Ucrania. Se trata además de un territorio al que muchos de ellos desean regresar algún día.

Algo similar ha pasado con el mecanismo que por las mismas fechas puso en marcha la subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía (CGAE). Desde este organismo se prepararon cuestionarios dirigidos a localizar hechos lo más precisos posibles a través de los testimonios de los refugiados que llegaban a nuestro país para que, a través de los colegios de abogados españoles que regularizaban su situación, pudieran aportarlos ante los tribunales internacionales.

Según los responsables de la iniciativa, apenas se logró eco tras constatarse que las prioridades de los refugiados que llegaban a nuestro país al inicio de la invasión pasaban por conseguir un hogar o colegios para sus hijos, y no por aportar pruebas de crímenes de guerra. No obstante, buscan poder reflotar el proyecto en colaboración con la Embajada de Ucrania en nuestro país, una vez que, transcurrido un año, muchas personas han podido ya asentarse y comprobar el desarrollo de la guerra.

Pese a las dificultades, la Fiscalía sigue adelante y mantiene vivos dos expedientes. En uno de ellos se recoge documentación con las solicitudes de ayuda y cooperación a las autoridades ucranianas, en el marco del Memorándum suscrito en marzo de 2022 entre la entonces fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, y la Fiscalía española.  

En una segunda pieza, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva documentos, actas y proyectos que surjan en las reuniones de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), sobre este asunto. De hecho, España es uno de los Estados adheridos a la demanda de la comunidad internacional contra el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, ante la Corte Penal Internacional (CPI). La acción del Ejecutivo español se realiza a través de Eurojust, cuyo representante por España es actualmente el exjuez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Las acciones de la Fiscalía y de Eurojust son independientes, pero colaborativas. Es decir, puede que el material que recoja la Fiscalía española acabe en la Corte Penal Internacional y, al contrario, que datos que maneje Eurojust se aporten a la investigación a posibles víctimas españolas en la Audiencia Nacional.

ASISTENCIA A LAS AUTORIDADES UCRANIANAS

Al hacer balance sobre este primer año de vigencia del decreto sobre Ucrania, desde la Fiscalía se explica que su finalidad es asegurar la asistencia a las autoridades ucranianas y de otros países afectados, permitiendo recopilar elementos de prueba que pudieran ser usados en diferentes investigaciones para cuando sea necesario. "Se trataba de establecer un marco jurídico que proporcionara soporte a las actuaciones que se llevaran a cabo, bien por propia iniciativa, bien como parte activa de la cooperación internacional", explican las mismas fuentes sobre la oportunidad del decreto firmado en su día por Delgado.

Para conseguirlo, y en contacto continuo con la embajada ucraniana en España, a lo largo de este año también se ha pedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado información relativa a registro de ciudadanos que se hubieran establecido en España huyendo de la guerra de Ucrania. Igualmente se autorizó a los agentes para que iniciaran relaciones institucionales directas con diversas instituciones y ONG que atienden a refugiados ucranianos para facilitar la detección de víctimas y testigos de crímenes de guerra.