Bares de pueblo y aparcamientos ecológicos, o qué España quieren los partidos pequeños del Congreso

Imagine (haga el esfuerzo) que es diputado de un partido como Teruel Existe, Más País o BNG. Una cosa debe saber: si quiere mover una ley escrita de su puño y letra (o de la de su asistente) y que el Congreso se la apruebe, lo tiene crudo, por no decir imposible.

La mecánica parlamentaria está engrasada con el aceite que suministra la mayoría. Si es una mayoría absoluta, el dominio será incontestable. Si es una mayoría simple, por debajo de los 176 diputados, el control podría agrietarse o resquebrajarse, pero se trataría de una rareza. 

Los gobiernos disponen de un sinfín de instrumentos, recursos y trucos para imponer su ritmo, su criterio, y por supuesto, su agenda legislativa. El primero y más importante, la mayoría parlamentaria sobre la que se sostiene, precisamente. Luego, el reglamento permite un enorme abanico de opciones: desde el plazo del consentimiento a las propuestas de los grupos (30 días naturales) a la prórroga eterna de las prórrogas de enmiendas. 

Puede tropezar un Gobierno en el Congreso, sí, y ahí está la pinza Unidas Podemos-ERC-EH Bildu para manejar otros tiempos de tramitación de la proposición de reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’, pero no es lo habitual. 

Sin hueco

Volvamos a la fantasía del comienzo (siga haciendo el esfuerzo, por favor). Usted es diputado en un grupo que forman varias organizaciones. Esta legislatura enseña dos así: el Grupo Plural (lo integran PDeCAT, JxCat, Más País, Compromís y BNG) y, el de siempre, el Grupo Mixto (lo forman Coalición Canaria, la CUP, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria, Foro –Asturias–, dos exmiembros de UPN, un exdiputado de Cs y una exrepresentantes de Unidas Podemos).

Si usted quiere que le apruebe el Congreso una ley, por seguir con la recreación, deberá registrar una Proposición de Ley (en adelante, PL). Luego, tendrá que esperar tres pasos: la calificación de la Mesa (suele tardar una semana), la conformidad del Gobierno (30 días naturales, como mucho) y la fijación de la fecha de la sesión plenaria que debatirá la toma en consideración o admisión a trámite. Aquí empiezan los problemas. 

Como usted está en un grupo ‘pequeño’ en el que aparecen más siglas, ha de esperar que llegue su cupo. Y esto funciona de tal manera que los mayoritarios (PSOE, PP, Vox, y en menor medida, Unidas Podemos) salen ganando, claro. El resto, desde ERC al Partido Regionalista de Cantabria (un escaño), se tienen que repartir las sobras. Si se tiene en cuenta que se admiten dos propuestas por semana y que hay una veintena de formaciones en el Congreso, pueden hacerse una idea de lo ajustado que está esto.

Por ejemplo, la última vez que Íñigo Errejón, diputado de Más País, dos diputados, parte del Grupo Plural, salió a la tribuna del hemiciclo del Congreso para defender la admisión a trámite, que ni siquiera la aprobación, de una proposición propia fue un día de finales de octubre de 2021. Versó sobre la regulación del uso del cannabis. La mayoría la rechazó.

Viviendas de ricos y bares de pueblo

Ver las propuestas de formaciones como Teruel Existe, BNG o Más País que ya ha calificado la Mesa del Congreso sirve para toparse con otras visiones de país. Cabría preguntarse cómo sería España si legislaran estas formaciones.

Este pasado martes, Errejón anunció el registro de una PL para modificar la normativa sobre emprendedores y su internacionalización con la finalidad de acabar con la llegada de grandes fortunas que, tras comprar un inmueble carísimo, se dedican a especular, sólo a especular. 

En rueda de prensa, contó que, de aprobarse esta propuesta, acabarían las llamadas “golden visa”, es decir, la obtención de la residencia mediante la adquisición de un inmueble de unos 500.000 euros sin necesidad de préstamos o de hipotecas. Esto, como señala Más País en la exposición de motivos de la iniciativa, “provoca un efecto en cadena que arrastra al alza al conjunto del mercado” y supone “una grave amenaza para el acceso a la vivienda de las rentas medias y bajas”. 

Lo que quiere Errejón es atajar el concepto de “inversión significativa de capital” como paso previo para solicitar el visado de estancia. Aboga por elevar el umbral de inversión y por vincularlo a un proyecto empresarial que cree puestos de trabajo, entre otras condiciones.

Una semana antes, en una sala de prensa vacía por la coincidencia con una sesión plenaria, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, presentó una PL ‘diferente’. Acostumbrados en el Congreso a reformas incesantes del Código Penal o cambios en la ley del poder judicial, propuestas así refrescan un poco las mentes. 

El objetivo de Guitarte consiste en reformar la Ley de Economía Social para facilitar que no cierren los bares de municipios de menos de 200 habitantes. “Más de 140.000 personas residen en municipios que carecen del servicio social que ofrece un bar, y la cifra es mucho más alta si hablamos de comercios de alimentación”, denuncia la plataforma turolense en la exposición de motivos. 

Añade que “estos establecimientos, especialmente los bares, suelen actuar también como centro social de convivencia y encuentro para la comunidad local” y que, según diferentes estudios, ayudan a luchar contra la despoblación. En donde un bar cierra, o el ultramarinos o el pequeño supermercado, “la despoblación avanza mucho más rápido”. Guitarte pide, en definitiva, que tanto bares como tiendas de alimentación sean “entidades de la economía social”, y así, por ley, disfruten de “incentivos y beneficios” fiscales y financieros.

Una España con molinos, pero menos

Néstor Rego es el único diputado del BNG. El día que el Congreso convalidó el último decreto ley del Gobierno con medidas para combatir los efectos de la guerra de Ucrania, ese que incluyó la rebaja del IVA en ciertos alimentos, estaba enfadado. El decreto aligeraba los trámites de impacto ambiental de proyectos energéticos. No fue el único que expresó su malestar por ello. También Guitarte, por ejemplo.

Lo que ha hecho Rego es registrar una PL para derogar esos puntos del decreto ley y recuperar, primero, que el trámite de evaluación del impacto ambiental de instalaciones de placas solares o de torres eólicas sea completo y riguroso, y segundo, que los ciudadanos vuelvan a disponer de plazos y procedimientos adecuados para alegar, en caso de que no estén de acuerdo con la implantación. Esta misma semana, Rego estaba que trinaba porque en Galicia no paran de crecer esos molinos blancos muy altos mientras en la Comunidad de Madrid, nada de nada.

El BNG está también integrado en el Grupo Plural. Ir a la web para ver cuántas de las PL registradas por este grupo han llegado a la toma en consideración es revelador. Al menos, el martes próximo irá una de JxCat para derogar el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero es que llegan tan pocas… Y las que llegaron, murieron. 

En la España de los partidos ‘pequeños’ del Congreso, la defensa del medioambiente es un factor preponderante. Antes que por la lucha contra las “golden visa”, Errejón desgranó una PL para poner placas solares en aparcamientos al aire libre. Son emplazamientos “perfectos” porque, además de facilitar “el despliegue rápido de instalaciones solares, potencian la proliferación de vehículos que necesiten carga eléctrica, con la consiguiente reducción de emisiones contaminantes que ello propiciaría. 

Qué España quieren los partidos vascos

El PNV, grupo de profesionales, tiene claro cómo y para qué usar sus funciones parlamentarias. Un diputado no sólo hace leyes. También fiscaliza al Gobierno y busca negociar con los grupos que lo forman contrapartidas para su territorio. Ana Oramas lo lleva haciendo 15 años. Sabe que la función legislativa no es muy eficaz, así que pregunta al Gobierno por cosas de Canarias y negocia con el Gobierno cosas para Canarias. 

El PNV, decíamos, hace eso. Pero como forma grupo propio con sus seis escaños, hace más cosas. Registra leyes, efectivamente. Pero leyes que intentan reformas puntuales en el bagaje legislativo del Estado. Por ejemplo, aunque le salió mal, intentó modificar la ley que regula el CNI. Con todo, está pendiente de que el pleno le diga si acepta dos: una para acabar con la prisión permanente revisable y otra para potenciar el control de las Cortes Generales sobre las acciones y omisiones de los gobiernos, incluso aunque estén en funciones.

EH Bildu, gran adversario del PNV por la mayoría de Euskadi en este momento, muestra una visión del Estado muy diferente. La PL que tiene en la nevera, y que previsiblemente se vea en un pleno del mes que viene, aborda la recuperación de derechos laborales que la reforma de Yolanda Díaz dejó fuera. Se avecina un debate interesante en el Congreso. 

Por el camino de lo social va Bildu. Tiene pocas PL registradas, la mencionada en el párrafo anterior es la tercera de la legislatura, y siempre las presenta con otro grupo, ERC por regla general. Pero cuando los abertzales estampan su firma en una iniciativa es porque promueve una vivienda digna o la derogación completa del modelo laboral de Mariano Rajoy, que es algo, como se ha contado, que cree que no ha ocurrido.

Imaginar cómo sería España si los partidos ‘pequeños’ dominaran la agenda legislativa mostraría, al menos ahora, un país más ecologista. Más de izquierdas. Un país con mirada constante en las zonas en las que queda poca gente. Un país con, seguramente, una ley de vivienda. Pero esto es ficción.

La realidad es más dura. Dados los cupos de toma en consideración de las PL, es difícil que un diputado como Néstor Rego vea sus leyes en el BOE. Dada la renuencia de la mayoría a tramitar iniciativas que no sean propias, es complicadísimo. Dado lo que tardan las tramitaciones posteriores a la eventual toma en consideración, es casi imposible. Y dado lo que queda de legislatura, apenas unos meses, es sencillamente inviable.

Así que si ha llegado usted al final de este texto y sigue imaginando que es diputado de un partido 'pequeño', ya sabrá que sus leyes casi seguro no se aprobarán. Pero habrá intuido que quedan registradas, y para siempre además, y quizá eso sí merezca la pena.