El Gobierno descarta que la inhabilitación de Junqueras reabra la crisis territorial: "Cataluña no quiere retroceder"

El 

Gobierno

 asiste incómodo al debate que ha abierto el

Tribunal Supremo

 en su revisión de las condenas a los líderes del ‘procés’. Los magistrados, que confirman la inhabilitación hasta 2031 de Oriol Junqueras para ostentar un cargo público, señalan en su resolución que la derogación de la sedición impulsada por el Ejecutivo y

ERC

crea un espacio de “impunidad”. Al mismo tiempo, no consideran aplicable a lo ocurrido en el referéndum de 2017 la nueva malversación atenuada, aprobada también a finales del año pasado, en contra de lo que pretendían socialistas y republicanos. 

Sin embargo, aunque el fallo no ha sentado bien, en la Moncloa descartan que vaya a reabrir la crisis territorial, tras varios años, desde que Pedro Sánchez fue investido por primera vez presidente en 2018, marcados por la recuperación del diálogo entre las administraciones. “Hemos conseguido normalizar la política institucional, los afectos entre catalanes y de los catalanes con el conjunto de los españoles. No queremos mirar atrás.

Cataluña

tampoco quiere retroceder”, ha señalado este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, un día después de que los magistrados diesen a conocer su auto. 

Según la portavoz de ERC, Marta Vilalta, el fallo del alto tribunal supone un “golpe a la democracia” por parte de una justicia “retrógrada” que ha convertido la reforma penal en “papel mojado”. 

Rodríguez ha evitado hacer este tipo de valoraciones tras el

Consejo de Ministros

, limitándose a trasladar el “respeto” del Gobierno a las resoluciones judiciales, pero se ha esforzado en rebajar el impacto político que puede llegar a tener la decisión del Supremo. Sobre todo, ante el escenario que se avecina en los tribunales, con cerca de una veintena de dirigentes del ‘procés’ (los llamados segundos niveles) que serán juzgados próximamente y a los que, en principio, no se les aplicará la malversación atenuada aprobada a finales del año que viene, algo que aumenta sus posibilidades de acabar ingresando en prisión. 

La "convivencia"

“Afortunadamente, gracias a la herramienta del diálogo, hemos logrado que lo que antes era un problema político y judicial hoy está en la senda de la convivencia. La Cataluña de hoy no tiene nada que ver con la Cataluña de 2017. No creo que se pueda volver a ese escenario: la sociedad catalana ha evolucionado, no quiere retroceder a 2017. Y entiendo que las fuerzas políticas catalanas tampoco quieren retroceder”, ha insistido la también ministra de Política Territorial, en referencia al partido de Junqueras.

Porque en la Moncloa insisten en que ERC, aliado indispensable del Gobierno para impulsar leyes en el Congreso, no puede dirigir críticas al Gobierno por lo ocurrido en el Supremo. Al fin y al cabo, insisten los colaboradores del presidente, la reforma penal estuvo pactada de principio a fin con los republicanos.