Podemos renuncia a su exigencia histórica del referéndum y allana una reforma constitucional de amplio consenso

Un rayo de esperanza para el consenso en medio de la crispación. La reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” avanza en el Congreso mientras izquierda y derecha se miran de reojo. Uno de los principales escollos estaba en las reticencias del PP ante la posibilidad de que los socios de Gobierno exigieran un referéndum, que debe celebrarse si así lo piden 35 diputados. El principal riesgo estaba en Podemos, que cuenta con los números suficientes y que se ha reivindicado como la “garantía” de que la sociedad tendrá la última palabra en caso de la mínima modificación de la Carta Magna. Una promesa histórica a la que el partido está ahora dispuesto a renunciar para allanar el camino a la reforma y cumplir las demandas de los colectivos afectados.  

“Ni una coma modificada sin que lo vote la gente”, llegó a asegurar en 2018 el entonces líder del partido, Pablo Iglesias, en relación a una modificación constitucional. Por entonces, estaba sobre la mesa la supresión de los aforamientos, aunque esta propuesta finalmente nunca llegó a plantearse en firme, ante las peticiones del resto de partidos nacionalistas de incluir otros aspectos. A diferencia de entonces, ahora sí acuerdo sobre la necesidad de limitar la reforma al artículo 49, en una modificación que genera amplio consenso. 

Sin embargo, el temor de los populares residía en que los morados se unieran a los partidos independentistas para plantear el referéndum a esta modificación como una suerte de ‘examen’ a la Constitución en su conjunto; un plebiscito sobre la vigencia del texto que pudiera servir de argumento para presionar por una reforma más amplia que incluyera la autodeterminación. 

Más de cuatro años después de aquella promesa de Iglesias, Podemos se muestra dispuesto a hacer una “excepción” para lograr que se apruebe la supresión de una expresión -”disminuidos”- que tiene connotaciones peyorativas y que ha sido ampliamente cuestionada por los colectivos y asociaciones de personas con discapacidad. Así se lo ha trasladado el partido a Moncloa en una reunión celebrada la semana pasada donde estuvo presente el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Relación con las Cortes, Rafael Simancas. 

“Estamos dispuestos a renunciar a nuestras exigencias de reforma constitucional para dar satisfacción a asociaciones de personas con discapacidad”, apuntan fuentes de Podemos. “Aunque siempre hemos defendido que las reformas constitucionales se hagan con referéndum, si existe un apoyo suficiente y el texto final es consensuado, estaríamos dispuestos a hacer una excepción”. Una renuncia que iría condicionada, eso sí, al respaldo del resto de formaciones al cambio constitucional.

Uno de los motivos de Podemos para llevar por bandera la celebración de este tipo de referéndums reside en una suerte de deuda histórica, tras la reforma en 2011 del artículo 135 de la Constitución, aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras un pacto entre PSOE y PP. Un cambio que introducía el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit, y que llegó en plena oleada de protestas y movilizaciones sociales al albur del 15M. Una reforma que Yolanda Díaz ha vuelto a sacar a relucir en su nuevo proyecto político.

“Por entonces, el único grupo que pidió un referéndum fue IU, y no tenía diputados suficientes”, resumen fuentes conocedoras, que admiten que, sin que llegue a tratarse de un acuerdo como tal, sí se ha trasladado a Moncloa esta posición “en petit comité”. Apuntan los morados que se trata de una renuncia condicionada a la existencia de consenso y “absolutamente excepcional” porque, a diferencia de la anterior reforma del 135, donde “sí existía un debate en la sociedad española y el referéndum tenía una lógica” ahora no sería el caso. “No es necesario gastarse una fortuna y dividir a la sociedad por un debate que no existe, sería generar artificialmente un debate donde hay unanimidad”. 

Además, los dos socios de Gobierno se comprometieron en este encuentro a “hacer gestiones” con el resto de grupos parlamentarios para tratar de que la reforma contara con los máximos apoyos posibles, con el objetivo de que “ni siquiera Vox votase en contra”. Los morados están así dispuestos a “sacar del marco partidista” este asunto, con la “voluntad de que se apruebe por unanimidad”. 

En un primer momento, Podemos reclamó incluir en esta reforma otro de los asuntos que más consenso genera entre los distintos partidos: la recuperación del derecho civil valenciano, una exigencia a la que también renunció para dar viabilidad al cambio del artículo 49. En un comunicado el jueves pasado, tras la reunión de Echenique con Bolaños, el partido se mostraba partidario de una “reforma integral” de la Constitución, pero aseguró estar “dispuesto a circunscribir la reforma a este único tema”. Nada dijo en cambio del referéndum, que a día de hoy también parece descartado. 

El riesgo de referéndum a día de hoy estaría en las formaciones nacionalistas. El PNV ha presentado una amplísima batería de enmiendas a la reforma constitucional, pero también se habría comprometido en privado a no solicitar un referéndum. Y su posición será crucial: sus 6 diputados, junto a los 5 de EH Bildu, los 13 de ERC, los 8 de Junts y PdeCat, los 2 de la CUP y el del BNG, suman exactamente 35 diputados, los necesarios para forzar la celebración de un referéndum, cuya sola posibilidad amenaza la reforma.