EL CASO BIDEN Y TRUMP, A LA ESPAÑOLA

Los archivos presidenciales en España, entre el poco control y la ilegalidad

La Asociación de Archiveros de la Función Pública denuncia el “expolio” sistemático que los expresidentes del Gobierno han hecho de unos documentos propiedad del Estado

En EEUU, Trump y ahora Biden están en el punto de mira por almacenar ilegalmente en sus casas documentos clasificados

Fernando Morán y Felipe González firman el tratado de adhesión a la UE, en presencia del Rey Juan Carlos I, que tiene a su lado al ovetense Sabino Fernández Campo.

Fernando Morán y Felipe González firman el tratado de adhesión a la UE, en presencia del Rey Juan Carlos I, que tiene a su lado al ovetense Sabino Fernández Campo. / ARCHIVO

Miriam Ruiz Castro

Miriam Ruiz Castro

En agosto de 2011, con la prima de riesgo disparada y los ‘brotes verdes’ secos, el entonces gobernador del Banco Central Europeo envió una carta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En el Congreso, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, le preguntó insistentemente por su contenido. “Yo entiendo que si usted no me responde a esa pregunta es que no nos han remitido ninguna carta. Quiero que me lo responda, señor presidente del Gobierno”, quedó registrado en el diario de sesiones. Su contenido era confidencial y Zapatero se negó a compartirlo. Un abogado extremeño, Isaac Albéniz, solicitó la carta varias veces al propio BCE, y la respuesta fue que era “máximo secreto”.

Dos años después, cuando el ya expresidente Zapatero publicó un libro de memorias, incluyó el contenido de aquella misiva en la que Jean Claude Trichet le exigía reformas económicas para frenar el déficit. Mientras, el organismo europeo seguía denegando a Albéniz el acceso: “En la decisión de no divulgar la carta también ha pesado el hecho de que fue publicada sin la autorización del BCE ni de las autoridades españolas”, le respondió. Hasta que en diciembre de 2014 acabó accediendo a hacerla pública.

Lo que ocurrió con esta carta es un buen ejemplo de la gestión que se hace en España de los archivos de los expresidentes. O mejor dicho, de los archivos generados por los presidentes del Gobierno en el ejercicio de su cargo y que son Patrimonio del Estado. Eso es, al menos, lo que dice la ley: la práctica dista mucho de lo que marcan las normas.

“Es un expolio, si no una destrucción, del patrimonio histórico. Y todos los presidentes del Gobierno lo han practicado con total impunidad”. Quien habla es el doctor en Historia y técnico de archivo Sergio Gálvez Biesca, que ha investigado la “anomalía democrática” de los documentos presidenciales en España entre 1978 y 2021.

“Tenemos constancia objetiva de que apenas ha llegado documentación al archivo central del Ministerio de la Presidencia y esa es la constatación de que se lo han llevado. Pregunté yo mismo por escrito en mi investigación al archivo”, insiste. Desde la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP), Henar Alonso explica que los compañeros en el Ministerio de la Presidencia le aseguran que tendrán “unas quince o veinte cajas de presidentes del Gobierno”. Y no parece una documentación muy numerosa en 45 años de democracia.

El caso de Felipe González

La Ley de Patrimonio Histórico señala que “forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios”.

Fue el propio Gobierno el que citó esta disposición normativa en una respuesta parlamentaria en 2019, en la que decía no tener constancia de que no hubiera control sobre la documentación presidencial al final de los mandatos.

“La documentación generada en el ejercicio del cargo de cualquiera de los presidentes salientes se transfiere al Archivo del Ministerio de la Presidencia y confía en el buen hacer de los archiveros responsables”, señalaba el Ejecutivo.

Aquella respuesta parlamentaria llegaba después de que la Fundación Felipe González hiciera públicos más de 50.000 documentos que se presentaban como “archivos personales” que el expresidente mostraba en un gesto casi heroico por la transparencia. Pero la pregunta que se hicieron los archiveros era otra: ¿cómo había llegado allí una documentación que debía obrar en poder del Estado?

“No es ningún ejemplo ni de transparencia ni de generosidad. Lo que tendrían que hacer es pedir disculpas y devolver al Estado esa documentación que expolió el expresidente González”, dice Gálvez, que insiste en que la Fundación “exhibe la documentación que consideran oportuna y sin criterios archivísticos, sino políticos, para mejorar su imagen pública”. “¿Nos imaginamos que un expresidente se hubiera llevado los cuadros de La Moncloa y luego los hubiera mostrado en una Fundación como suyos? Pues es lo mismo”, indica Alonso.

Son documentos valiosísimos para la gestión de lo público y la historia reciente del país, y sin embargo, los expresidentes los utilizan como si fueran archivos personales, dando acceso a capricho e ignorando en muchos casos lo que marca la legislación sobre su custodia. “Han actuado de mala fe y sabían que saldrían impunes. Y lo curioso es que la ley de Patrimonio la firmó el propio González”, recuerda Alonso.

Información clasificada

Parecía la escena de una película. Este miércoles, varios agentes del FBI entraron de nuevo en un domicilio de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para registrarlo. No es la primera vez que ocurre. En un registro anterior su búsqueda se alargó casi 13 horas, hasta que encontraron documentos marcados como clasificados de sus épocas como senador y como vicepresidente.

Meses antes, el mismo FBI registraba la mansión de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump y se llevaba una veintena de cajas repletas de carpetas con documentación clasificada e incluso de alto secreto. Ambos sucesos tendrán repercusiones políticas e incluso podría haberlas penales: los documentos oficiales de la Casa Blanca son propiedad federal, tienen que ser custodiados con medidas de seguridad y deben entregarse a los Archivos Nacionales cuando un presidente deja el cargo.

La ley de Secretos Oficiales española deja muy claro que la documentación clasificada no puede salir de determinadas dependencias, ni siquiera puede consultarse -no se puede ni tocar- sin autorización. Sin embargo, es poco probable que entre los archivos que se han llevado los expresidentes españoles no figure algún documento de este tipo. Lo cierto es que es difícil comprobarlo. No existen inventarios de los documentos clasificados que genera el Gobierno y ni siquiera es posible saber qué materias o asuntos son calificados como tal. No se puede echar en falta algo que ni siquiera se sabe que existe.

“Toda la documentación pública tiene que estar en archivos públicos, se pueda acceder o no a ella de manera legal”, dice Alonso, que defiende que “si no se manda a archivos públicos, nunca terminará por ser accesible” ni aunque decaiga su consideración como secreto.

El exministro de Defensa, José Bono, ha sido de los últimos en verse envuelto en un asunto de este tipo. Donó a Fundación Pablo Iglesias un archivo documental de su vida pública repleto de documentos oficiales: una nota que el jefe del CNI envió al ministro sobre los atentados del 11-M o investigaciones del Estado Mayor del Aire sobre el accidente del Yak-42. Y uno de los más llamativos: un informe redactado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el año 2006 recomendando la destitución de un teniente general que sugirió una intervención militar en Cataluña.

Cuando un ciudadano lo solicitó a través del Portal de Transparencia, Defensa alegó que dicho informe no se encuentra en su archivo. Ahora, el Consejo de Transparencia ha estimado la reclamación del ciudadano y tendrá que desvelarlo.

Alonso defiende que “la documentación no es un bien exclusivamente cultural, nos sirve a los ciudadanos para el ejercicio de nuestros derechos”. Sin embargo, en España el Archivo Central es una subdirección general dentro del Ministerio de Cultura. “Es un entorno cultural y patrimonial, y en el imaginario los archiveros manejamos legajos, muy ataditos y llenos de polvo”, dice Alonso, pero los registros son mucho más que eso. “En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de gestores documentales y los custodia una agencia federal, el nivel más alto de la Administración”.

Público o privado

Calvo Sotelo conservaba dos centenares de cajas perfectamente catalogadas en su domicilio de Somosaguas. Algunos de ellos están ahora en la Fundación Transición Española, después de que su amigo Charles Powell, entre otros, los rescataran del fondo familiar. El objetivo era “salvar la documentación que algunas familias tenían en casa y no podían conservar”. El problema es que hay quien los considera archivos personales.

“Cualquier documento generado en el ejercicio de la Presidencia es información oficial”, dice Antonio Malalana, historiador y documentalista. “Otra cosa es el material privado que tengan, no como presidentes, sino de manera personal”, insiste. Pero a veces no es fácil distinguir.

“Ocurre algo parecido con los regalos que reciben los presidentes, ¿son a título personal o por su cargo? Le pasaba a Felipe González con los bonsáis que le regalaban”, recuerda. El expresidente los ‘donó’ al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 1996, después de dejar la Presidencia.

En la presentación del archivo de González, el exministro José María Maravall señaló que había información “de los servicios de inteligencia” que “manifiesta de forma contundente la posición del PSOE de no participar en ningunas elecciones si no estaba legalizado el PCE”. También hay cartas que diversos dirigentes extranjeros enviaban al “presidente del Gobierno”. Es difícil entenderlas como documentos personales.

La Comisión Calificadora de los Documentos Administrativos es la encargada de determinar qué se almacena y cómo, y qué se destruye, siempre en base a unos criterios archivísticos y no otros. “Por eso hay un cuerpo de archiveros del Estado desde el siglo XIX”, como defiende la portavoz de la AEFP. Todo este ciclo documental parece del todo incompatible con las imágenes de las trituradoras de papel puestas a funcionar antes de un cambio de Gobierno, o la de presidentes abandonando sus despachos tras ser ‘despedidos’ con cientos de documentos en cajas de cartón.

“Quien tiene que actuar, ¿por qué no lo hace? Es a ellos a quien hay que hacerles esta pregunta”, insiste Gálvez, que recuerda que el propio ministro de Cultura avaló con su presencia en la presentación del archivo de Felipe González lo que los archiveros consideran un expolio de documentos públicos y oficiales.