RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

El TC deja fuera de su debate sobre el aborto el permiso paterno para las menores, clave en la nueva ley

El órgano declarará la pérdida de objeto de las alegaciones presentadas por el PP sobre este asunto

Rajoy recuperó en 2015 la exigencia de consentimiento para las jóvenes de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo, un permiso que Igualdad propone suprimir en la nueva ley que será aprobada a finales de febrero

Sólo 3 comunidades practican más abortos en la sanidad pública que en privada

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Cristina Gallardo

La deliberación del recurso contra la vigente ley del aborto que tendrá lugar a partir del próximo martes en el Pleno del Tribunal Constitucional -- casi 13 años después de la presentación de la impugnación por parte del PP-- no incluirá la cuestión del consentimiento de los padres para las jóvenes de 16 y 17 años que quieren someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.

Pese a que este aspecto de la ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también fue recurrido, el tribunal de garantías eludirá su debate al considerar que, como la no exigencia de este permiso fue derogada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, se debe declarar la pérdida sobrevenida de objeto. Así lo confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del tribunal de garantías, que agregan que carece de sentido un pronunciamiento referente a esta cuestión porque la no exigencia de permiso paterno fue desterrada del ordenamiento jurídico vigente por el propio legislador.

Los magistrados son conscientes de que, en todo caso, es probable que el asunto acabe de nuevo sobre la mesa del tribunal si se tiene en cuenta el proyecto de nueva ley del aborto que impulsa el Ministerio de Igualdad, que actualmente cumplimenta las últimas fases del trámite parlamentario y se espera su aprobación para finales de febrero.

El proyecto busca modificar la ley vigente para permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno -precisamente el extremo que se modificó de la norma original tras la llegada al poder del PP de Mariano Rajoy-, y es más que probable que desde espectro político de la derecha este aspecto vuelva a ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad.

PRECISIONES DEL CGPJ Y FISCALES

En los últimos meses se han conocido los dictámenes sobre la reforma por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que ponen algunos reparos a las pretensiones de Igualdad. Por parte del órgano de gobierno de los jueces se cuestiona la eliminación del consentimiento paterno por afectar a las "funciones inherentes a la patria potestad" de los progenitores, mientras que el Consejo Fiscal no ve con buenos ojos que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin recibir el sobre de información y sin tener que pasar por los tres días de reflexión, unas medidas vigentes en la actualidad, pero que desaparecerán con la reforma.

En cuanto a la ponencia que se someterá a debate el próximo día 7 de febrero, su contenido ya ha sido adelantado por varios medios de comunicación tras producirse el reparto del texto entre los magistrados. El magistrado Enrique Arnaldo, perteneciente a la minoría conservadora, valida en su propuesta el aspecto principal de la ley vigente, una norma que nos igualó a los países de nuestro entorno al sustituir el sistema de supuestos de 1985 por el de plazos y permitir la interrupción del embarazo dentro de las 14 primeras de gestación.

No ocurre lo mismo con otro punto de la norma que también fue recurrido por el PP, relativo a la entrega de un sobre cerrado a la gestante que pretende abortar conteniendo información que se considera relevante para su toma de decisión. A juicio del ponente, esta circunstancia no garantiza la prestación del consentimiento informado porque no permite asegurar que la mujer haya leído los documentos, y ello afecta a la protección de los derechos fundamentales en conflicto. En todo caso, es probable que la mayoría progresista del órgano ahora presidido por Cándido Conde-Pumpido no avale la postura del ponente.

TERCERA PONENCIA

La de Arnaldo es la tercera ponencia que se elabora sobre el aborto dentro del tribunal de garantías, y trabaja en ella desde noviembre de 2021, cuando le fue turnada bajo la presidencia de Pedro González-Trevijano, quien pese a manifestar su interés en llevar este asunto a debate al Pleno, nunca lo hizo.

La primera ponente de este asunto, tras su admisión a trámite en 2010, fue la magistrada Elisa Pérez Vera, partidaria de avalar los plazos, si bien Arnaldo recibió la 'herencia' de este recurso después de que su ponencia fuera responsabilidad del también conservador Andrés Ollero durante los 9 años en los que permaneció como magistrado en el tribunal, hasta noviembre de 2021.

Su propuesta nunca llegó a ser llevada al Pleno ante la más que probable posibilidad de que no prosperara. En el documento, según ha reconocido en varias comparecencias públicas, Ollero suscribía la doctrina que estableció el propio TC en 1985 al señalar que, en caso de un conflicto entre los derechos de la mujer y los del no nacido, no cabe optar por ninguno de los dos, sino ponderar cada caso. "Pero los plazos no ponderan nada, se dice que se puede hacer durante unas semanas, sin dar explicaciones -explicó en una entrevista con este diario-. Hay que cambiar la doctrina del tribunal para admitir los plazos y yo consideraba que no son constitucionales. Pero no tuve una mayoría que apoyara ese planteamiento", admitió. Tras las últimas renovaciones, la mayoría del órgano previsiblemente validará la ley vigente.