El Supremo esperará al desenlace de la sedición para reactivar la euroorden contra Lluís Puig

El instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, esperará a reactivar la euroorden contra el 'exconseller' de Agricultura Lluís Puig, por su responsabilidad en el 'procés', a que el alto tribunal llegue a una conclusión sobre qué delitos constituye la conducta de los líderes independentistas en el otoño de 2017, tras la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, señalaron fuentes jurídicas a El Periódico.

En su auto del pasado 12 de enero, Llarena redujo la actuación que antes se castigaba con sedición a una mera desobediencia, pero tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado han recurrido su decisión al considerar que restringe su capacidad para acusar, ya que también sería encuadrable en el nuevo delito de desórdenes agravados. El magistrado no solicitará de nuevo la entrega de Puig hasta que el Supremo fije el criterio definitivo de actuación para determinar el delito por el que se le reclama.

De los huidos, Puig es el único que no es europarlamentario, por lo que el juez Llarena puede volver a cursar una euroorden en su contra en cuanto el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocido este martes sea notificado oficialmente al tribunal español y se le dé una lectura sosegada y detenida, porque la futura petición tendrá que ajustarse a todos los aspectos técnicos que incluya el fallo.

Tanto el expresidente catalán Carles Puigdemont como Clara Ponsatí y Toni Comín son europarlamentarios y no puede emitirse una nueva euroorden mientras se mantenga cautelarmente la inmunidad que les retiró la Cámara, en virtud del suplicatorio cursado por el propio Llarena. En su caso hay que esperar, al menos, a que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre las demandas que el propio Puigdemont presentó contra el Parlamento Europeo en relación con su inmunidad, sentencia que se espera para el próximo mes de marzo.

Bélgica, argumentos distintos

Las fuentes del alto tribunal consultadas por este diario son positivas respecto a la resolución conocida este martes, porque consideran que ha dado la razón a Llarena en todas las cuestiones que elevó, al declarar que un país no puede rechazar la entrega de un reclamado alegando que el tribunal que lo reclama no es el competente para juzgarle, salvo en caso de vulneración sistémica de los derechos fundamentales en el país que solicita la entrega, lo que no ocurre en España.

Ni siquiera consideran que la referencia a "un grupo objetivamente identificable", al que se han agarrado las defensas para asegurar que la sentencia les es favorable, tenga trascendencia a la hora de denegar de nuevo una entrega a España. Sostienen que aunque se pueda enmarcar en ese grupo al independentismo catalán, eso no significa que Bélgica lo pueda utilizar para rechazar la petición española.

En este sentido explican que la sentencia declara que "solo puede denegarse" una entrega "si hay un déficit generalizado de todo el sistema judicial, bien frente a todos los ciudadanos, bien frente a un grupo, como el independentismo catalán o el que sea", pero en cualquier caso identificando las deficiencias sistémicas que se han producido frente a él, lo que es difícil de mantener en el 'procés'.

Añaden que la sentencia del TJUE no dice que en España hay vulneraciones sistémicas y podría haberlo hecho. La razón es que eso solo lo sostienen los independentistas. No obstante, se muestran cautas respecto al éxito de una nueva euroorden y no descartan que Bélgica vuelva a denegarla, pese a que la sentencia del TJUE "ha puesto frente al espejo" a las autoridades judiciales de aquel país. Aunque queda mucho tiempo por delante, de ser así, el magistrado no descarta plantear una nueva cuestión prejudicial a la justicia europea.