PARA ELIMINAR EL TÉRMINO "DISMINUIDO"

El PP exige al Gobierno que no acepte ninguna petición de sus socios en la reforma constitucional

  • Acercamiento entre los dos grandes partidos tras meses de ruptura

  • El PP exige garantías por escrito al Gobierno de que la reforma para eliminar el término "disminuidos" no se convertirá "en un circo" y que ninguna enmienda de sus socios prosperará

Reunión entre el Gobierno y PP para la reforma constitucional en el Congreso.

Reunión entre el Gobierno y PP para la reforma constitucional en el Congreso. / EDUARDO PARRA.

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Después de que todos los puentes entre el Gobierno y el principal partido de la oposición parecían rotos por el naufragio de sus negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrecieron el primer acercamiento sustancial en meses. Los dos están de acuerdo en reformar el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Una reclamación de las principales asociaciones que pretenden atender de una vez por todas. Hay un principio de acuerdo, pero el PP necesita garantías para seguir adelante.

Gamarra le trasladó a su interlocutor ese mensaje con total claridad. Primero, la necesidad de adecuar el texto final de cómo quedará el artículo 49 a lo que dijo el Consejo de Estado, mejorando la redacción que salió del Consejo de Ministros en mayo de 2021. PP y PSOE estuvieron de acuerdo en que el pacto será entre los dos grandes partidos y el resto de grupos parlamentarios se adherirá. “Pero ese será el texto. No cabe nada más”, zanjan fuentes populares.

Según explican las mismas fuentes a este diario, el principal temor del PP es que abrir el melón constitucional implique “un circo” de peticiones y enmiendas. De hecho, los socios del Ejecutivo tienen registradas unas cuantas. El PNV, por ejemplo, pide una disposición adicional que incluya el “derecho a decidir” de Euskadi en un “ejercicio pactado con el Estado”, eliminar la atribución a las Fuerzas Armadas de la función de garantizar el ordenamiento constitucional y la integridad territorial de España e incluso eliminar el artículo 155. También hay otra enmienda de Compromís sobre  el Derecho Civil valenciano que implica tocar la disposición adicional segunda de la Constitución.

En ese sentido, el PP quiere “garantías claras” del Gobierno de que mantendrá a raya a sus socios en esta reforma y que ninguna de esas enmiendas saldrá adelante. El verdadero objetivo de los populares sería sacar adelante un texto limpio y conciso sobre el artículo 49 sin nada más. Pero esas enmiendas ya están registradas. Como mínimo, explican fuentes populares, tener la convicción de que ninguna de esas peticiones serán atendidas. El PP querría que los grupos las retiraran.

En realidad, el PP considera que debe ser coherente con una de sus principales críticas a la labor legislativa del Gobierno: la idea de que en cada decreto o ley que se impulsa acaban yendo asuntos que nada tienen que ver con el objeto original de la norma, pero que sirve para cumplir con exigencias de los distintos grupos. “No podemos entrar en ese juego. La reforma constitucional se tiene que ceñir exclusivamente a este tema. Y nos lo tienen que garantizar”.

Esa es la duda ahora. Bolaños no está muy convencido de que sea posible cumplir con las garantías que exige el PP. Los conservadores, sin embargo, creen que hay distintas fórmulas, incluidas por escrito, que implicaría dejar fuera todo lo demás. La pretensión es pactar un texto con el PSOE, firmado por ambos y que no pudiera sufrir ninguna modificación. Y que el resto de grupos se pronuncie sobre ello.

El fantasma del referéndum también ha sobrevolado la tensión del acuerdo. El PP llevaba días trasladando un mensaje de pesimismo por la posibilidad de que Unidas Podemos y el resto de grupos que apoyan al Ejecutivo pudieran plantear un referéndum tras la reforma. El artículo 167 de la Constitución dice que tras acometerse una reforma de la Carta Magna, ésta podrá someterse a referéndum para su ratificación cuando así solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (Congreso y Senado) dentro de los quince días siguientes a su aprobación.

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Los populares rechazaban la idea de que el socio minoritario o la suma de grupos más pequeños de la izquierda pudieran impulsar ese referéndum en un contexto político como el actual. Bolaños dejó claro en la reunión que el Gobierno respalda la reforma en los términos que plantea el PP y que tampoco ven necesaria la consulta. Precisamente anunció que abriría las conversaciones al resto de grupos para buscar consenso y tener esas garantías. Esas conversaciones, en todo caso, son insuficientes para el PP, que sigue mostrando recelos.

De hecho, el grupo popular reconoce que aún habrá que esperar unas semanas para ver si realmente hay o no acuerdo. Alberto Núñez Feijóo ya llevó la reforma del artículo 49 a su primera reunión como líder nacional con Pedro Sánchez en Moncloa el pasado abril. En junio hizo una propuesta formal tras reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), principales impulsores de la reforma. Pero los meses pasaron y no hubo avances entre las dos fuerzas, hasta esta misma semana.