VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
El Parlamento Europeo plantea recomendar a España que aclare su espionaje con Pegasus
El comité que investiga el caso denuncia "infracciones" en el uso que Madrid hizo del programa espía e insta al Gobierno a "resolver urgentemente la crisis del sistema judicial" español
La comisión del Parlamento Europeo sobre el espionaje con Pegasus plantea recomendar a España que "aclare totalmente todos los supuestos casos" del uso de este software en el país y que asegure que todas las víctimas tienen acceso a "recursos legales", según el borrador.
El texto, que aún puede ser modificado por enmiendas en las próximas semanas y fue redactado por la liberal neerlandesa Sophie in 't Veld, concluye que España fue uno de los países, junto a Hungría, Grecia o Polonia, en los que "se han producido infracciones o mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el uso y el comercio de programas espía".
El informe señala que el marco regulatorio español sobre espionaje "parece estar en línea con los requisitos" de los tratados y la jurisprudencia, pero advierte de que su implementación en la práctica "suscita preguntas", ya que sus objetivos han sido eurodiputados, abogados, políticos o activistas "cuando no había cargos criminales ni "amenazas inminentes y evidentes contra la seguridad nacional".
"Crisis del sistema judicial"
La recomendación específica a España incide en que debe aportar "total claridad en todos los supuestos casos del uso de software de espionaje" y asegurar que todas las víctimas tienen acceso "significativo y real" a recursos legales, así como que todas las investigaciones judiciales "se concluyan sin retrasos". El texto pide también a España que "resuelva urgentemente la actual crisis en el sistema judicial".
Las revelaciones, incide la eurodiputada encargada del texto, apuntan a "dos categorías" de víctimas en España; por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, quienes "se cree que fueron espiados por Marruecos", y por otro lado "en torno a 65 víctimas" afectadas por "el llamado 'Catalangate'".
Este segundo caso, apunta, incluyó a diputados, abogados y actores de la sociedad civil en Cataluña; España admitió haber espiado a 18 de los 65 nombres publicados con autorización judicial pero "han evitado dar más información invocando motivos de seguridad nacional".
Durante la presentación del proyecto de recomendaciones este martes ante los miembros de la comisión parlamentaria, In 't Veld criticó que los gobiernos europeos han rechazado aportar información a la Eurocámara e ignorado las llamadas a colaborar para la elaboración del informe.
"Necesitamos reglas que gobiernen el uso de software de espionaje en la Unión Europea", incidió la neerlandesa, que pidió también una moratoria parcial en el uso de este tipo de programas mientras se elabora un marco legal nuevo.
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