El Gobierno ejecuta el recorte del trasvase a cambio de agua desalada más barata

Llegó el día y dejó un sabor agridulce, porque el Gobierno ejecuta el recorte del trasvase Tajo-Segura, pero 'in extremis' abre una rendija a la esperanza con unas cláusulas que permiten revisar y suavizar la reducción de aportes y con un compromiso para que haya agua desalada a precio razonable, aunque todo con un lenguaje poco claro, con demasiadas ambigüedades.  

El Consejo de Ministros aprobó este martes definitivamente el real decreto que regula los planes de cuenca. Entre ellos, el del Tajo, con su afección al trasvase al Segura. Sin embargo, el plan sufrió modificaciones de última hora con la incorporación de dos disposiciones adicionales después de las críticas emitidas por el Consejo de Estado el pasado jueves y la queja del Consell, que mantuvo hasta última hora un canal de diálogo con el ministerio.

La base del proyecto continúa igual. Habrá caudal ecológico para el Tajo, es decir, un mínimo de agua que ha de pasar por el río en un punto determinado -Aranjuez-, lo que supondrá en la práctica un recorte al trasvase. Sin embargo, en el documento presentado por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se añadieron dos disposiciones adicionales que abren la puerta a su revisión en 18 meses. 

Es el punto sobre el que hay una "moderada satisfacción" en el Consell. Supone, explican fuentes del Ejecutivo autonómico, avanzar en la dirección correcta. Al menos, el ministerio ha movido ficha y ha salido del inmovilismo, resumen en el entorno del jefe del Consell, Ximo Puig. Pero la precaución es máxima. Y más después de la comparecencia de Ribera. Se quiere esperar a estudiar el contenido al detalle y no se descartan otras vías, incluso legales, en especial cuando se pase a los hechos. Porque, a pesar de las cláusulas de revisión, Ribera insistió en que se mantendrán los caudales ecológicos fijados ahora. 

Así que sí, hay una rendija que hasta el lunes parecía no existir, pero persisten dudas también de la aplicación de estas cláusulas. El caudal queda marcado, de momento, con un aumento progresivo en su paso por Aranjuez de seis a siete metros cúbicos por segundo en 2023, a ocho en 2026 y a 8,65 en 2027. 

Su reverso implica un descenso en las expectativas de agua trasvasada, según indicó Ribera, de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos anuales, cifras que bailarían según la situación hídrica. Sin embargo, este aumento del caudal podría sufrir modificaciones a partir de las revisiones y de lo que decida la comisión bilateral que se crea. 

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Una de las disposiciones adicionales, y que responde a la crítica del Consejo de Estado, es que en 18 meses el ministerio debe elaborar una orden que se fijarán los "criterios técnicos" que determinen los caudales ecológicos. En la práctica, se deberá elaborar un nuevo plan hidrológico dentro de año y medio.  

La otra incorporación está en un programa de seguimiento, en el que se tendrá en cuenta "el objetivo de satisfacer adecuadamente las necesidades de la cuenca del Segura". La ministra defendió que el caudal ecológico no supondrá "ningún riesgo" para las cuencas y reconoció las demandas hechas por Puig. El escenario está marcado por el impulso de "nuevas aportaciones hídricas" -cifró hasta 140 hm3- y entre estas, destacó el agua desalada . Para ello, anunció que se «gestionará» su precio, de 34 euros el hectómetro cúbico, un coste razonable que dependerá de subvenciones.