Feijóo se compromete a limitar el número de ministros y el uso del real decreto ley si gobierna

El plan de calidad institucional que el PP hizo público este lunes con una escenografía revestida de solemnidad y muy preparada (en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, cuna de la Constitución liberal de 1812) es también parte del programa electoral con el que Alberto Núñez Feijóo irá a las próximas generales, las primeras con él de candidato. En el documento, los populares expresan su voluntad de que Pedro Sánchez comience a implementar alguna de las 60 medidas. Pero dejan claro que si no lo hace y Feijóo llega a la Moncloa, las habrá ejecutado todas antes de que cumpla 100 días como presidente. (Puede leer el plan entero aquí).

El compromiso está firmado por el dirigente popular y además de enmendar la plana a muchas de las decisiones de Sánchez en esta legislatura, también recoge novedades en el ámbito de las instituciones y del ejercicio gubernamental. Por ejemplo, propone establecer por ley pautas para la configuración de los ejecutivos: deberán responder a “un número razonable y proporcionado de ministerios y altos cargos”, así como de criterios “de moderación” para el nombramiento de los asesores y los gabinetes.

Otra de las medidas se refiere a que con carácter general se evite la celebración de actos de partido en los viajes institucionales financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos como son los vehículos de desplazamiento. Para ese control, el plan del PP propone un registro sobre el uso que se le dé al Airbus A310, al Falcon y al helicóptero Súper Puma por cada miembro del Ejecutivo. 

Otra propuesta novedosa se refiere a la relación que deben mantener el presidente y el líder de la oposición. La apuesta es un “régimen de información institucionalizado y frecuente” entre ambos en el que al menos una vez cada periodo de sesiones el jefe del Gobierno deberá informar sobre: cumbres internacionales, decisiones relevantes en Política Exterior y Defensa, el Pacto Antiterrorista y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

EL PODER LEGISLATIVO

Aunque al plan le falta concreción, las medidas relativas al poder legislativo resultan ambiciosas. Feijóo propone limitar el uso del real decreto ley: deberá concretarse la extraordinaria y urgente necesidad que lo motiva y no podrá incorporar medidas que no entren en vigor de forma inmediata. Las críticas al Gobierno de Sánchez por el abuso de esta herramienta (es el presidente que más ha firmado desde que llegó a Moncloa, 132 hasta noviembre) han sido constantes, pero la realidad es que todos los ejecutivos lo han utilizado para asuntos que no se corresponden con la figura. Aunque en menor número, Rajoy firmó 107 en seis años y medio; Felipe González, 129; y José María Aznar, 127.

El PP también quiere implementar mecanismos que impidan el bloqueo que sufren los reales decretos leyes para tramitarse como proyectos de ley (una promesa que a menudo hace el Gobierno y luego no cumple) y aprobar una periodicidad específica para el Debate sobre el Estado de la Nación (será anual), que no dependerá de la voluntad del Gobierno. El DEN del pasado verano tuvo lugar tras siete años.

En lo que respecta a la actividad legislativa en el Congreso, el plan también se refiere a la obligatoriedad de que el Gobierno informe de manera “periódica, pública y con la máxima transparencia” sobre su cumplimiento de mandatos emanados de la mayoría parlamentaria, como mociones y Proposiciones No de Ley. Dos iniciativas parlamentarias que en este momento sufren un menoscabo evidente. Solo hay que ver los poquísimos diputados que a menudo acuden a sus debates. 

INFORMES TÉCNICOS y ORGANISMOS PÚBLICOS

Después de meses en los que se han acumulado las críticas hacia la calidad jurídica de las leyes elaboradas por el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos (incluso ministros del PSOE han hecho públicas esos reproches), el PP creará (según dice en su plan) una oficina de calidad legislativa, cuya función implicará asegurar la calidad de todas las normas en cada fase de tramitación. Recupera también la vieja reivindicación de regular los lobbies y publicar junto a cada proyecto o proposición de ley todos aquellos actores que participaron o influyeron en el proceso. 

Otra de las medidas más relevantes tiene que ver con la necesidad de que haya informes técnicos también para el caso de las proposiciones de ley, y no solo en los proyectos que salen del Consejo de Ministros. Se trata de evitar el atajo que a menudo han encontrado los partidos del Gobierno, impulsando acciones gubernamentales a través de sus grupos parlamentarios y evitar así los informes de los órganos consultivos. Lo que dice el PP es que también las proposiciones de ley del Congreso tengan que contar con la opinión del CGPJ, el Consejo Fiscal y otros organismos.

Feijóo apuesta por potenciar el papel del Consejo de Estado como máximo órgano consultivo y que se garantice su intervención asesora en los trámites legislativos con una prescripción legal más clara de los casos de consulta antes de que se presenten los proyectos de ley del Gobierno. 

Sobre los nombramientos en organismos públicos, el plan popular recoge una reforma de la ley 3/2015 que regula el ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado para que queden reforzados los criterios de acceso a los puestos principales. El PP ha sido muy duro con lo que considera la “colonización de las instituciones” por parte del Gobierno (CIS, INE, CNI, entre otras) y entiende que las instituciones vinculadas a la defensa nacional o que tienen alta capacidad de influencia en la sociedad “merecen una regulación adicional para reforzar su independencia”. 

EL PAPEL DEL SENADO

El papel que juega el Senado también es objeto de debate muy a menudo, y especialmente cuando se acerca un periodo electoral. Feijóo se muestra firme defensor en este plan de dotar de mayores competencias a la Cámara Alta para que “determinadas decisiones de carácter territorial” tengan un procedimiento específico de deliberación y aprobación por parte del Senado, siendo la financiación autonómica la principal. 

Además, el plan pide “analizar” nuevas atribuciones que permitan fiscalizar “de una manera ágil, operativa y eficaz” la distribución de fondos públicos para competencias de carácter autonómico, provincial y local. Se haría con una ley de indicadores de gestión que midan en términos homogéneos para todas las CCAA y ayuntamientos la eficacia y eficiencia de los fondos públicos para esas políticas públicas.

QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA

Como adelantó este diario, el plan incluye una reforma de la ley electoral para insistir en la propuesta de que gobierne la lista más votada a partir del próximo mes de mayo. Y aunque se refiere a un cambio legal en el artículo 180 relativo exclusivamente a los ayuntamientos, en Génova reiteran que el pacto que el PP ofrece al PSOE se extiende a todos los territorios: también autonomías y el ámbito nacional. Lo que ocurre en las comunidades autónomas es que se tendría que producir una modificación legal en sus respectivas leyes autonómicas electorales o estatutos.

Pero, en todo caso, el PP reitera que su propuesta parte de un “pacto político” por encima del legislativo y que si los socialistas aceptaran, habría acuerdo. Eso sí, basado en el principio de reciprocidad.